Efectos políticos de una absolución

El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por los que había sido condenado en primera instancia por el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá. El senador Iván Cepeda ha anunciado que presentará recurso extraordinario de casación, lo que implica que el caso volverá a la Corte Suprema de Justicia, tribunal donde inició todo esto, pues recordemos que Uribe renunció a su fuero para evitar un juicio en ese alto tribunal. Vueltas que da la vida.

Más allá de la discusión jurídica, que se seguirá dando entre los especialistas, revisemos los efectos políticos de esta decisión que nos recuerda la importancia de preservar la autonomía e independencia de la rama judicial en todo momento, y no solo cuando los fallos judiciales sean favorables.

Esta decisión le cae bien al expresidente y al Centro Democrático, pues encuentran en la decisión del Tribunal una reivindicación política de su líder natural, a partir de lo cual se construye un “relato” para dar la pelea electoral en 2026: el regreso a la arena política de un perseguido por una justicia politizada que viene a salvar la democracia de las manos del neocomunismo —es la expresión que está usando Uribe— y derrotar a un gobierno que le ha entregado el país al crimen organizado. Parece una caricatura, pero para muchos este es un relato creíble —que ya empezaron a comprar en Estados Unidos— dicho por alguien que recupera la autoridad moral para decirlo. Esto le permitirá al partido tener un buen resultado en las elecciones para el Congreso, y ser un actor importante en la definición de la candidatura de la derecha, la cual no se definirá sin el beneplácito de Uribe.

La decisión del Tribunal cae como un baldado de agua fría al Pacto Histórico —un partido sin personería— y, en especial, es una mala noticia para el senador Iván Cepeda, quien se precipitó en anunciar su precandidatura, porque su suerte iba a estar inevitablemente atada al desarrollo del proceso penal. Esta derrota judicial es, de alguna manera, también una derrota política que puede verse reflejada en una baja votación de la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre.

Si como ha dicho el Consejo Nacional Electoral —quien se ha convertido en juez y parte en esta coyuntura, cambiando las reglas de juego en todo momento— se trataría de una consulta interpartidista, quien gane la consulta —y puede ser Cepeda— no podría participar de la consulta interpartidista del mes de marzo, y tendría que ir hasta primera vuelta con una candidatura mermada en sus posibilidades.

Para el presidente Petro tampoco es una buena noticia el fallo del Tribunal. Como jefe de Estado hubiera podido asumir una posición institucional, pero decidió entrar en el juego y tener una reacción política desmesurada, sin ninguna necesidad distinta de estar vigente en la conversación nacional, en reafirmar su omnipresencia, sin haber entendido que no puede ni debe casar todas las peleas —porque puede terminar perdiéndolas todas—, que la disputa por la narrativa y el control de la agenda tiene sus límites, que la realidad no empieza ni termina con solo nombrarla. Hay que hacer que pasen cosas más allá del discurso.

El nuevo llamado a una constituyente —que no resuelve los problemas sobre la justicia que Petro dice resolverá— solo generará más incertidumbre y desgaste político al proyecto del progresismo, que ha decidido atar su suerte a la deriva incierta e impredecible de un presidente que sabe que en 2026 tiene todo para perder, porque fue incapaz de gobernar pensando en que la izquierda que ayudó a elegirlo conservara el poder.

La absolución de Uribe es la antesala de todo eso.

@cuervoji