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Los primeros cien días de un gobierno en Colombia, sin plan de desarrollo y presupuesto propios, es un tiempo para preparar el terreno, pero de los enunciados, los mensajes y los énfasis, ya pueden verse las principales líneas de lo que serán los cuatro años del primer gobierno nacional de izquierda: un gobierno de recomposición institucional hacia el espíritu de la Constitución de 1991, en clave de una nueva agenda global.
La primera medición de la imagen del presidente Petro le es favorable, muy superior a la de su antecesor en el mismo período, y salvo los temas relacionados y mal comunicados de la transición energética y la amnistía a algunos integrantes de la etiqueta llamada Primera Línea, sus principales líneas de política cuentan con respaldo político y social.
En el plano internacional es donde quizás se han dado los principales avances: restablecimiento de las relaciones con Venezuela, posicionamiento de temas clave en la agenda global – nuevo enfoque de lucha contra las drogas ilícitas, crisis climática- y un nuevo tono- más equilibrado- con Estados Unidos.
En el contexto de una convulsionada economía global, al presidente le ha costado ajustar su discurso a la necesidad de entender qué variables dependen del gobierno, cuáles de la política monetaria -que no es su responsabilidad- y cuáles de factores externos que es necesario saber leer mejor. Que el ministro de Hacienda marque la línea discursiva en ese ámbito es lo deseable, y todo indica que la curva de aprendizaje va por ese lado, para de esa manera no tener que dar peleas innecesarias.
Sabido es que a este gobierno le tocó pactar con un sector del establecimiento político tradicional, no solo para consolidar mayorías en el Congreso e impulsar su agenda legislativa – se aprobó una reforma tributaria-, sino como una señal de apertura al diálogo y a la concertación, lo cual hará menos audaz el cambio, pero le permitirá sobrevivir. En contra de quienes creían que se trataría de un gobierno vengativo y de confrontación, ha demostrado un tono de conciliación que facilitará una suerte de transición pactada en el contexto de un establishment conservador.
La llamada Paz total sigue siendo la apuesta más ambiciosa en términos de política de seguridad, la cual ya cuenta con un nuevo marco jurídico, pero con una estrategia incierta en cuánto a si esto implica una consolidación del acuerdo con las Farc – y la consecución de la paz- o la oferta desarticulada de negociación, desarme y desmovilización, sin que se desactiven los factores que mueven las distintas violencias urbanas y rurales. Una nueva política de drogas y la propuesta de reforma agraria parecerían ir en esa dirección, pero aún está por verse. Se echa de menos, viendo las Bases del Plan de Desarrollo, que el gobierno hubiera declinado hacer una reforma a la justicia, y haga pasar como tal, la adopción del enfoque restaurativo.
Dos ministras que están contra el propio sector que lideran, es una anomalía pocas veces vista que traerá muchos dolores de cabeza y pérdida de capital político al presidente. Reformas sustanciales en clave de equidad pueden hacerse más allá del activismo. Con la creación del llamado ministerio de la Igualdad, como una concesión a la vicepresidenta y no como una profunda reforma al sector social, se está perdiendo una gran oportunidad de transformar la institucionalidad para articular mejor la política social con instrumentos de política más allá de las insuficientes transferencias monetarias.
El desastre que nos quiere hacer ver la oposición – que no le reconocerá nada- no es tal. El presidente ha entendido el tamaño del desafió que implica un gobierno del cambio, pero también las restricciones institucionales y políticas que lo impiden, y en lugar de optar por la confrontación ha empezado a recorrer el camino de una transición pactada, un camino que deberán continuar otros gobiernos progresistas.
El riesgo es que se quede en la autocomplacencia discursiva, hacer creer que se puede y no poder, y cuando menos piense, se lo traga la dependencia de la trayectoria recorrida.
