Cambiar la forma de elegir al fiscal

Nos ha ido mal con los dos últimos dos fiscales y, más allá de la coyuntura de la elección de cada uno, todo indica que es necesario pensar en cambiar la forma cómo se elige el fiscal general de la Nación, porque el actual mecanismo no está funcionando bien.

En Estados Unidos, el fiscal es nominado por el presidente de la República y ratificado por el Senado, y, una vez elegido, hace parte de la rama ejecutiva y preside el Departamento de Justicia. En Colombia se buscó otra fórmula para evitar que el presidente acumulara más poder e hiciera de la Fiscalía un instrumento de persecución política, y es por ello que se integró a la rama judicial, con plena autonomía, tanto presupuestal como administrativa en ejercicio de sus funciones, y de esa manera estar lejos de la órbita del gobierno. Lo cierto es que el fiscal general en Colombia es un funcionario con mucho poder que no responde ante nadie, el cual es muy difícil de remover pues corresponde investigarlo a la inoperante y politizada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Juan Manuel Santos incluyó en la terna a Néstor Humberto Martínez, su “ministro de la presidencia”, un cargo artificioso que le dio mucho poder en la agenda gubernamental. Santos desoyó a quienes le dijeron que era una mala decisión incluirlo en la terna (así se lo dijo María Lorena Gutiérrez, lo que a la postre significó su salida del gobierno), no solo por los conflictos de interés que podría tener en el ejercicio del cargo, dada su actividad litigiosa previa, sino por el enfoque que le daría a la paz, como en efecto sucedió transformándose en su principal opositor, con diferentes tipos de argumentos y trapisondas. Su rol en el caso de Odebrecht –en el que estaba involucrado el grupo económico del que fue su abogado durante mucho tiempo- aún está por dilucidarse. La preocupación del gobierno de los Estados Unidos en el tema tiene al ex fiscal nervioso advirtiendo maniobras conspiranoicas y en ronda de medios para denunciarlas. Como figura pública es sabido que tiene privilegios para defenderse que difícilmente tiene otro ciudadano en Colombia.

Pero más allá de eso, la Fiscalía salió afectada en su imagen de independencia y credibilidad luego de su mandato.

Iván Duque incluye en la terna a su amigo de universidad Francisco Barbosa, quien no tenía las credenciales de conocimiento, experiencia y madurez emocional que se exige para un cargo de esta naturaleza, como se ha demostrado con creces, ahondando aún más la crisis de credibilidad de una institución que es fundamental en el andamiaje institucional del Estado. Ante los desaguisados durante su gestión es muy poco lo que se puede hacer, y la Corte Suprema de Justicia hace mutis por el foro y se desmarca de la responsabilidad que le corresponde por haber elegido, en ambas ocasiones, las opciones menos deseables.

Me pregunto qué elementos y criterios tuvieron para la elección de Martínez y Barbosa, quienes se suponen son los juristas de mayor conocimiento y trayectoria en la administración de justicia. ¿Jugarle a la apuesta del candidato del presidente para quedar bien con el gobierno? ¿Ceder al cabildeo de otros altos funcionarios del Estado interesados en que alguien de sus afectos quede en el cargo? ¿No pensaron que esas decisiones implicarían ocho años de problemas de todo tipo y, a la larga, un lastre para toda la administración de justicia?

Un nuevo esquema para la elección del fiscal no es fácil de definir. Podría invertirse el orden de la elección, y que sea la Corte Suprema quien integre la terna y el presidente de la República elija. O que la terna de la que elige la Corte sea elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante concurso de méritos, o que la Corte Suprema elija directamente de una convocatoria abierta y postulaciones de diversa índole, tales como facultades de derecho, organizaciones relacionadas con el derecho y el litigio penal. No estaría de acuerdo en que el presidente directamente lo nombre como ha propuesto Yesid Reyes en estas mismas páginas, o que el tema pase por el Congreso de la República como en Estados Unidos.

Lo cierto es que es necesario poner el tema en la agenda de discusión. El gobierno de Gustavo Petro tiene una ventana de oportunidad para una reforma de esta naturaleza, y un clima de opinión favorable para ello.

@cuervoji