Este domingo se vota para Congreso de la República y para definir los candidatos de las coaliciones que participarán en la elección para la Presidencia de la República con otros candidatos ya definidos como tales.
Para el Congreso de la República, está en juego la composición de la institución que cumple la doble función de ofrecer gobernabilidad al presidente elegido y de hacer control político, un equilibrio del que no siempre sale bien librado. Al final del gobierno de Duque, a pesar de sus promesas de cero mermelada, el Congreso terminó siendo un apéndice más del Ejecutivo, apoyando todas sus iniciativas y blindando al gobierno de toda responsabilidad política, lo que ha contribuido con su pobre desempeño, su incapacidad para corregir el rumbo y el alto nivel de desaprobación ciudadana y de pesimismo sobre el futuro del país.
Sea quien sea el presidente, un Congreso heterogéneo y con buena distribución de los bloques de poder, será garantía tanto de gobernabilidad como de contrapeso a posibles abusos, y dadas las alternativas existentes, es una buena oportunidad de reconfigurar ese escenario.
Por supuesto que no hay que ser ingenuo como para no entender que también llegará mucho congresista elegido en empresas electorales que no tienen como propósito precisamente la defensa del interés público, sino la continuidad y consolidación de verdaderos entramados de corrupción que desnaturalizan la actividad política y luego distorsionan la actividad del Estado.
Un buen ejemplo de cómo funciona esto, no solo es lo que ha contado Aída Merlano respecto a la elecciones en Barranquilla, sino lo que se ha visto en el caso del senador Mario Castaño en Caldas, una sofisticada red de corrupción con ramificaciones en varios departamentos; o los cientos de casos de contrataciones en municipios y departamentos direccionadas en favor de candidatos, una operación tan evidente y reconocida que no se explica cómo la Procuraduría y la Fiscalía no han intervenido con mayor severidad. Da la impresión de cierta selectividad en función del vínculo político de los posibles implicados.
El Congreso que viene tiene que saldar las deudas de falta de actividad legislativa durante la vigencia de la Constitución de 1991 en temas tan sensibles como interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, regulación de drogas de uso ilícito, eutanasia, situación que ha dado lugar al protagonismo de la Corte Constitucional y la objeción recurrente de su déficit democrático. Es hora de que el Congreso se ocupe de estos temas y su voto debe tener presente esto.
Pero también, Colombia ha venido aplazando una serie de reformas institucionales: la pensional, la del sector salud, una reforma integral a la justicia - no la cosmética que hizo aprobar el gobierno de Duque-, la de desarrollo rural contenida en el Acuerdo de Paz, la que facilite la transición energética, la urgente reforma a la Policía, la fiscal – sin más recursos no se podrán financiar las otras reformas-, la reforma al modelo de descentralización para mejorar el desempeño del Estado en lo local, especialmente en el pequeño y mediano municipio; fortalecimiento de la institucionalidad social en el contexto del aumento de la pobreza y niveles inaceptables de desigualdad, reformas que deben pasar necesariamente por el Congreso. La dimensión y magnitud del ajuste institucional debe estar presente al momento de depositar su voto para Senado y Cámara este domingo.
Hay buenas opciones en varios partidos políticos, vote a conciencia, busque el candidato o candidata según sus convicciones y pensando en cómo serán representadas sus ideas y preferencias en el Congreso de la República. En medio de las imperfecciones de la política colombiana, usted también puede incidir en la composición de una institución vital para el funcionamiento del Estado y preservación de la democracia.
Votaré por Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico; para Senado, por la lista del Nuevo Liberalismo, y para Cámara Bogotá, por Katherine Miranda.
