Cada vez son más las voces que dicen que el paro nacional fracasó, que la relación costo-beneficio indica que se pagó un costo muy alto en vidas, lesiones oculares, desapariciones, detenciones arbitrarias, pérdida de confianza institucional, destrucción de bienes públicos y privados, afectación de la economía, para lo poco que se obtuvo: la caída de Carrasquilla, el sacrificio político de Marta Lucía Ramírez, la caída de la reforma tributaria, proyectos de ley orientados a los jóvenes de incierta aprobación por un Congreso desconectado, una reforma superficial a la Policía, y ese genérico “poner temas en la agenda de discusión” parecerían ser muy poco en realidad.
La pregunta es: ¿qué se hubiera considerado un éxito del paro? ¿La renuncia del presidente Duque? ¿La revocatoria del Congreso de la República? ¿Una nueva constituyente? Como no había propósitos muy claros, tanto de parte del Comité del Paro como de los manifestantes en general, es difícil medir el éxito o fracaso del mismo, entre otras cosas, porque todo ese malestar social que lo antecede está compuesto de múltiples inconformidades, no todas susceptibles de ser tramitadas en un proceso de negociación de coyuntura.
El malestar social que se transformó en estallido social como consecuencia de la incapacidad de las instituciones políticas para realizar las reformas necesarias sigue presente, y la represión excesiva del gobierno de Iván Duque ha logrado un nuevo nivel de inconformidad que se extenderá hasta las próximas elecciones, pero el gobierno muy hábilmente logró transformar un descontento legítimo contra el establecimiento en un desafío de seguridad, a lo cual las imágenes de vandalismo y anarquía en varias ciudades ayudaron considerablemente.
Pero en realidad lo que hay allí es la incapacidad del establecimiento político, con el apoyo del establecimiento económico y de los medios de comunicación que hacen parte de este entramado, de tomarse en serio estas demandas de mejoramiento de las condiciones de vida de millones de colombianos que siguen confiando en el sistema democrático pero no reciben los beneficios con la misma velocidad, consistencia e intensidad que otros y, en ese sentido, hay una sensación de injusticia que debe ser corregida, pues ese orden justo del que habla la Constitución de 1991 no se cumple, y hay mucha evidencia para demostrarlo. El conflicto armado siempre fue la excusa para no hacerlo, y por eso el Acuerdo de Paz constituía una ventana de oportunidad para realizar, al menos, una de las reformas más apremiantes, como lo es la del sector rural, que está en el corazón del origen del conflicto armado pero que el sector político que sustenta el actual gobierno no quiere reconocer.
El estallido social asustó y mucho, no solo por la duración de las manifestaciones de protesta sino por el clima insurreccional que lo acompañó en algunas de las acciones de violencia – como la quema del Palacio de Justicia de Tuluá-, pero también en la respuesta violenta excesiva, incluyendo la presencia de civiles armados disparando a los manifestantes como sucedió en Cali. Esto cambió la ecuación y el descontento se mezcló con el miedo, que el gobierno y especialmente el ministro de Defensa se han encargado de diseminar. Ya mucha gente teme que llegue el día en que se convocan marchas, y si bien estas siguen, cada vez son menos significativas y se marcha con miedo.
En este punto el Gobierno está ganando el pulso, y por eso muchos señalan con algo de cinismo que el paro fracasó, y parecería que en el fondo se alegran de que esto haya terminado de esta manera, que también están cómodos con la preservación de lo establecido, que los cambios que se necesitan pueden esperar o darse gradualmente, y que de todos modos estos no pueden estar impulsados por el vandalismo, y que antes de pensar en una sociedad más justa se necesita recuperar la seguridad, libreto conocido con el que le alcanza al gobierno para terminar el período y de paso darles una narrativa a los sectores que harán lo que sea necesario para que todo siga igual.
Quienes celebran el fracaso del paro, beneficiarios de la conservación del statu quo, se fijan más en los errores de quienes protestaron que en la dureza inamovible de lo establecido, que es lo que en últimas explica la ineficacia de la protesta social en Colombia.
La perspectiva del 2022, con los sectores políticos de centroizquierda incapaces de plantear un consenso de mínimos, pinta para más de lo mismo: seguridad mata equidad.
