La doble toma del Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985, el grupo subversivo M-19 ingresó en horas de la mañana a las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá, asesinando a vigilantes privados y tomando como rehenes a magistrados, trabajadores de la administración de justicia, empleados de servicios generales y visitantes, con la idea demencial de someter a un juicio político al entonces presidente de la República, Belisario Betancur, ante la Corte Suprema de Justicia, por el incumplimiento de los acuerdos de paz realizado el año anterior con ese grupo y el EPL.

Hay serios indicios de que otro de los móviles de esta operación criminal estaba relacionada con el interés de narcotraficantes, especialmente del cartel de Medellín, sobre una decisión relacionada con la exequibilidad del tratado de extradición con los Estados Unidos que, justamente ese día, se discutiría en la sala Constitucional con ponencia del magistrado Manuel Gaona Cruz. El Tribunal Especial creado por la Corte Suprema de Justicia encontró evidencia de esto, si bien ninguna autoridad judicial lo ha establecido con plena certeza.

En desarrollo de la operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre, el grupo subversivo cometió actos de terrorismo, posiblemente delitos de lesa humanidad, tales como homicidios en estado de indefensión a civiles y expuso a quienes ocupaban las instalaciones de la justicia a la reacción desproporcionada e indiscriminada de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los integrantes del M-19 que participaron en la toma del Palacio murieron en el operativo o fueron desaparecidos por las fuerzas del orden, como el caso de Irma Franco.

Otros líderes del grupo subversivo que no participaron del hecho fueron amnistiados e indultados por el establecimiento político en dos ocasiones, la última de ellas con una proposición de mayo de 1992 del entonces senador Uribe Vélez -cuando creía en la paz- y en la que se leía: “Designase por la Mesa Directiva una Comisión Accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía e indulto aplicados al proceso de paz (de 1990 en Caloto), incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto del Palacio de Justicia, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado la vida constitucional”. Para evitar una crisis política en su momento, se optó por el perdón y el olvido, en detrimento de los derechos de las víctimas, a pesar de que algunas han recibido indemnizaciones como consecuencia de sentencias del Consejo de Estado.

En respuesta al criminal ataque del M-19, las Fuerzas Armadas reaccionaron con total desproporción e ignorando las más mínimas normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario (la Constitución de 1886, vigente para ese momento, hablaba del Derecho de gentes). El rescate de los rehenes con vida nunca fue una prioridad, como sí la de hacer tierra arrasada para eliminar a todos los integrantes del grupo subversivo, una contra toma que terminó en tragedia, y en la que murieron más de noventa personas entre subversivos, magistrados, empleados administrativos y judiciales, soldados y visitantes.

Posteriormente, hubo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, destrucción de evidencia, tanto en el recinto del Palacio como en el Museo de la Independencia y en algunas instituciones militares y de inteligencia, atribuidas a miembros del Ejército, Policía y DAS. Hay algunas condenas por estos hechos en contra de altos mandos militares de la época. Hay razones para pensar que el estamento militar aprovechó la situación para saldar cuentas de cobro con la Corte Suprema y el Consejo de Estado que habían tomado decisiones relacionadas con violaciones de derechos humanos.

El retiro de la vigilancia policial unos días antes, cuando ya se conocían informes de inteligencia de una posible incursión al Palacio, sigue siendo un tema por esclarecer.

El Estado colombiano fue declarado responsable en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como por el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia”.

El gobierno de la época no respondió ni penal ni políticamente; el presidente Belisario Betancur asumió toda la responsabilidad del operativo y sus terribles consecuencias, y la Comisión de Acusaciones decidió archivar toda investigación en 1986, con ponencia de los entonces representantes a la Cámara Carlos Mauro Hoyos, Horacio Serpa y Darío Ordoñez.

Si el presidente sabía de todas las atrocidades que se estaban cometiendo, debió responder por ello. Si no sabía todo lo que estaba pasando –una hipótesis muy probable- y los militares habrían actuado algunas horas por su cuenta, también debió asumir esa responsabilidad de vacío de poder institucional.

Sobre los hechos del Palacio de Justicia hubo un acuerdo de perdón y olvido que hoy todavía persiste, a pesar de algunas decisiones judiciales de fiscales y jueces que decidieron enfrentar ese pacto de impunidad.

Los integrantes del M-19 que se integraron a la vida civil y han honrado la mano tendida que el país político les tendió, deberían hacer un acto de contrición, reconocer su responsabilidad, contribuir activamente en la reconstrucción de la verdad –hoy un verdadero campo en disputa- y hacer un acto de reparación simbólica con las víctimas y con la justicia. Uno de ellos, el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, debería dar ejemplo y hacer un gesto de solicitud de perdón y reparación para ayudar a sanar una herida que sigue sin cerrar.

Podría empezarse por hacer del Museo de la Independencia el Museo del Holocausto del Palacio.

@cuervoji