El presidente Gustavo Petro ha convocado para el 14 de febrero movilizaciones sociales en distintas ciudades de Colombia para socializar y discutir las reformas que ha planteado al país y que inician su trámite en el Congreso de la República. Dijo que no hay nada más sano para la democracia que un Estado movilizando a la sociedad para el debate y la deliberación.
En su momento, el entonces presidente Álvaro Uribe habló del Estado de opinión como una fase superior del Estado de derecho. Dijo: “Nosotros creemos que, en un Estado de opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante, sino el imperio de la ley, y más allá de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente (sic) importante es la opinión pública”.
El artículo 188 de la Constitución Política establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional, y el ejercicio de su mandato debe orientarse a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos, esto es, de quienes votaron, de quienes no lo hicieron y de quienes se abstuvieron. Ni Uribe antes ni Petro ahora parecen haber entendido este mandato constitucional y la necesidad de generar unos consensos mínimos para gobernar.
Gustavo Petro cuenta con un mandato importante, más de 11 millones de colombianos lo eligieron para hacer cambios estructurales; con una coalición política en el Congreso que ya le aprobó una significativa reforma tributaria y el marco normativo de la llamada paz total, y con un amplio reconocimiento internacional. Su estilo de liderazgo disruptivo empieza a ser procesado por la opinión pública como una forma diferente de gobierno que no afecta la normalidad institucional; su grandilocuencia retórica no pasa de la anécdota, porque de fondo ha demostrado capacidad de concertación, diálogo y respeto por la institucionalidad.
Así que este llamado a la movilización social para generar un clima de apoyo a las reformas es un paso en la dirección equivocada, la primera cuota para avanzar hacia una especie de democracia plebiscitaria donde lo que cuente sea el respaldo popular. “¿Por qué mi interés por la opinión pública? Porque finalmente en este Estado, donde se vive esa etapa superior del Estado de derecho que es el Estado de opinión, lo único sostenible es aquello que tiene recibo en la conciencia y en el corazón de la ciudadanía”, dijo Uribe en su momento. ¿Será que ha conversado de esto en las reuniones que ha tenido con Petro? La coincidencia es llamativa.
Algunos señalan que hay un desequilibrio entre el poder presidencial y la presión que ejercen otros estamentos de la sociedad sobre el Gobierno, y que es apenas justo que el presidente les recuerde el respaldo popular. Pero uno ve a la mayoría de los partidos políticos acompañando al Gobierno, a los gremios en un plan de diálogo y concertación, y a buena parte de la opinión pública del lado del Gobierno o, al menos, dándole el beneficio de la duda sobre lo que pueda pasar ahora que se radicó el Plan Nacional de Desarrollo, su verdadera hoja de ruta. No se vislumbra un escenario de ingobernabilidad como para este recurso un tanto desesperado.
Los periodistas que se acordaron de ser críticos del poder ahora que gobierna la izquierda están haciendo lo que corresponde, al igual que la oposición a la que le conviene generar un clima de zozobra para obtener réditos políticos, especialmente en un año electoral. Tristemente, apostarle al fracaso del Gobierno constituye un éxito para minorías ruidosas en un régimen político como el colombiano, donde el ganador se lleva todo y no hay incentivos para la cooperación.
Apoyé en su momento la campaña con mis opiniones, pienso que este Gobierno puede hacer reformas que necesita la sociedad colombiana, que ha abierto conversaciones importantes sobre desigualdad y exclusión, pero no puedo acompañar estos devaneos autoritarios y aproximaciones innecesarias a los márgenes de la Constitución.
Es necesario pasar la página del activismo y asumir las responsabilidades de gobierno.
