El orden del cambio

Si hubiera que pensar en una secuencia lógica para el cambio, esta sería: primero el cambio político, luego el cambio institucional y, finalmente, el cambio social y cultural.

Claro, los procesos políticos, sociales y culturales son más complejos que eso y, en realidad, todo el tiempo se están produciendo cambios, no siempre determinados por lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos, quienes tienen cada vez menos el control de los cambios que quieren impulsar.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se dio un cambio significativo en lo político. No es un dato menor que sea el primer gobierno de izquierda que derrota al establecimiento político tradicional. Otros gobiernos considerados de izquierda liberal, como el López Pumarejo, eran expresiones propias del establecimiento.

Para que este cambio político se diera, fue necesario una Constitución más pluralista –un cambio institucional–, cansancio con el desempeño del establecimiento político tradicional, y un estallido social de una generación que ya no se siente representada por ese establecimiento: un cambio de cultura política.

Este cambio político –que puede ser transitorio– debe plantear un ambicioso cambio institucional para que no quede en una aventura efímera de cuatro años, sino que aspire a estimular cambios sociales profundos y significativos de largo plazo. Ello supone plantear una serie de reformas en distintos temas, lo que sería un ajuste significativo al diseño de la Constitución de 1991 y su desarrollo legal en temas como salud, pensiones, justicia, reforma agraria, seguridad, descentralización y todo lo relacionado con la política social y atención a poblaciones vulnerables. Este cambio institucional plantearía unas nuevas reglas de juego que permitirían extender la oportunidad de cambio que ha traído el actual gobierno.

Dicho esto, parece que el gobierno no le está dando la importancia que merece el cambio institucional en esta secuencia, bien porque tiene una limitada visión del cambio o porque no tiene muy claro cómo se puede lograr. Acercarse a sectores políticos tradicionales como fundamento de gobernabilidad también ha restringido esa fuerza reformista que representan el presidente y la vicepresidenta. Los operadores políticos que facilitan la tarea en el Congreso no parecen tener clara la visión de cómo traducir el cambio político del triunfo de un gobierno de izquierda en un cambio institucional que transforme las dinámicas sociales que están en el fondo del malestar social.

Hay algunas apuestas que parecen apuntar en la dirección de un cambio institucional significativo: la reforma al sistema de salud y la reforma al sistema de pensiones, en cuyo diseño e implementación el gobierno se puede gastar buena parte de su capital político para impulsar otro tipo de reformas. La paz total, un marco de negociación ambicioso con todos los actores armados ilegales, es una apuesta audaz que puede contribuir a normalizar las condiciones de gobernabilidad en muchas regiones, donde el funcionamiento normal de las instituciones estatales sería, en sí mismo, una reforma. Pero el apaciguamiento sin reformas, por ejemplo, en materia agropecuaria y de política de drogas ilícitas, no sería suficiente para desactivar las dinámicas de violencia.

Un nuevo enfoque de lucha contra la pobreza no se ve en el horizonte y mucho menos uno de reducción de vulnerabilidad de grupos poblacionales, que se lograría con desarrollar las directrices de política de la Corte Constitucional respecto de grupos de especial protección. El llamado Ministerio de la Igualdad, tal y cómo está planteado, está lejos de ser el organismo que reorganice y estructure la política social dispersa en distinto programas con una fuerte carga de asistencialismo, enfoque que no saca a la gente de la pobreza más allá del ingreso monetario del hogar, un indicador subóptimo de bienestar. La pandemia puso en evidencia la fragilidad del sistema de protección social en Colombia y no se escuchan conversaciones al respecto en el gobierno del cambio.

La agenda reformista debe terminar de definirse en el plan de desarrollo que se discutirá el año entrante en el Congreso de la República. Ojalá la bancada de gobierno y los ministros, bajo la orientación del presidente, entiendan la magnitud del desafío y dejen atrás la excusa del aprendizaje y la negociación constante del núcleo duro de las propuestas por las que fueron elegidos.

@cuervoji