Tengo un amigo empresario —tocayo él y paisano, de apellido Uribe para más señas— al que veo poco porque viaja mucho, y cuando nos vemos le dedicamos horas a “arreglar” los problemas del país, con visiones de algún modo afines. Él nació en una familia conservadora pero hoy es dueño de ideas liberales, como el suscrito, y entre lo conservador de su talante brilla con luz propia que es honrado a más no poder.
Hablando de honradez, en días recientes me contaba de un importante negocio que estaba a punto de cerrar en una ciudad capital, a donde había sido llamado por un alto funcionario de la administración para finiquitar los términos del contrato, y mi amigo presentía que este habría de pedirle alguna comisión antes de estampar la rúbrica. No era la primera vez que le pasaba, por cierto, y en tal medida tenía la respuesta que para esos casos acostumbra dar: “Muchas gracias, pero frente a ese tema somos culturalmente diferentes”.
El aspecto cultural, me explicaba, es que en esos círculos se asume casi como una cultura ese tipo de transacciones por debajo de cuerda, y por eso el modo de zanjar cualquier insinuación en torno a una eventual “tajada” consistía en hacerle ver a su interlocutor que practicaba otras costumbres.
Hasta ese punto se ha llegado, al de asumir la trampa o el entuerto como algo inherente a nuestra sociedad, y una manifestación patética de dicha “cultura” se aprecia en cómo atornillaron contra viento y marea a la abogada Claudia Sofía Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Al “presidente” Duque ya le había estallado en las manos su nombramiento como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras conocerse unos trinos suyos cargados de odio contra las personas que debía proteger.
En esta ocasión Semana.com le descubrió una falsedad en la hoja de vida que Ortiz presentó para aspirar al cargo (ver denuncia): ahí señaló entre su experiencia laboral ser socia de la empresa Consultores Asociados-Abogados & Asociados SAS desde junio de 2005 hasta la fecha, siendo que dicha firma —con domicilio en Otanche (Boyacá)— fue constituida en la Cámara de Comercio de Tunja el 15 de enero de 2016.
Esa sola inconsistencia daría para que fuera descalificada ipso facto, porque cayó de modo flagrante en una mentira, que a su vez es falsedad en documento público. Pero no le pasa nada porque este Gobierno está sumergido hasta los tuétanos en la cultura de la trampa o el esguince, mientras pregona de labios para afuera —el presidente, no su patrón— que “el que la hace la paga”.
Un caso aún más protuberante que el de Ortiz es el del minhacienda, Alberto Carrasquilla, también atornillado a su cargo bajo orden expresa de Uribe y obedecida por su subalterno el presidente de la República. Se dirá que es llover sobre mojado si no fuera porque hay un hecho novedoso, sobreviniente, que flota en el piélago de la permisividad a la que se refería mi amigo el empresario honrado, y deja ver el témpano de ilegalidad que se esconde bajo el iceberg de los bonos agua.
La novedad la exhibe José Roberto Acosta en columna para El Espectador, titulada “Las mentiras de Carrasquilla”, donde denuncia que Carrasquilla “no recibió $8.000 millones por cuenta de su participación (en dichos documentos) sino $22.658 millones (…) tal y como consta en la contabilidad de la fiduciaria encargada del negocio”; y enseguida explica que “se tienen cartas firmadas por varios alcaldes que confirman la labor comercial que adelantó Carrasquilla ante los municipios afectados con esos perjudiciales créditos”. Allí se revela además —segunda novedad— de qué modo aparece involucrado el exministro en el traspaso de Cafesalud a Medimás. (Ver columna).
Un tercer caso ligado a esa permisividad “oficial” se presenta con la senadora María Fernanda Cabal: a dos de sus colaboradores en la campaña de marzo pasado, ambos funcionarios de la Secretaría de Integración Social del Distrito, John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, un juez los envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, acusados de constreñimiento y corrupción al sufragante; pero milagrosamente la Cabal no se enteró de nada, o sea que esos tipos habrían decidido encochinarse por su cuenta y riesgo. (Ver noticia).
A la señora Cabal le fue mejor que a Aída Merlano, política barranquillera consentida de Roberto Gerlein, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por hacer lo mismo que la otra, comprar votos para hacerse elegir senadora, con una diferencia notoria: la Cabal es de los afectos del “presidente Uribe”, quien ya está en condiciones —de nuevo— de impedir que le toquen a su gente.
Hoy medio país tolera, aplaude e incluso promueve esa cultura “traqueta” del que abusa de la norma o la atropella porque es el que tiene la sartén (y la cachiporra) por el mango, mientras otro medio país se opone con los medios a su alcance, en este caso legales. Es la gente que solo puede expresar su escandalizado asombro ante el despiporre general de la corrupción y la molicie, y para sus adentros solo puede exclamar “somos culturalmente diferentes”, mientras espera sin mucha ilusión que un día reine la decencia en Colombia.
DE REMATE: Aquí entre nos, ¿qué hizo el bachiller Ernesto Macías para merecer la Cruz de Boyacá, máxima condecoración creada por el libertador Simón Bolívar para “honrar a los vencedores de gestas heroicas”? Fácil: ganarse la gratitud del “presidente Uribe” por su venenoso discurso contra el gobierno de Juan Manuel Santos el día de la posesión de su subalterno, Iván Duque.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.
