:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/909ac967-7658-46aa-a4ff-2e80914ce5a9.png){kind=small}
El debate sobre quién debe ocupar los altos cargos en el Estado está mal planteado en Colombia.
Mucho político ha ocupado cargos en el Estado y lo ha hecho bien. Un caso emblemático ha sido Germán Vargas. Ha habido activistas que lo han hecho de maravilla. El caso de la actual ministra de Ambiente es un buen ejemplo. Los técnicos, aquellas personas que tienen la experticia necesaria, por ejemplo, para formular un proyecto, diseñar un plan de acción, estructurar un presupuesto, permanecen en las entidades y extienden la curva de aprendizaje en beneficio de la gestión pública y, generalmente, permanecen en la sombra. Los académicos, quienes hemos pensado los temas durante un buen tiempo, cada vez estamos más alejados de la administración pública.
Me dispensan un comentario personal. En los últimos 20 años me he dedicado a estudiar los temas de justicia, he participado en dos campañas presidenciales haciendo aportes sobre este tema, conozco bien cuál sería una buen hoja de ruta para una reforma a la justicia en Colombia, y nunca un gobierno me ha llamado a hablar de ello. Podría decirse que soy un experto que no ha sido tenido en cuenta ¿Cuántas personas más habrá así en otros asuntos? Conocimiento y saber desperdiciados por prejuicio ideológico y falta de padrinazgo político, como me lo han hecho saber varias veces.
Alguien me preguntó el otro día, en el contexto de este debate, si me operaría los ojos por un especialista en acueductos. O también he leído que a nadie se le ocurriría entregar un avión a un médico. La pregunta correcta debe ser: entre quienes están capacitados para volar un avión, ¿a quién se lo entregaría? Al de más experiencia, contada por horas de vuelo; al de más habilidad surtiendo rutas difíciles, a quien esté más descansado y en mejores condiciones para volar. Las aerolíneas lo tienen claro y jamás se les ocurriría preguntar si le podrían entregar un avión a la persona que hace señales en la pista, quien no ha sido capacitada para volar. Sobre la operación de los ojos, la pregunta válida es a quien le confiaría esa tarea bajo la premisa lógica de que puede hacerlo porque ha estudiado oftalmología u optometría. Es una tontería preguntar si le puedo confiar esa tarea a un panadero.
Es raro que se dé por sentado que el director de Planeación Nacional tenga que ser un economista. Los economistas, en general, no han sido preparados para temas de gobierno, formulación de políticas públicas o de gerencia pública. Revisando el plan de estudio de pregrado en Economía de cuatro universidades privadas, de dónde ha egresado esa élite tecnocrática que ha dirigido las instituciones económicas y de planeación, no hay una materia de planeación, ni de políticas públicas, ni de formulación de proyectos, administración o gerencia pública. Tampoco tienen una formación sectorial en temas como salud, educación, ambiente, seguridad. Tienen, como es apenas obvio, habilidades matemáticas, pero hemos creído que los economistas están preparados para ser gerentes públicos, descartando otras profesiones como Ciencia Política –en la que hay un componente importante en gobierno y políticas públicas–, los programas de Gobierno o los de Administración Pública, tanto en universidades públicas como privadas. Le hemos entregado la conducción del Estado a economistas y abogados sin que estén preparados para ello.
Por supuesto que muchos de esos economistas y abogados han hecho estudios de posgrado donde aparece la formación en asuntos de gobierno y de políticas públicas, pero lo cierto es que gobernar se aprende gobernando, y es un hecho que los profesionales egresados de universidades públicas difícilmente han accedido a los altos cargos del Estado en el último tiempo –antes era lo habitual– y, por estar cercanos a partidos y movimientos de izquierda, han tenido muy pocas posibilidades de hacer parte de cargos directivos en gobiernos de centroderecha. Hay un trasfondo de clasismo en este debate.
Por eso se celebra como un logro que este gobierno haya designado a tres exministros que son reconocidos como de ideas progresistas (Ocampo, López, Gaviria), quienes hacen parte de esa élite tecnocrática del establecimiento, y a los que es razonable preguntar qué dejaron de hacer o no hicieron bien mientras estuvieron en el poder. A Ocampo, por el pobre desempeño en crecimiento económico cuando ha sido ministro de Hacienda; a López, por la persistencia de la brecha entre el campo y la ciudad, habiendo sido dos veces ministra de Agricultura; o a Gaviria, por la solidez financiera e institucional del sistema de salud del que ahora señala estar al borde del colapso definitivo. En los seis años que estuvo al frente del Ministerio desaparecieron varias EPS, lo cual era una señal de los problemas de ese modelo de intermediación ¿Por qué no fue corregido? Si bastaron dos años de incompetencia de un gobierno de izquierda, tampoco es que se hubiera hecho la tarea necesaria para blindarlo de la crisis que empezó a denunciar como ministro de Educación (¿?) de este gobierno. López y Gaviria fueron directora y subdirector de Planeación Nacional sin estar preparados para el cargo, y no recuerdo que hubiese reproches sobre su desempeño. Claro, estaban blindados de antemano por su formación y su capital social.
Es raro también que se diga que un político no puede ser un buen planificador, pero como asociamos ser político con ser corrupto, vago e incompetente, no pensamos que alguien que venga de la política pueda hacerlo bien en una entidad ni que pueda aprender sobre ello. Pierre García, politiquero del Tolima, según la Fiscalía, se alió con políticos corruptos para direccionar recursos del DPS durante el gobierno anterior. Sobre su nombramiento no hubo rechazo ni objeción alguna, y hasta condecoración le colgaron en el Congreso de la república y presidencia por sus invaluables servicios a la patria.
La selección del talento humano en el servicio público colombiano es una tarea pendiente. La carrera administrativa no se ha consolidado como un sistema de mérito, no tenemos un servicio civil sólido y robusto que permita a los gobiernos escoger servidores púbicos capacitados en diferentes áreas. La precarización laboral a través de contratos de prestación de servicios, la tercerización y la provisionalidad, siguen siendo la norma; la recomendación política para acceder a un cargo hace parte de nuestra cultura política e institucional, y al establecimiento político no le interesa ni le conviene cambiar el modelo de clientelización del Estado, y así nos va.
Que llegue Bolívar al DPS, no es solo responsabilidad de Gustavo Petro, es una consecuencia del modelo.