Puede ser una simplificación decir que las marchas del pasado 26 de septiembre en contra del gobierno de Gustavo Petro fueron las marchas de la derecha, pero cuando se miran las consignas, los liderazgos políticos que las animaron, la puesta en escena y la retórica que las acompañó, no queda la menor la duda y ello en modo alguno es una descalificación de las mismas, simplemente la constatación de que el Gobierno tendrá que verse confrontado estos cuatro años por ese sector con el que se sienten identificados millones de colombianos.
Salir a marchar en este momento contra las políticas del Gobierno no tiene sentido. En las primeras semanas solo ha habido anuncios, los cuales se materializarán el año entrante en el Plan de Desarrollo; así que, en estricto sentido, no hay políticas públicas que puedan ser atribuidas a este Gobierno, salvo la estrategia ambiciosa de la llamada paz total, que todavía se está configurando. Las iniciativas legislativas apenas comienzan su trámite y el Gobierno ha demostrado disposición al diálogo, como lo ha hecho el ministro de Hacienda con la reforma tributaria.
En relación con el anuncio de la reforma a la salud planteada a cuenta gotas —no se conoce un texto definitivo— por la ministra de Salud, hay legítimas preocupaciones que deben ser discutidas con todos los actores del sistema. Considero que el sistema de salud necesita ajustes importantes, sobre todo en materia de equidad en el acceso, equilibrar la calidad de la atención entre los distintos regímenes, abordar el tema de la desfinanciación, corregir los incentivos equivocados para las EPS, fortalecer la red pública hospitalaria, reforzar el enfoque hacia la prevención de enfermedades —con buenos hábitos alimenticios y actividad física—, una atención integral enfocada en el paciente, entre otros temas. Si bien algunas EPS han tenido que ser intervenidas porque no han cumplido su función de manera adecuada (por corrupción e incentivos equivocados), se necesita un modelo de aseguramiento para evitar que el sistema colapse en un escenario de atención directa; darles esa responsabilidad a las secretarías de Salud no parece una buena idea, tanto por capacidad institucional como por riesgo de cooptación política.
Junto a la reforma pensional y laboral, todo indica que serán los temas más álgidos que tendrá que afrontar el Gobierno durante estos cuatros años, que tocan aspectos sensibles para la gran mayoría, más allá de consideraciones ideológicas. Tener acceso a una atención oportuna y adecuada en salud, la posibilidad de un trabajo digno, y la perspectiva de una pensión al final de la vida son legítimas preocupaciones que este Gobierno ha prometido mejorar y generan inquietud entre la ciudadanía.
Pero es claro que la marcha tuvo el mismo sentimiento de rechazo visceral a Gustavo Petro y Francia Márquez que aglutinó a la derecha en segunda vuelta en torno a Rodolfo Hernández, ese espectro político inventado por Ángel Becassino ante la debacle de Federico Gutiérrez, que él todavía atribuye a una conspiración. Los insultos racistas de una señora innombrable, las consignas tipo “los buenos somos más”, “la Colombia buena”, evidencian una inconformidad inherente por lo que representa un Gobierno de izquierda en el poder.
El tufillo clasista de la marcha refleja también una Colombia dividida por temas de fondo y no sólo por las políticas del Gobierno, temas que, de no tramitarse de manera adecuada, pueden terminar en la consolidación de movimientos políticos de extrema derecha con agendas antiliberales, antiderechos y de mayor exclusión hacia sectores populares. Eso también se juega este Gobierno.
Puede ser una simplificación decir que las marchas del pasado 26 de septiembre en contra del gobierno de Gustavo Petro fueron las marchas de la derecha, pero cuando se miran las consignas, los liderazgos políticos que las animaron, la puesta en escena y la retórica que las acompañó, no queda la menor la duda y ello en modo alguno es una descalificación de las mismas, simplemente la constatación de que el Gobierno tendrá que verse confrontado estos cuatro años por ese sector con el que se sienten identificados millones de colombianos.
Salir a marchar en este momento contra las políticas del Gobierno no tiene sentido. En las primeras semanas solo ha habido anuncios, los cuales se materializarán el año entrante en el Plan de Desarrollo; así que, en estricto sentido, no hay políticas públicas que puedan ser atribuidas a este Gobierno, salvo la estrategia ambiciosa de la llamada paz total, que todavía se está configurando. Las iniciativas legislativas apenas comienzan su trámite y el Gobierno ha demostrado disposición al diálogo, como lo ha hecho el ministro de Hacienda con la reforma tributaria.
En relación con el anuncio de la reforma a la salud planteada a cuenta gotas —no se conoce un texto definitivo— por la ministra de Salud, hay legítimas preocupaciones que deben ser discutidas con todos los actores del sistema. Considero que el sistema de salud necesita ajustes importantes, sobre todo en materia de equidad en el acceso, equilibrar la calidad de la atención entre los distintos regímenes, abordar el tema de la desfinanciación, corregir los incentivos equivocados para las EPS, fortalecer la red pública hospitalaria, reforzar el enfoque hacia la prevención de enfermedades —con buenos hábitos alimenticios y actividad física—, una atención integral enfocada en el paciente, entre otros temas. Si bien algunas EPS han tenido que ser intervenidas porque no han cumplido su función de manera adecuada (por corrupción e incentivos equivocados), se necesita un modelo de aseguramiento para evitar que el sistema colapse en un escenario de atención directa; darles esa responsabilidad a las secretarías de Salud no parece una buena idea, tanto por capacidad institucional como por riesgo de cooptación política.
Junto a la reforma pensional y laboral, todo indica que serán los temas más álgidos que tendrá que afrontar el Gobierno durante estos cuatros años, que tocan aspectos sensibles para la gran mayoría, más allá de consideraciones ideológicas. Tener acceso a una atención oportuna y adecuada en salud, la posibilidad de un trabajo digno, y la perspectiva de una pensión al final de la vida son legítimas preocupaciones que este Gobierno ha prometido mejorar y generan inquietud entre la ciudadanía.
Pero es claro que la marcha tuvo el mismo sentimiento de rechazo visceral a Gustavo Petro y Francia Márquez que aglutinó a la derecha en segunda vuelta en torno a Rodolfo Hernández, ese espectro político inventado por Ángel Becassino ante la debacle de Federico Gutiérrez, que él todavía atribuye a una conspiración. Los insultos racistas de una señora innombrable, las consignas tipo “los buenos somos más”, “la Colombia buena”, evidencian una inconformidad inherente por lo que representa un Gobierno de izquierda en el poder.
El tufillo clasista de la marcha refleja también una Colombia dividida por temas de fondo y no sólo por las políticas del Gobierno, temas que, de no tramitarse de manera adecuada, pueden terminar en la consolidación de movimientos políticos de extrema derecha con agendas antiliberales, antiderechos y de mayor exclusión hacia sectores populares. Eso también se juega este Gobierno.