El cambio social tiene varias caras y formas de impulsarlo, retrasarlo o impedirlo. Podría decirse que, según la visión que se tenga del cambio social y la forma de llevarlo a cabo, se definen posturas políticas e ideológicas. Una versión radical del cambio sería una revolución y una versión extrema de oponerse a un cambio sería una dictadura. De lo primero, tenemos como ejemplo la Revolución francesa; de lo segundo, el golpe de Estado de Pinochet al gobierno de Salvador Allende, quien proponía, por la vía democrática, un cambio de modelo económico que fue resistido de manera violenta en Chile hace 50 años.
El cambio social se está dando en todo momento, tiene sus propias dinámicas y no necesariamente está en sintonía con los cambios políticos, aunque muchas sociedades pueden lograr cambios al margen de los regímenes políticos o incluso contra ellos. La revolución cultural feminista, iniciada en la década de los 60 del siglo pasado, se ha desarrollado y consolidado incluso a pesar del Estado, que ha llegado tarde y mal al debate.
Si hubiera que pensar en un orden lógico de trayectoria, el cambio social a veces necesita cambios políticos y estos se cristalizan en cambios institucionales, especialmente si hablamos de sociedades democráticas. En su momento fue de mucha vigencia la tesis de Huntington según la cual la inestabilidad y el malestar de las sociedades se originan en la fuerza y rapidez del cambio social y la lenta e inadecuada respuesta de las instituciones. Esa tensión permanece en un país como Colombia, donde la clase dirigente ha optado por ralentizar el cambio social.
El anhelo de un cambio social más incluyente —más y mejores oportunidades para todos— logró un cambio político importante: el triunfo de un candidato por fuera del establecimiento tradicional, que trae una propuesta que podemos considerar de tinte progresista y estatalizante, la forma como muchos dirigentes de izquierda imaginan el progreso. Gustavo Petro es uno de ellos, pero una vez en el poder se enfrenta con la complejidad del cambio institucional.
Para pasar las reformas en el Congreso y que resistan el escrutinio de la Corte Constitucional se necesita tener muy clara la dimensión institucional del cambio, que el presidente no tiene y en el Gobierno no parece haber alguien con la ascendencia necesaria para impulsar esa idea. El director del Departamento Nacional de Planeación parecería ser esa persona, pero poco le copian en la Casa de Nariño.
A esto se suma que un sector del establecimiento político ha encontrado en esa imposibilidad de materializar las reformas un escenario ideal para que esa transición sea lo menos disruptiva posible y ya hablan de recuperar el país o, para ser más claros, que se los devuelvan.
¿Puede esto cambiar? Es difícil, primero tendrá que entender el presidente que el sistema político colombiano es un sistema transaccional, para bien y para mal; que el oficio de gobierno exige menos retórica y más acción, y que con su proceder errático en muchos aspectos se está poniendo en la situación a donde lo quieren llevar: impedirle grandes transformaciones —muchas de ellas necesarias— y cerrarles la puerta a otros gobiernos progresistas en el futuro próximo. A cambio le conceden quedarse con el cargo, el discurso y la cuenta de X —antes Twitter—, material suficiente para que los programas radiales de la mañana se sigan sintiendo los guardianes de oficio del establecimiento.
Muy poco para hacerse cargo del descontento social que sigue allí esperando una respuesta adecuada.
@cuervoji