Tengo un amigo empresario —tocayo él y paisano, de apellido Uribe para más señas— al que veo poco porque viaja mucho, y cuando nos vemos le dedicamos horas a “arreglar” los problemas del país, con visiones de algún modo afines. Él nació en una familia conservadora pero hoy es dueño de ideas liberales, como el suscrito, y entre lo conservador de su talante brilla con luz propia que es honrado a más no poder.
Hablando de honradez, en días recientes me contaba de un importante negocio que estaba a punto de cerrar en una ciudad capital, a donde había sido llamado por un alto funcionario de la administración para finiquitar los términos del contrato, y mi amigo presentía que este habría de pedirle alguna comisión antes de estampar la rúbrica. No era la primera vez que le pasaba, por cierto, y en tal medida tenía la respuesta que para esos casos acostumbra dar: “Muchas gracias, pero frente a ese tema somos culturalmente diferentes”.
El aspecto cultural, me explicaba, es que en esos círculos se asume casi como una cultura ese tipo de transacciones por debajo de cuerda, y por eso el modo de zanjar cualquier insinuación en torno a una eventual “tajada” consistía en hacerle ver a su interlocutor que practicaba otras costumbres.
Hasta ese punto se ha llegado, al de asumir la trampa o el entuerto como algo inherente a nuestra sociedad, y una manifestación patética de dicha “cultura” se aprecia en cómo atornillaron contra viento y marea a la abogada Claudia Sofía Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Al “presidente” Duque ya le había estallado en las manos su nombramiento como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras conocerse unos trinos suyos cargados de odio contra las personas que debía proteger.
En esta ocasión Semana.com le descubrió una falsedad en la hoja de vida que Ortiz presentó para aspirar al cargo (ver denuncia): ahí señaló entre su experiencia laboral ser socia de la empresa Consultores Asociados-Abogados & Asociados SAS desde junio de 2005 hasta la fecha, siendo que dicha firma —con domicilio en Otanche (Boyacá)— fue constituida en la Cámara de Comercio de Tunja el 15 de enero de 2016.
Esa sola inconsistencia daría para que fuera descalificada ipso facto, porque cayó de modo flagrante en una mentira, que a su vez es falsedad en documento público. Pero no le pasa nada porque este Gobierno está sumergido hasta los tuétanos en la cultura de la trampa o el esguince, mientras pregona de labios para afuera —el presidente, no su patrón— que “el que la hace la paga”.
Un caso aún más protuberante que el de Ortiz es el del minhacienda, Alberto Carrasquilla, también atornillado a su cargo bajo orden expresa de Uribe y obedecida por su subalterno el presidente de la República. Se dirá que es llover sobre mojado si no fuera porque hay un hecho novedoso, sobreviniente, que flota en el piélago de la permisividad a la que se refería mi amigo el empresario honrado, y deja ver el témpano de ilegalidad que se esconde bajo el iceberg de los bonos agua.
La novedad la exhibe José Roberto Acosta en columna para El Espectador, titulada “Las mentiras de Carrasquilla”, donde denuncia que Carrasquilla “no recibió $8.000 millones por cuenta de su participación (en dichos documentos) sino $22.658 millones (…) tal y como consta en la contabilidad de la fiduciaria encargada del negocio”; y enseguida explica que “se tienen cartas firmadas por varios alcaldes que confirman la labor comercial que adelantó Carrasquilla ante los municipios afectados con esos perjudiciales créditos”. Allí se revela además —segunda novedad— de qué modo aparece involucrado el exministro en el traspaso de Cafesalud a Medimás. (Ver columna).
Un tercer caso ligado a esa permisividad “oficial” se presenta con la senadora María Fernanda Cabal: a dos de sus colaboradores en la campaña de marzo pasado, ambos funcionarios de la Secretaría de Integración Social del Distrito, John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, un juez los envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, acusados de constreñimiento y corrupción al sufragante; pero milagrosamente la Cabal no se enteró de nada, o sea que esos tipos habrían decidido encochinarse por su cuenta y riesgo. (Ver noticia).
A la señora Cabal le fue mejor que a Aída Merlano, política barranquillera consentida de Roberto Gerlein, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por hacer lo mismo que la otra, comprar votos para hacerse elegir senadora, con una diferencia notoria: la Cabal es de los afectos del “presidente Uribe”, quien ya está en condiciones —de nuevo— de impedir que le toquen a su gente.
Hoy medio país tolera, aplaude e incluso promueve esa cultura “traqueta” del que abusa de la norma o la atropella porque es el que tiene la sartén (y la cachiporra) por el mango, mientras otro medio país se opone con los medios a su alcance, en este caso legales. Es la gente que solo puede expresar su escandalizado asombro ante el despiporre general de la corrupción y la molicie, y para sus adentros solo puede exclamar “somos culturalmente diferentes”, mientras espera sin mucha ilusión que un día reine la decencia en Colombia.
DE REMATE: Aquí entre nos, ¿qué hizo el bachiller Ernesto Macías para merecer la Cruz de Boyacá, máxima condecoración creada por el libertador Simón Bolívar para “honrar a los vencedores de gestas heroicas”? Fácil: ganarse la gratitud del “presidente Uribe” por su venenoso discurso contra el gobierno de Juan Manuel Santos el día de la posesión de su subalterno, Iván Duque.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.