Esta es una triste historia sobre los procedimientos administrativos en el sistema de salud que vulneran el derecho de los pacientes a una atención oportuna y de calidad. Me dispensan los lectores la alusión personal, pero considero que el tema es de interés público.
Mi padre, un hombre de 89 años bien vividos, con integridad y rectitud, arrastraba de un tiempo atrás un deterioro cognitivo importante. Al perder movilidad en su mano y pierna izquierdas, se nos recomendó a la familia llevarlo a urgencias para verificar la posible ocurrencia de un accidente cardiovascular. Fue ingresado en la clínica la Sagrada Familia en la ciudad de Armenia, donde fue operado exitosamente de un sangrado cerebral, con “milagro” incluido: semanas atrás no reconocía a nadie de la familia y difícilmente podía sostener una conversación. Luego de la operación recuperó varias de sus funciones cognitivas, un hecho atribuible, según el médico, a que el sangrado presionaba una parte del cerebro que habría acelerado su deterioro. La parte más difícil y de mayor riesgo había pasado.
Sin embargo, mi padre también traía una bradicardia (frecuencia cardíaca lenta) que ameritaba la inserción de un marcapasos luego de la operación, para lo cual, debió quedar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica con un marcapasos externo y permanente monitoreo de sus signos vitales, los cuales evolucionaban satisfactoriamente.
El especialista encargado de la inserción de un marcapasos es un electrofisiólogo, sin embargo, la Nueva EPS nos informó que no tenía disponible uno en Armenia o en ciudades cercanas, y solamente contaban con uno con sede en Florencia, quien solo se hacía presente en Armenia cuando se acumularan varios casos para justificar su desplazamiento. La clínica no podía hacer el procedimiento por su cuenta. Ofrecieron una remisión a la ciudad de Neiva a la clínica Uros -entiendo de propiedad de la Nueva EPS-, opción que se rechazó, no sólo por el riesgo que implicaba un traslado de una persona con un cuadro de salud delicado, sino porque no contábamos con los recursos de apoyo familiar que se requiere para este tipo de situaciones. A partir de ese rechazo, cambió la actitud en la Clínica hacia la familia, se volvieron hostiles y agrios en el trato, señalando que éramos responsables de lo que pasara con mi papá por haber rechazado esa remisión y luego otra hacia Medellín. Es como si la opción de remisión fuera la opción que tanto la clínica como la EPS esperaban. Sigo sin entender cómo puede ser más eficiente llevar el paciente donde el médico que lo contrario. Un experto me explicó que eso está asociado a la modalidad de contratación y a que los incentivos están diseñados para favorecer la prestación de servicios en su propia red, un ejemplo de integración vertical muy generalizado en el sistema de salud en Colombia.
El cardiólogo advirtió que era muy importante la inserción del marcapasos, no sólo para evitar una infección coronaria, sino por la inestabilidad del dispositivo externo, debido a movimientos corporales del paciente. En al menos dos oportunidades tuvieron que reacondicionarlo y, en la tercera, mi padre tuvo un paro cardíaco, fue objeto de reanimación quedando ad portas de la muerte, la cual finalmente sucedió el día 4 de septiembre, previa aceptación por parte de la familia de no realizar otra reanimación.
El caso lo puse en mi cuenta de X y recibí inmediato apoyo de la Superintendencia de Salud y de la Defensoría del Pueblo. Ambas entidades hicieron lo que pudieron, realizaron seguimiento diario al tema y contacto directo con la clínica y la EPS, pero no fue posible que la Nueva EPS asignara un electrofisiólogo. Siendo Armenia una ciudad capital, no me quiero imaginar cómo será este tipo de situaciones en municipios intermedios y zonas rurales. La respuesta que recibí es que así funciona el sistema, uno en el cual prevalecen los trámites administrativos y los amarres contractuales sobre el derecho a la salud de los pacientes.
En el marco de la discusión sobre la reforma a la salud, entiendo el rol de aseguramiento y gestión del riesgo de las EPS, pero no entiendo cómo los hospitales quedan amarrados a ese sistema. En casos de urgencias vitales debería existir un mecanismo que permita a las IPS realizar el procedimiento y pasar la factura a un fondo público de calamidades en salud. Entiendo que eso puede hacerse hoy como urgencia vital, pero las EPS tienden a rechazar estos eventos y el hospital se queda con la deuda. Un tema estructural.
Como lo mostró la Contraloría y ahora la Fiscalía con el llamado a juicio del exdirector de la Nueva EPS, el desgreño administrativo y/o la corrupción vienen de tiempo atrás. La intervención del gobierno lejos de mejorar la situación, la ha empeorado. El ministro de Salud hizo de este debate –que es de fondo- un pulso político, olvidando que puede darse sin que se afecte la prestación del servicio. Los cerca de 12 millones de afiliados a la Nueva EPS tienen que luchar día a día con citas, atenciones, remisiones, entrega de medicamentos y muertes, una tragedia silenciosa que el gobierno parece no tomarse en serio porque lo que importa es señalar a los responsables del desastre y no tomar medidas inmediatas como la de ajustar la UPC, porque ninguna EPS está alcanzando a cubrir los gastos de un sistema que colapsa lentamente.
No sabemos si mi padre hubiera podido regresar a casa y tener un tiempo de vida más entre nosotros. Siempre nos quedaremos con la duda y la tristeza de no haber podido descifrar el funcionamiento del sistema, pero pesó más la indolencia que se esconde detrás de procedimientos administrativos en un diseño institucional erróneo.
Lo he dicho en anteriores columnas: el gobierno de Gustavo Petro no ha entendido la dimensión institucional del cambio y, en materia de salud, no entendió que mientras se debate cuál debe ser el mejor sistema, no se podían permitir que continuara el deterioro de los servicios en salud, especialmente de las EPS intervenidas.
Probablemente la negligencia de la Nueva EPS se hubiera dado de todos modos con otro gobierno, porque parece una cosa estructural, de cultura institucional, pero fue en este donde se dio, en un gobierno que prometió cambiar las cosas y poner el Estado al servicio de la vida. Para mi padre eso se quedó en palabrería.
