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Se ha repetido hasta el cansancio que las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, y que su respeto es esencial para lograr unos mínimos de convivencia. En ellas, están definidas las competencias de las autoridades y los derechos de los ciudadanos y, en ese sentido, constituyen límites al ejercicio del poder. En las sociedades democráticas, dichas reglas de juego se sustentan en la soberanía popular, y de ahí derivan su legitimidad.
En Colombia, el aprecio por las instituciones es relativo, y parece depender de quien esté al frente de ellas. Quienes hoy reclaman respeto por las instituciones – lo cual es una buena noticia- no consideraron un rompimiento de las reglas cambiar la Constitución -con delitos mediante- para lograr una reelección presidencial y, tampoco, acudir a interpretaciones de dudosa gramática constitucional para desarrollar normativamente los acuerdos de paz de 2016.
Cuando el gobierno de Gustavo Petro anunció que convocaría una consulta popular como mecanismos de presión al Congreso de la república para que se aprobara la reforma laboral, hubo una reacción generalizada en defensa de las instituciones. Vimos comunicados de las Altas Cortes, de los partidos políticos, de los gremios económicos ante un decreto claramente inconstitucional sobre el cual operaron las instituciones: el Consejo de Estado lo suspendió y el presidente de la república, en el marco de sus competencias, lo derogó. Nos asomamos a la dictadura, dijeron con dramatismo.
Luego vino el tema de la Constituyente -que creo innecesaria en estos momentos- pero que está dentro de las reglas de juego que el gobierno pueda plantear esa posibilidad al Congreso de la República. La vía de la llamada octava papeleta, cualquiera sea el resultado, no es vinculante para el Congreso. Querer hacer ver el momento actual como de bloqueo institucional, como el escenario de 1990, es equivocado. Recordemos lo que dijo la Corte Suprema en ese entonces: “Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan constituido per se en factor de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han vuelto inadecuadas…” (Sentencia 59 de mayo 24 de 1990).
En la Constitución de 1991 el poder constituyente no puede autoconvocarse, está maniatado a los poderes constituidos, y si bien esto constituye una salvaguardia institucional, también es una limitación de la soberanía popular, un debate que es necesario dar más adelante, que las reformas constitucionales no dependan de la voluntad de los poderes constituidos.
Todo el establecimiento se pronunció en contra de la Constituyente. Salvo Vargas Lleras, viejo zorro, dijo estar dispuesto a comprar esa oferta. Él sabe que, en las actuales circunstancias, una constituyente tendría mayorías conservadoras que buscarían importantes retrocesos del pacto constituyente. Petro no ha considerado este escenario adverso al espíritu liberal de la Constitución.
Y vino lo de Leyva, un incidente que a estas alturas parece un delirio ideado por el ex canciller, quien ha decidido terminar su vida pública sin dignidad, pero se habló de tratativas para realizar un golpe de Estado, para sacar al presidente de la república de su cargo, un escándalo.
¿Dónde estuvieron los comunicados de los gremios, de las Altas Cortes, de los partidos políticos en apoyo al presidente de la república? Salvo un editorial de El Espectador y uno que otro comunicado, hubo silencio, indiferencia y burla. ¿Respeto por las instituciones según conveniencia política e ideológica?
Muchos consideran que el presidente Petro no es legítimo, que mejor sería que no terminara su período. Otros sí lo desean, pero no lo hacen en defensa de las instituciones, lo hacen porque piensan que termina victimizándose, y pues no le podemos dar ese gusto. Además, para qué tumbar a quien ya no gobierna, he leído.
Pase lo que pase con este gobierno, hay un saldo pedagógico: la importancia del respeto al funcionamiento de las instituciones, falta aprender que eso también vale para los gobiernos de izquierda.
