Colombia en el espejo de Chile

A la hora de comparar procesos políticos y sociales de diferentes países, es necesario ser muy cuidadoso con las trayectorias históricas y las reglas de juego institucionales que determinan el comportamiento de los actores en cada caso. Esta advertencia es indispensable a la hora de querer extrapolar lo que pasó en Chile con la elección de Gabriel Boric y lo que podría pasar en Colombia en las elecciones de 2022.

Lo primero que puede decirse es que Chile y Colombia resolvieron de manera diferente el descontento reflejado en las protestas sociales. Protestas extendidas, con respuesta estatal especialmente violenta y giros inquietantes de degradación, fueron canalizadas en el país austral con un proceso constituyente y la elección de una Convención encargada de redactar una nueva Constitución. Encima, se eligió a un candidato de izquierda que inició su trasegar político en el movimiento estudiantil y que en las movilizaciones recientes consolidó su liderazgo. Podría decirse que esta generación, que tiene a Boric y a Camila Vallejo como las cabezas visibles, supo organizarse, hacer trabajo político y pasar de la calle al Palacio de la Moneda. No es poca cosa.

En Colombia, luego de las protestas sociales no ha habido una reforma estructural significativa que recoja las demandas sociales allí expresadas. La llamada Conversación Nacional que inició en el primer trimestre de 2020 —en un formato unilateral y ajeno al diálogo social— se detuvo por la pandemia y jamás se volvió a retomar.

El Gobierno de Iván Duque aprovechó esta coyuntura para endurecer la respuesta estatal a la protesta social, so pretexto de actos de vandalismo que debieron ser conjurados con las facultades ordinarias de policía. Pero el Gobierno, de la mano del ministro de Defensa, Diego Molano, metió todo en un mismo paquete y ha venido desarrollando una campaña de estigmatización y criminalización de cientos de jóvenes que ha contado con el apoyo entusiasta de la Fiscalía de Francisco Barbosa, una de las piezas de este entramado político-institucional que se ha encargado de elevar en grado máximo los costos de la protesta. El año se cierra con broche de oro con una Ley de Seguridad Ciudadana que incrementa de manera desproporcionada el costo judicial de la protesta social y genera los incentivos institucionales necesarios para extender y normalizar la violencia policial.

Como consecuencia de las protestas sociales, queda muy poco en términos de agenda política o de liderazgos consolidados. El paso de esa agenda de la calle a la agenda política sigue siendo muy problemático por la incapacidad y resistencia del sistema a transformar dichas demandas en reformas institucionales y políticas públicas. Prefieren el costo de la represión al de las reformas, un claro ejemplo de una élite que se resiste al cambio y apuesta por preservar sus privilegios.

¿Se resolverá esto en 2022? Gustavo Petro, quien lidera la intención de voto de manera consistente hace varios meses, no es Boric, su liderazgo político no viene en estricto sentido de la calle sino de los procesos de negociación política del Estado con grupos al margen de la ley, pero su figura y su retórica representan para muchos el cambio que esta sociedad requiere.

Todo indica que Petro tiene la fuerza para meterse en segunda vuelta, pero quizás no le alcance para ganar la Presidencia, pues en ese escenario sería derrotado por cualquier coalición anti-Petro. En Chile, Boric supo moverse bien, sumando apoyos que se identificaron con su propuesta. Petro tendrá que buscar acuerdos programáticos que traigan votos, y no votos que desfiguren su propuesta. No solo se trata de ganar, se trata de ganar para lograr un cambio.

¡Feliz Navidad!

@cuervoji