La esperanza de paz se diluye poco a poco y la continuidad de distintas violencias se vuelve a instalar en el escenario político como un dato de la causa. Ya ni siquiera es un tema prioritario en la campaña, pues ha sido desplazado por la inseguridad en las ciudades y la crisis económica y social derivada de la pandemia. La guerra es algo que sucede por allá lejos de los centros urbanos donde se toman las decisiones.
El sector político que lideró el triunfo del No llegó al poder sobre la idea de que fue una paz mal negociada, especialmente por los temas relacionados con la justicia y la participación política de los exlíderes de las Farc (con los desmovilizados rasos no hay problema, salvo que los están matando). La serie de reformas institucionales que se realizaron y el apoyo internacional al proceso no han logrado resolver ese problema de legitimidad que significó el resultado del plebiscito.
Más allá de que hubieran sacado a la gente a votar verraca, con mentiras y falsedades, el resultado es legítimo y parece ser el origen de esta nueva frustración que el gobierno de Duque no se ha esforzado en impedir, en parte por incapacidad, en parte porque no reconoce el mandato de la paz como un compromiso de Estado que deba honrar, salvo cuando tiene que dar la cara en escenarios internacionales. Que el anhelo de paz se esté marchitando será exhibido como un triunfo moral ante su electorado, como lo prometió Fernando Londoño.
Colombia es un país sin esperanza, a merced de sus propios demonios, que perdió la confianza en sí mismo y en sus instituciones, y que es incapaz de encontrar un relato común para imaginar una sociedad más próspera e incluyente. Cuando se observa el tono de los debates entre los distintos actores políticos no se vislumbra un futuro promisorio. Gane quien gane las elecciones, no podrá hacer mucho, pues al otro lado no encontrará un contradictor para construir en la discrepancia: tendrá a un enemigo a quien hay que negarle todo, así eso implique llevarse por delante medio país, como hace Duque, quien siente que solo gobierna para quienes votaron por él y no para toda Colombia. Hubo que salir a las calles para recordárselo con el saldo trágico conocido.
Para mis amigos, todo; para los enemigos, la ley, como dijo Benito Juárez. Mientras nos consumimos en esa fractura, los problemas avanzan, la delincuencia se fortalece y la desesperanza se apodera del país, y de los jóvenes que no ven un futuro y empiezan a sentir que el esfuerzo de las movilizaciones quedó en estigmatizaciones, criminalización y pocas o ninguna reforma estructural.
Mientras el trasfondo de la discusión política siga siendo la violencia, tendremos que convivir con la ilusión de la paz entre puntos suspensivos. Muchos no están dispuestos a perder los privilegios que un estado de guerra permanente ofrece ni a permitir que ingresen en la agenda pública los temas que hoy discuten las sociedades verdaderamente democráticas.
Mientras el Estado no sea capaz de garantizar la vida, su deber esencial, los demás temas quedan aplazados. El Acuerdo de Paz era la oportunidad de cerrar ese ciclo de violencias, primero con las Farc y luego con otros grupos armados, combinando distintas estrategias de disuasión armada y negociación. Pero no hemos sido capaces de extender esa mirada de largo plazo. Una idea tan sencilla como aquella de que en un país en paz es más fácil lograr el bienestar general en Colombia se encuentra con la realidad de que el recurso de la violencia es el mecanismo más eficaz para el control social y para retrasar las reformas necesarias.
No es suficiente desarmar y desmovilizar los ejércitos. Es necesario enfrentar las razones que justifican que muchos sigan viendo en la guerra una actividad económica y políticamente rentable.
