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Con estas palabras describió el ministro del Interior, Daniel Palacios, la terrible situación de seguridad del departamento de Arauca, demostrando con ello no solo un gran desconocimiento de lo que sucede allí, sino también indolencia ante la muerte de líderes sociales y comunales que han caído víctimas en esta pequeña guerra no declarada que se da en la frontera colombo-venezolana, en la que el Estado colombiano parece haber perdido el control.
Un caso emblemático fue el de Herman Naranjo Quintero, líder comunal sacado a la fuerza de su finca delante de su esposa e hijo en la vereda Corocito, en el municipio de Tame, y luego encontrado muerto en zona rural. Era un hombre trabajador y honrado, olvidado por el Estado. No era ningún bandido, señor ministro, como usted piensa de muchos de los líderes sociales asesinados en Colombia. Herman fue el líder número 16 asesinado en lo que va corrido del año.
Resulta paradójico que el ministro de la política omita hablar de la falta de control territorial por parte del Estado en ese departamento, lo que explica en buena parte la situación actual y, en general, la historia reciente de Arauca, donde los grupos armados ilegales, especialmente el ELN, parecerían tener más poder que el Estado y mayor influencia sobre la vida social y política de los araucanos. La estrategia fallida siempre ha sido la de enviar más tropas, sin revisar cuáles son las condiciones geográficas y sociales que explican la crisis de seguridad, que es en el fondo una crisis política. Luego del Acuerdo de Paz, cambiaron los escenarios de la violencia en muchas regiones y el Estado sigue combatiendo con el libreto anterior.
El gobierno de Duque ha defendido la tesis según la cual la actual escalada de violencia en varias zonas del país, como el Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo y Arauca, se debe a un Acuerdo de Paz mal negociado que generó los incentivos necesarios para que se extendieran los cultivos ilícitos y, con ello, el fortalecimiento de distintos grupos armados que son los responsables, entre otras causas, de la muerte de líderes sociales.
Aceptemos esta tesis en gracia de la discusión como explicación de lo que pasa en estos momentos en términos de seguridad en Arauca, la cual tiene un trasfondo que explica buena parte de la permanencia del conflicto armado, como es la llamada ausencia del Estado, expresión que es necesario revisar como parte de una nueva estrategia de seguridad que ya corresponde al próximo gobierno, y de la cual hablan poco los candidatos trenzados en disputas menores de mecánica electoral o de egos.
Si el gobierno considera que la expansión de los cultivos ilícitos en las zonas que antes ocupaban las Farc explica buena parte del deterioro en seguridad, la pregunta es qué ha hecho para enfrentarlo distinto de responsabilizar al gobierno Santos de esta situación y de lamentar que la Corte Constitucional no dé el visto bueno para restablecer la fumigación aérea con glifosato. Un gobierno está para resolver problemas, entender su origen y complejidad, y actuar, y no quedarse en reproches atado a visiones ideologizadas que impide el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
La visión del ministro Palacios parecería ser la de un funcionario que ha abdicado de sus funciones constitucionales de seguridad y protección a los ciudadanos –al menos en Arauca- dejándolos a su suerte, y encima estigmatizando a víctimas como Herman Naranjo, haciéndolos responsables de su trágico destino. Una infamia.
Coletilla. Poco se habla de la responsabilidad de las Altas Cortes en la designación de altos funcionarios del Estado. La Corte Suprema de Justicia eligió al Fiscal Barbosa de la terna presentada por el presidente Duque donde incluía a su amigo. Los presidentes de las tres Cortes eligieron al oscuro Registrador Nacional del Estado Civil, y el Consejo de Estado y la Corte Suprema no incluyeron candidatos idóneos en la terna para Procurador y, de esa manera, allanaron el camino para la elección de Margarita Cabello por parte del Senado de la República. Es hora de empezar a hablar de su responsabilidad y de un nuevo diseño de elección de estos funcionarios, incluyendo el del Defensor del Pueblo.
