Colombia es el único país de América Latina que todavía tiene un conflicto armado interno. En otros países del continente también hay pobreza, desigualdad, democracia restringida, presencia de rentas ilegales, pero solo en Colombia persiste el conflicto, en medio de estabilidad democrática acompañada de múltiples violencias, incluida la violencia política.
La explicación podría estar en que en Colombia el control territorial del Estado –el fundamento y origen del Estado moderno– no se ha logrado consolidar de manera definitiva. Desde los trabajos de Paul Oquist, pasando por los de Daniel Pécaut, Fernando Guillén Martínez, Fernán González, Francisco Leal Buitrago, Ana María Bejarano, Ingrid Bolívar o Francisco Gutiérrez Sanín, la ausencia o debilidad del Estado ha sido recurrente para explicar, tanto el origen como la persistencia del conflicto armado.
Mucho se ha escrito sobre el origen de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19; sobre el surgimiento de las Autodefensas, el paramilitarismo y su transformación hacia crimen organizado; y sobre también cómo la variable narcotráfico ha permitido la degradación y extensión del conflicto más allá de sus orígenes, pero también sobre cómo la falta de un control territorial termina explicando esa extensión en el tiempo del fenómeno de violencia armada que se recicla constantemente.
El Estado ha logrado sacar de la guerra a mucha gente, en diferentes procesos de paz, de negociación o de sometimiento a la justicia, y militarmente ha logrado revertir la correlación de fuerzas, pero no ha sido posible consolidar una paz integral. El espacio dejado por los actores armados que se integran a la institucionalidad es ocupado por otros grupos armados con más o menos intencionalidad política, en una especie de reciclaje infinito, como bien lo mostró María Teresa Roderos en Guerras recicladas. El control coercitivo a poblaciones y de los flujos de mercados legales e ilegales, en un contexto de debilidad estatal, constituyen el principal incentivo para seguir en la guerra.
El acuerdo con las FARC, la guerrilla más antigua, más poderosa y con mayor presencia en el territorio, constituyó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto armado. Pero, ni el gobierno Santos, ni el de Duque, ni el de Petro, han tomado las medidas necesarias para ocupar, militar e institucionalmente, el espacio dejado por esa guerrilla, lo que sí han hecho otros grupos armados con denominaciones, estructuras y motivaciones diferentes. La crisis de seguridad en el bajo Cauca antioqueño por la acción del Clan del Golfo, solo es una muestra dramática de la debilidad del Estado para enfrentar ese desafío, como bien lo expuso el gobernador Aníbal Gaviria.
Es difícil pensar en las motivaciones políticas de grupos como el Clan del Golfo para explicar su existencia, pero sí es fácil advertir que la capacidad de control coercitivo sobre poblaciones en varias regiones del país es suficiente incentivo para seguir en armas y de autopercibirse como un actor que demanda un tratamiento político.
Lo mismo puede decirse de una guerrilla como el ELN, que sabe que ya no es posible tomar el poder por las armas –en realidad esa nunca fue una posibilidad–, pero que en el control difuso que tiene sobre algunas zonas y la coerción violenta que ejerce sobre la población allí asentada, está la motivación para persistir en la guerra. Es una guerrilla cuyo objetivo es sobrevivir, a sabiendas de que el Estado no tiene la capacidad inmediata de una victoria militar definitiva.
En términos políticos y de confrontación armada, para ninguno de los grupos en armas es negocio desmovilizarse en estos momentos, salvo que logren un marco general que combine impunidad, legalización de sus rentas y estatus político, algo de lo que el gobierno ofreció pero que ha encontrado dificultades jurídicas y políticas para materializarlo.
El fundamento de la paz total empieza por la implementación del acuerdo con las FARC, una nueva estrategia de seguridad y defensa que disuada a varios de estos actores de seguir en armas, y una apuesta de fortalecimiento institucional que libere a las comunidades de la coerción violenta de la que son víctimas, acompañado de un marco normativo diferenciado para cada grupo, una operación de alta ingeniería jurídica que no se advierte hasta el momento.
Las excusas del gobierno para no cumplir el acuerdo con las FARC parecen ser la antesala de la explicación de un eventual fracaso de la paz total.
