Quienes hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro con la idea de recuperar el país, da la impresión de que lo hacen en la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española que indica que recuperar es “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía”, porque claramente consideran que el país les pertenece y nadie distinto puede hacerse con el poder.
Cuando leo, por ejemplo, al excanciller Fernández de Soto diciendo que en el 2026 “Colombia enfrentará una de las elecciones más decisivas para su futuro” pues está en juego su democracia e institucionalidad, estabilidad y prosperidad, entiendo el grado de conmoción y de desasosiego que ha traído a nuestras élites el primer gobierno de izquierda, que no estaban preparados para la alternancia democrática, la cual entendían simplemente como un relevo conveniente sin mayores sobresaltos.
He leído opinadores y escuchado a líderes políticos señalando que el país está prácticamente entregado al crimen organizado, quebrado en lo económico y aislado del escenario internacional, y que la misión es la de no solo recuperarlo, sino también de reconstruirlo para volver a ser la potencia que éramos antes de 2022.
Este gobierno no ha sido un gobierno de grandes transformaciones institucionales, las reformas que ha concretado no constituyen precisamente una revolución progresista, pero ha logrado un cambio en la forma como el Estado se relaciona con sectores sociales históricamente excluidos, abrió espacio a otras formas de expresión política y modificó la matriz de representación, algo que incomoda a los partidos y liderazgos tradicionales y a todos aquellos que creen que lo público se construye desde arriba y sin participación. Como bien lo señaló Álvaro Forero en El Espectador, el reto de Petro no era gobernar bien sino el de consolidar a la izquierda como alternativa de poder, y eso se ha logrado porque era necesaria una reconstitución del mapa del poder, aunque esto aún no es suficiente para traducirlo en mejores condiciones de vida para la población.
Los indicadores macroeconómicos (crecimiento de la economía, tasa de desempleo, consumo de hogares) no reflejan el desastre que nos han querido vender, aunque sí hay temas que deben ser objeto de revisión, tales como la deuda pública y el déficit fiscal que reflejan un pobre desempeño del equipo económico del gobierno. Otros indicadores, como reducción de la pobreza o el repunte del sector agropecuario reflejan que, en medio de un contexto difícil —una guerra arancelaria—, la economía colombiana da señales de resiliencia. Pendiente la transición energética más allá de la retórica.
La seguridad, uno de los temas sobre los cuáles la oposición construye su narrativa de apocalipsis, tiene que revisarse y cambiar el libreto de negociación sin presión militar y concesiones a cambio de nada. Los incentivos de la “Paz Total” fueron equivocados y el gobierno tiene tiempo para corregir el rumbo. Las relaciones internacionales deben recomponerse, incluyendo una normalización con los Estados Unidos con un criterio más equilibrado y menos obsecuente de lo que nuestra diplomacia nos tiene acostumbrados. El sistema de salud no ha mejorado y eso afecta a millones de colombianos.
Quedaron muchos pendientes: una reforma a la justicia pensada en el acceso, una reforma al sistema de protección social para enfrentar la creciente vulnerabilidad en las ciudades, no haberse blindado contra la corrupción, y haber hecho del discurso presidencial un constante escenario de confrontación y hostilidad innecesaria.
Pero no “nos volvimos Venezuela”, las instituciones salen fortalecidas porque entendieron la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo. Los medios entendieron la necesidad de ser un contrapoder, aunque algunos cruzaron la línea para convertirse en opositores políticos y apostarle a la defenestración de la figura presidencial.
Si los sectores políticos tradicionales desean recuperar el poder, no es quitándoselo a Petro o a la izquierda: es entendiendo que la conversación cambió, que no pueden seguir ofreciendo lo mismo, pues el espacio político se amplió y las viejas fórmulas de gradualismo compasivo ya no funcionan; que el país no les pertenece, y deben tener claro que todos esos a quienes han mirado con desprecio y condescendencia encontraron en Petro —con todos sus errores y dislates— quien los reivindicara e hiciera parte del contrato social de la Constitución de 1991.
