Las prioridades del cambio

Un gobierno no puede dar todas las batallas y pretender ganarlas. En un momento determinado tiene que decidir cuáles dar y cuáles no, y concentrar sus esfuerzos políticos e institucionales para lograrlo.

Si bien es normal que en las primeras de cambio un gobierno se llene de enunciados de política sobre lo que va a hacer, llega el momento en que tiene que decidir cuáles serán sus prioridades. El momento para definir esto es cuando empieza la legislatura en el mes de marzo y se presenta el plan de desarrollo ante el Congreso de la República. Ese limbo entre agosto y mayo es muy perjudicial para los gobiernos porque alrededor de tantos anuncios un gobierno incrementa las expectativas, especialmente en un gobierno que propone cambios estructurales como el del Gustavo Petro y Francia Márquez.

La agenda de reformas anunciada es sustantiva y variada. En salud, en pensiones, en transición energética, política criminal y penitenciaria, reforma política, reforma agraria, por solo nombrar las que más han generado debate. Pero también llama la atención que no se haya hablado de reforma a la justicia (la paz total no puede considerarse una reforma a la justicia), de reforma al sector de seguridad y defensa (Reforma a la Policía, al Esmad), o dos que considero esenciales: una reforma administrativa al Estado y una reforma a la descentralización, sin las cuales, los cambios que se propongan no podrán ser implementados. Reformas sectoriales sin reformas al diseño institucional no tienen futuro más allá del período de gobierno.

Ahora, ¿con cuáles reformas debe darse la pelea el gobierno? Depende de muchas variables: dependerá de cuán central sea la propuesta al núcleo ideológico que defiende, de los apoyos con que cuenta en la coalición de gobierno (ahí se desdibuja lo ideológico por las concesiones que es necesario hacer), de la reacción de la opinión pública y de la ciudadanía, de los consensos que la rodean y, en ese balance, jugársela por aquellas que representen un sello distintivo de un gobierno del cambio en procura de lograr un mayor bienestar para todos.

Visto lo que hay, el gobierno debería apostarle a la reforma a la salud en un escenario de concertación con los distintos actores del sistema, apuntando a una mayor equidad en el acceso, mejorar la oportunidad y calidad del servicio y asegurando la sostenibilidad financiera. En ese sentido, es necesario revisar el rol de las EPS que, como intermediarias, hacen parte del problema y de la solución; a una reforma pensional que permita un modelo donde coexistan un sistema público que no dependa tanto del presupuesto nacional en el subsidio a las pensiones más altas, con fondos privados que ofrezcan una mayor rentabilidad sin poner en riesgo los recursos de sus afiliados; a una reforma laboral, especialmente orientada a mejorar las condiciones de empleo y a reducir el empleo informal, unos de los males del mercado laboral que termina afectado el régimen de seguridad social; a una reforma a la educación superior para garantizar el acceso de miles de jóvenes que se quedan en el limbo con un futuro incierto. Esto supone una revisión profunda al régimen de las universidades públicas y privadas que se dirigen inexorablente a la quiebra y, finalmente, una reforma administrativa que implica una reforma profunda al empleo público y a la estructura administrativa del gobierno nacional, especialmente en el sector social, fragmentado y clientelizado, y a los gobiernos territoriales. Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría no tienen la capacidad institucional ni los recursos para cumplir sus funciones: allí el Estado es una ficción.

Si se logra consolidar estas reformas y materializa una negociación exitosa con el Eln y otros grupos ilegales, se hará historia

La reforma política la hace cualquier gobierno, la de transición energética es de muy largo plazo, y lo que debe hacer el gobierno es poner el tema en la agenda y moverlo en escenarios internacionales no sacrificando capital político con una ministra errática en la defensa de la misma. Colombia no puede sacrificar recursos necesarios para los programas sociales por un tema en el que es un insignificante jugador a nivel mundial. La reforma agraria se puede hacer con buenos programas y proyectos en la gestión ordinaria del Ministerio de Agricultura.

El gobierno cree que puede dar todas las discusiones, muchas de ellas sin el rigor necesario. El presidente Petro puede trinar sobre lo divino y lo humano, pero llegará el momento en que tenga que decidir qué puede hacer y qué no. Su gobierno será juzgado por lo que logre y no por lo que ponga en la agenda de discusión.

@cuervoji