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Uno de los grandes temores que muchos manifestaron con la llegada de un gobierno de izquierda a Colombia era el de que el país avanzara hacia un régimen autoritario, tipo Venezuela o Nicaragua -nunca se habla de El Salvador.
Lo hechos han demostrado que esto no ha sucedido ni sucederá, no solo por la fortaleza de las instituciones colombianas, sino porque el presidente Petro ha demostrado vocación de respeto por las reglas institucionales, más allá de su retórica y de la incomodidad que le han producido ciertas decisiones en el Congreso, las Cortes y el riguroso escrutinio de los medios de comunicación.
Este es el primer aprendizaje para la democracia colombiana, que la alternancia política no solo es deseable sino posible, y que los resultados del gobierno serán castigados en las urnas, como de alguna manera se vio en las elecciones del pasado 29 de octubre. Los catastrofistas de oficio quieren hacer ver que el país está en total caos, cuando en realidad enfrenta las dificultades de siempre, que el gobierno no ha logrado sortear de la mejor manera en todos los casos. Las expectativas de cambio sobre el gobierno hicieron que el año de aprendizaje que le dieron a Duque no le fuera concedido a Petro, lo cual es comprensible.
El Congreso de la república ha mantenido su independencia, y las relaciones con el Ejecutivo se han mantenido en la dinámica tradicional de negociación y transacciones políticas. El reproche está dado en que, para un gobierno del cambio, reproducir prácticas políticas indeseables no es coherente. Lo que hoy se denomina mermelada, ha pasado en todos los gobiernos, hace parte de a naturaleza de la relación entre el régimen y el sistema político en Colombia. Que este gobierno también lo haga constituye una frustración, pero amerita una profunda reflexión sobre hasta dónde un gobierno puede ponerse al margen de esto para conservar gobernabilidad.
La Corte Constitucional le tumbó la emergencia económica de la Guajira, la deducción de las regalías a las empresas petroleras- lo cual significo un hueco fiscal inesperado-, el Consejo de Estado ha decretado pérdidas de investidura a figuras importantes del Paco Histórico, y más allá de las quejas del presidente en su cuenta de X, de ahí no ha pasado. Las Cortes han llamado la atención sobre la necesidad de preservar la independencia, y el gobierno ha acatado todas las decisiones sin promover reformas constitucionales para crear una sola Corte como hizo un gobierno anterior en respuesta a decisiones judiciales adversas. El gobierno le ha solicitado al Banco de la República una decisión a la baja de las tasas de interés para reactivar la economía, solicitud que no ha sido acatada, pero ello no ha tenido como respuesta de parte del gobierno limitar las funciones del banco, o cerrarlo como propuso Milei en Argentina, lo cual no ha merecido comentario alguno de parte de la cofradía neoliberal.
La relación más complicada la ha tenido el presidente con los medios de comunicación, en donde se han sentido con el deber de incrementar el nivel de escrutinio al gobierno, seguramente porque desde allí se percibe con mayor intensidad el riesgo que plantea un remezón en el establecimiento del que ellos hacen parte y del cual se han convertido en sus principales defensores. La reacción del presidente en varios casos no ha sido la mejor, enfrentando de igual a igual a periodistas, exponiéndolos ante las odiosas bodegas de X, en lugar de recurrir a los canales institucionales que conceden a todo gobernante al derecho de rectificación y de réplica.
Pero no se ha planteado ninguna iniciativa legislativa para censurar ni perseguir periodistas, como fue recurrente en anteriores gobiernos. Eso sí, la presidencia debería crear la figura de portavoz del gobierno, y el presidente abstenerse de casar peleas innecesarias.
Esta tardía valoración por la Constitución de 1991, de preservar la independencia de la rama judicial y, en general de las instituciones, ese descubrimiento de los medios de comunicación de hacer contrapeso al gobierno y al poder político, son aprendizajes importantes que es necesario consolidar.
Si al gobierno le va mal – como en efecto le puede estar yendo en muchos frentes- la propia democracia se encargará de castigarlo y de traer a alguien que lo pueda hacer mejor. Se llama alternancia democrática, algo que no teníamos, y eso, ya es ganancia.