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No se reflexiona mucho sobre el tipo de Estado que tenemos y si cuenta con la capacidad institucional necesaria para cumplir sus funciones. Se da por sentado que existe un aparato administrativo nacional y territorial que está en capacidad de promover el bienestar social, de tener cierta hegemonía para hacer cumplir las leyes, materializar planes de desarrollo y elaborar orientaciones estratégicas de largo plazo. Pero todo esto está lejos de ser una realidad.
El Estado no es una construcción monolítica, y el tipo de Estado con que cuenta cada país depende de la historia propia y de cómo las fuerzas políticas y sociales fueron definiendo dicho estructura. No es lo mismo el Estado europeo –bien explicado en su desarrollo histórico por Charles Tilly-, que el latinoamericano –bien documentado por Fernando López-Alves-, incluso no es el mismo el devenir histórico y la actualidad del Estado colombiano que el de hace cincuenta años.
En realidad, es poco lo que sabemos del Estado colombiano, tanto sobre la eficacia de su diseño institucional –más allá de la descripción normativa de funciones y de competencias- y si el tamaño es el adecuado. En una comparación en América latina, sobre la base de la metodología de la CEPAL que relaciona el gasto del Gobierno Central, con el PIB, el tamaño del Estado colombiano para el 2020 es de 18.6%; el más alto es el de Bolivia con 33.9% y el más bajo el de Guatemala con 13.5%. El de Chile, otro país con estallido social, es de 24.3%.
Sobre su capacidad, se cuenta con el Índice de Desempeño Institucional que aplica el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual, para el año 2020, arrojó un resultado de 82,9 para las entidades de la rama ejecutiva nacional. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59, sin que sobre esta medición anual se haga una reflexión política y académica de cómo mejorar el funcionamiento de las entidades en temas como talento humano, direccionamiento y planeación, gestión y evaluación de resultados, entre otros aspectos.
Sobre la eficacia institucional de otras entidades como el Congreso de la República, las Altas Cortes, los organismos de control, el Consejo Nacional Electoral y los entes territoriales, se habla muy poco, generalmente con poca información y con una escasa cultura de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.
Los candidatos prometen el oro y el moro sin detenerse a pensar si se puede lograr con el tipo de Estado que tenemos. Más allá de aumentar el gasto público social, no se reflexiona sobre si la institucionalidad social es eficaz para traducir ese gasto en bienestar. La desarticulación de los programas sociales exigiría la creación de un ministerio de política social que logre articulación y coherencia entre las diferentes políticas en términos de objetivos, instrumentos, población objetivo e indicadores.
Pero también es urgente pensar el Estado en lo territorial. Redefinir el papel de los departamentos en clave de intermediación entre lo nacional y lo municipal, salir de la ilusión de que los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría (1040 de 1098) cuentan con la capacidad administrativa para cumplir con los fines estatales que les han sido asignados; preguntarnos por el valor público que agregan los organismos de control a la gestión estatal, así como los concejos municipales, las asambleas departamentales, la tercerización y precarización de la mano de obra estatal, la excesiva procedimentalización de la función pública en el contexto del llamado Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que deja muchos informes y pocos resultados.
La crisis de la pandemia y la crisis que desató el estallido social también son crisis de eficacia estatal, las cuales es necesario abordar con urgencia para no quedarnos con la ingenua idea de que con cada elección de presidente, gobernador y alcalde se puede mejorar. Si el carro no funciona, no importa mucho el cambio de conductor cada cuatro años, y el carro estatal de la Constitución de 1991 ya necesita la revisión a fondo de los 30 años.
@cuervoji