El recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad, en realidad debería ser el Ministerio de la política social, una deuda institucional pendiente con la Constitución de 1991.
Los temas sociales, especialmente los relacionados con distintos grupos poblacionales, están dispersos en varias entidades. Hay programas en el Ministerio de Salud y Protección Social (personas mayores y habitantes de calle, personas con discapacidad física y cognitiva); en el Departamento de la Prosperidad Social (víctimas); en Presidencia (jóvenes y mujeres); en el ministerio del Interior (afros, indígenas, rom, lgtbi); en el ICBF (niños y niñas), personas con discapacidad visual y auditiva en el INCI e INSOR, sin que se pueda advertir una articulación en clave de objetivos e instrumentos de política entre todos esos programas, así que una instancia ministerial que los aglutine es un paso en la dirección correcta.
Progresivamente, debe desaparecer el Departamento de la Prosperidad Social, y las áreas de esos temas en los respectivos ministerios y agencias presidenciales. El ICBF debe recuperar su independencia y autonomía y ser una entidad adscrita al nuevo ministerio.
Pero no solo se trata de una reforma institucional en materia de política social, sino también de avanzar en enfoques que ya hacen parte de la agenda pública, tales como los distintos enfoques diferenciales, el de derechos humanos, el de capacidades y movilidad social, el de activos y vulnerabilidades, que se han venido implementando a cuenta gotas en el marco de algunos documentos Conpes y otros instrumentos institucionales de política pública, generalmente para dar cumplimiento a órdenes de la Corte Constitucional en favor de estos grupos poblacionales considerados sujetos de especial protección. Un ejemplo de ellos es el llamado enfoque del Goce Efectivo de Derechos que se ha venido aplicando a la política de atención a la población desplazada por la violencia en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y que es necesario extender a otras poblaciones y a todas las políticas públicas sociales.
En Colombia, los planes de desarrollo, las políticas, programas y proyectos, no se elaboran con enfoque de derechos que incluya indicadores de resultado e impacto para establecer logros agregados entre las distintas poblaciones, una de las dificultades que ha impedido avances significativos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consolidar avances de gobierno a gobierno se ha convertido en un grave problema de funcionamiento estatal.
Las políticas sociales sectoriales (salud, educación, empleo, vivienda) en cabeza de los respectivos ministerios, deben dialogar con las políticas poblacionales del nuevo ministerio. Un ideal de intervención articulada se vería, por ejemplo, en el caso de una mujer afro, cabeza de hogar y víctima de la violencia, que pueda lograr acceso a la educación para sus hijos, acceso a un servicio de salud de calidad para su familia, tener vivienda propia, y recibir incentivos para inclusión productiva, esto último en cabeza del Ministerio de la Igualdad, haciendo énfasis en el enfoque de género y vulnerabilidad. Hoy, eso puede pasar, pero con distorsiones y discontinuidades y entrecruzamiento y superposición entre programas nacionales y locales.
El acompañamiento estatal en el ciclo de vida de las personas sería una de las prioridades en materia de política social, más allá del asistencialismo fragmentado de los subsidios monetarios. Los aprendizajes de Familias en Acción, que fueron más allá de los objetivos de permanencia escolar y salud en los niños y niñas beneficiarios del programa, deben servir de insumo para un paso adelante en materia de política social. Muchas de estas cosas ya se hacen en el marco de la estrategia de lucha contra la pobreza, pero los problemas de articulación interinstitucional, tanto en el gobierno central, como de este con los entes territoriales, podría empezar a resolverse con un Ministerio bien diseñado, con buenos recursos y equipos técnicos multidisciplinarios y conocimiento del territorio. Más calle y menos escritorio.
Las coordinaciones territoriales son una buena idea para lograr coordinación entre políticas nacionales y locales, pero corren el riesgo de ser cooptadas por clanes políticos locales. En ese sentido, es necesario un buen blindaje institucional para que ello no ocurra. Otro riesgo es que se convierta en el ministerio de la retórica de la igualdad, y no en el de las políticas, y en eso la vicepresidenta tiene un enorme desafío, y así dejar huella para empezar a pagar la deuda con las poblaciones vulnerables y excluidas que ella bien representa.
@cuervoji
