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Uno de los temas que está en discusión en la agenda pública es la dificultad que ha tenido el Gobierno de Gustavo Petro para traducir en reformas, legales e institucionales, y luego en políticas públicas, programas y proyectos, su propuesto de cambio.
Más allá de la falta de directrices claras por parte del presidente como jefe de Gobierno, tal y como lo exige el artículo 208 constitucional, también está la pregunta sobre la calidad del recurso humano, de esa tecnocracia que ha llegado al Gobierno para materializar en acción pública un discurso político, de lo que, en palabras de una ministra del gabinete, sería una tecnocracia progresista.
Por definición, la tecnocracia no debería tener color político o ideológico, pues deberían ser personas al servicio del Estado y no de los Gobiernos, con estabilidad laboral y con la posibilidad de hacer carrera en el servicio público, como sucede en países donde los gobiernos tienen poco margen de maniobra para reemplazar funcionarios técnicos con experiencia y memoria institucional. Es la pretensión weberiana de una burocracia profesional.
La pretendida neutralidad ideológica del tecnócrata es una falacia. El hecho de privilegiar una mirada sobre el rol del Estado en la economía ya es una postura ideológica que debe traducirse en instrumentos de política. El cambio de los subsidios a la oferta por los subsidios a la demanda en los servicios sociales implica una posición política e ideológica y una mirada sobre la sociedad y la relación de esta con el Estado.
En Colombia se ha consolidado una élite tecnocrática en los sucesivos gobiernos de centro derecha que han gobernado el país en el último tiempo, casi siempre de las mismas universidades, de la misma disciplina, y que circulan en una suerte de puerta giratoria entre tanques de pensamiento, gremios, organismos multilaterales y agencias gubernamentales. Directores de Planeación, ministros de Hacienda, directores de Fedesarrollo, presidentes de gremio, codirectores del Banco de la República, decanos de economía, representantes ante organismos internacionales, constituyen un grupo selecto con muy buenas oportunidades de estudio –muchas veces con becas estatales– y fuertes redes de capital social nacional e internacional. Este grupo ha promovido una suerte burocracia de segundo nivel, sólida y preparada, que ha sido la encargada de formular e implementar las políticas de los últimos treinta años en ministerios y otras agencias gubernamentales. Este equipo técnico constituye un activo importante del Estado colombiano y ha jugado un rol significativo, para bien y para mal, en el país que hoy tenemos. Colombia es mejor en muchos indicadores económicos y sociales que hace treinta años, aunque seguimos arrastrando problemas que impiden un desarrollo pleno del Estado social de derecho que exige el texto constitucional.
Esa élite tecnocrática hoy está por fuera del poder y se ha transformado en una masa crítica contra el Gobierno, muchas veces con razón y otras no tanto, como cuando se oponen incluso a iniciativas que en los gobiernos en que estuvieron vieron con buenos ojos y ahora les parece un desastre. El modelo preventivo en salud o el bono pensional para personas mayores, son dos buenos ejemplos.
Muchas de sus críticas son certeras y deben ser consideradas y debatidas, con evidencia y rigor, algo que no parece ser el fuerte de este Gobierno, pero también parecería que por fuera de sus modelos mentales nada sirve, que el país está en un proceso de autodestrucción irreversible y que hace nada más dos años atrás estábamos cerca de ser un paraíso.
No se observa autocrítica, no hay un esfuerzo por pensar el país por fuera de ese modelo de Estado asistencialista y condescendiente que se deriva del enfoque del riesgo social, el cual ve a los grupos vulnerables no como ciudadanos con derechos sino como cargas fiscales. La pandemia dejó ver la fragilidad de ese modelo que sigue reproduciéndose, en el cual la transferencia monetaria sigue siendo el instrumento predominante, algo que ya está en revisión en muchos otros países como Chile y México. Hay poco debate sobre qué dejaron de hacer o qué no hicieron bien para que se diera algo como el estallido social o el ascenso de un Gobierno de izquierda.
La izquierda tiene que trabajar en tener cuadros profesionales, en estar mejor preparada para gobernar cuando la democracia así lo permita, porque la brecha de conocimiento institucional le está pasando factura al gobierno, gobernar es más que agitar el debate y poner temas en la agenda.
Debe ser un propósito de Estado consolidar un servicio civil profesional y estable, un tema que un gobierno que quiere un cambio tiene que resolver, porque en eso, hemos fracasado, incluyendo a esa elite tecnocrática que en su autocomplacencia no reconoce error alguno y que ha hecho creer que todos los problemas del país empezaron el 7 de agosto de 2022.
