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El cambio es la narrativa que alimenta al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Se trata de un cambio político, luego de un cambio institucional -normativo, en procura de lograr un cambio social, en ese orden.
El cambio político se dio en las elecciones, pero no se consolidó en la coalición de gobierno a la que llegaron sectores políticos que, no solo no quieren el cambio, sino que su visión de la realidad es justamente lo que el gobierno propone cambiar. Pero se impone la realpolitik, y en una democracia transaccional como la nuestra, eso fue necesario para generar gobernabilidad, pero ahí ya queda limitada la magnitud del cambio. Un ejemplo de ello, el hundimiento, sin pena ni gloria, de la norma que buscaba la eliminación del Consejo Nacional Electoral por un tribunal electoral independiente, una de las apuestas fuertes de la reforma política.
El cambio institucional es más complejo aún. No todas las reformas se pueden hacer, no todas son prioritarias, y muchos problemas se corrigen con buena gestión y articulación intersectorial.
La llamada reforma tributaria no es una reforma estructural, es la reforma que realizan todos los gobiernos para financiar su plan de gobierno, con más o menos progresividad y poco margen de maniobra. Buena parte de la incertidumbre actual sobre la economía colombiana es sobre cuánto costará el cambio, y si la reforma tributaria se destinará a ese objetivo, abandonando otros rubros (financiamiento de la deuda, subsidio a la gasolina) y, de no ser suficiente, ¿cómo se financiará el faltante? ¿emisión monetaria? ¿más endeudamiento? Una parece ser la visión del presidente y su círculo cercano, y otra la del ministro de Hacienda.
Sobre la reforma a la salud, la pensional, la laboral o la de transición energética, solo anuncios, algunos sin soporte técnico que plantee un escenario mejor que el actual. Será en el plan de desarrollo que sabremos finalmente cómo se realizarán los ajustes institucionales anunciados, pero la forma como se está construyendo el Plan puede terminar en una lista de mercado para satisfacer demandas puntuales, alejado de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.
La reforma agraria pinta como una “pequeña revolución”. Si se articula bien con una nueva política de drogas -por un mercado regulado-, y se consolida la llamada paz total -que debe incluir la consolidación del Acuerdo con las Farc-, con una política de inversión en bienes públicos (vías terciarias, asistencia técnica), puede ser la clave para una política de desarrollo rural sostenible, y podría ser el gran legado de este gobierno.
La estrategia de la llamada paz total incluirá algunas reformas a la legislación penal, y eso podría considerarse una mini reforma a la justicia. Por ahora, no se advierte una reforma integral a la justicia desde el gobierno. Confiamos en que el Consejo Superior de la Judicatura entienda el actual momento y presente un plan de desarrollo de la rama judicial centrado en el acceso a la justicia y políticas para un mejor desempeño de la rama judicial. La reforma a la Policía es otro escenario en el que el gobierno puede dejar su impronta, pero no se ven avances sustanciales.
Más allá de la retórica del cambio, es necesario empezar a concretar lo que en el argot institucional se llama victorias tempranas, y la gran apuesta parece ser el ministerio de la Igualdad que presidirá la vicepresidenta Francia Márquez. Una propuesta que parece tímida, porque ese ministerio debería ser el de Política Social e Igualdad, que recoja todos los programas de atención a poblaciones vulnerables y minorías, y genere los lineamientos de política necesarios para una mayor articulación de la política social, e ir más allá del enfoque de las transferencias monetarias que, por sí solo, no es suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad, no al menos de una manera sostenible. Allí hay una gran oportunidad de ajuste institucional que no puede desperdiciarse en retórica igualitaria.
Cuatro años es poco para cambiar una sociedad, sobre todo con tanta dependencia de la trayectoria recorrida con políticas de gobiernos con una visión limitada del cambio social. Este gobierno debe sentar las bases institucionales de un cambio que deberá ser profundizado en futuros gobiernos progresistas, pero si no hace bien su trabajo, cerrará esa puerta y volveremos a los gobiernos defensores del statu quo.
