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Luego de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por parte de fuerzas élite de Estados Unidos, se discute sobre la legalidad de esa acción y la conveniencia y necesidad de la misma. Parecen dos temas diferentes, pero están íntimamente relacionados. A futuro, la legalidad y la necesidad de una intervención en un país en el que se estén dando graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos deben estar sustentadas en legalidad y conveniencia.
Sobre la legalidad, esta captura contraviene la Carta de Naciones Unidas, entre otras disposiciones, el numeral 4 del artículo 2: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. Las medidas que puedan y deban adoptarse contenidas en el capítulo VII de la Carta, deben ser tomadas por el Consejo de Seguridad, especialmente por los cinco miembros permanentes. Sobre esto no existe ninguna excepción.
También se ha dicho que, en el caso de Venezuela, estaríamos ante un régimen ilegítimo y dictatorial incapaz de garantizar los derechos humanos de su población, y ante la imposibilidad de activar los mecanismos de la Carta por el poder de veto que tienen entre sí las potencias para autorizar una intervención armadas, alguien tendría que arriesgarse a intervenir y lo hizo Estados Unidos, a quien en tiempos de Trump poco o nada le interesa el derecho internacional. Un venezolano víctima del régimen de Maduro debió celebrar el hecho sin detenerse en minucias jurídicas.
La justificación de una intervención unilateral armada para capturar a Maduro —la expresión extracción es un eufemismo para enmascarar una ilegalidad— pareció quedar planteada por Yesid Reyes en El Espectador ante la inoperancia de unas reglas formales internacionales que han sido ineficaces para impedir las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Este debate lo ha dado con claridad y pertinencia Rodrigo Uprimny en La Silla Vacía.
En la práctica, y por lo que se ha visto luego de la operación, la preocupación del gobierno de Trump no ha sido el de restablecer la democracia y prevenir las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El núcleo duro del chavismo sigue en el poder y Maduro responderá por delitos de narcotráfico y no por delitos de lesa humanidad como debiera estar pasando ante la Corte Penal Internacional. Sacar a Maduro del poder terminó siendo un acto de poder, un acto simbólico que no resolvió el problema de fondo de Venezuela. Más allá de eso, la objeción sobre la inoperancia de Naciones Unidas y la justificación de la operación sigue vigente. Ningún jefe de Estado ha pedido el restablecimiento de Maduro al poder, lo cual permite ver que, sin poder decirlo abiertamente, buena parte de la comunidad internacional comparte la decisión del gobierno de Trump.
Esta justificación de último recurso de la fuerza puede usarse por otras potencias militares en el ámbito de su influencia. Rusia podría usarlo para justificar sus ataques a Ucrania, China para una eventual anexión de Taiwán, India Sobre Pakistán y así sucesivamente, y este sería el fin de las reglas del derecho internacional surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de cuyos propósitos es mantener la paz y la seguridad internacionales.
Este precedente no puede volverse regla general, pero sí exige una revisión a fondo de los poderes del Consejo de Seguridad, de manera que el uso de la fuerza ante una grave situación de derechos humanos en un país de la organización no quede en los cálculos de los miembros permanentes. Podría pensarse en dar poderes a la Asamblea General o al secretario general, acotados y con un alto estándar de exigencia de necesidad para intervenir, pero una reforma de esta naturaleza seguramente será de difícil concreción en el largo plazo.
Dejar al arbitrio de un país la justificación para intervenir no es la mejor manera de enfrentar situaciones de regímenes políticos totalitarios. La tranquilidad momentánea que puede causar la salida de Maduro no nos puede hacer perder de vista la necesidad de seguir apelando a un sistema de normas para regular las relaciones entre Estados.
