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El auge de partidos, movimientos y líderes de derecha en el mundo trae consigo una agenda oculta que puede terminar siendo dañina para las sociedades democráticas donde operan, y es la reversión de los avances en el reconocimiento de derechos de distintos grupos poblacionales, los cuales a menudo también son minorías políticas.
Sí, Trump, Bolsonaro, Orbán, Vox, Ordóñez hacen ruido en temas económicos y políticos, pero en la trasescena se desarrolla una agenda antiderechos en contra de las mujeres, las personas LGTBI+, los inmigrantes y otros grupos que no logran la protección por la vía de la representación política sino de la protección judicial de tribunales constitucionales contramayoritarios, como es el caso de Colombia.
Si no fuera por la intervención de la Corte Constitucional, en Colombia no estaría garantizado el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo -el cual esperamos se amplíe sin restricciones-; el de las personas del mismo sexo a unirse en unión marital y adoptar hijos; y el de las personas que sufren graves y/o incurables enfermedades a terminar con su vida, entre otros temas valóricos. Y es que es un hecho que en el Congreso de la República difícilmente serían aprobados marcos normativos para garantizar el ejercicio de estos derechos que se derivan de la autonomía moral de las personas para decidir sobre su propia vida, que es un pilar fundamental de la Constitución.
El gobierno de Iván Duque ha entregado la agenda de derechos que debe promoverse desde el Ministerio del Interior al movimiento MIRA, movimiento cristiano que tiene una visión contraria al desarrollo que ha planteado la Corte Constitucional en ese tema; y en el Ministerio de Justicia, ni Margarita Cabello antes, ni Wilson Ruiz ahora, han sido muy entusiastas en promover una agenda de derechos. La consejera presidencial no es precisamente una consagrada de los derechos humanos en la agenda política. Además, un cruzado antiderechos es embajador ante la OEA y, ahora, con el apoyo del gobierno, estará un exmagistrado de la misma tendencia ante la Comisión Interamericana.
El proceso de aprobación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos -un compromiso del Estado colombiano desde el año 1993- avanza muy lentamente, y la posibilidad de generar sistemas de indicadores en derechos humanos para los planes de desarrollo y las políticas públicas sigue siendo un tema tabú en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a pesar de los avances que en su momento hubo sobre el llamado Enfoque del Goce Efectivo de Derechos.
Es paradójico que haya costado tanto traducir el marco constitucional en una cultura de derechos, siendo que contamos con una institucionalidad fuerte en materia de derechos, acompañamiento y asistencia técnica permanentes de parte de organizaciones intergubernamentales del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano y de la cooperación internacional, y con la existencia de numerosas e importantes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
En las elecciones de 2022 esto también está en juego, y sería bueno conocer las propuestas de los distintos candidatos y candidatas sobre ese particular: un tema que es algo gris a la hora de conseguir votos y de poco interés en los debates. La crisis de garantías de derechos en el marco de la protesta social y la respuesta violenta, excesiva y desproporcionada de parte del Estado -en especial de la Policía- es también un síntoma de esto.
Una propuesta vigorosa de avanzar en marcos normativos en derechos haría la diferencia entre quienes tienen una visión progresista o conservadora de la sociedad. La consolidación de una cultura de derechos a 30 años de vigencia de la Constitución de 1991 sigue siendo una tarea pendiente que no ocupa un lugar de interés en la agenda política.
