La temporada de vacaciones de fin de año nos permite ver que en Colombia el turismo crece sin ninguna planeación y al margen de una política integral de largo plazo.
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Si bien existe un marco normativo como lo es la Ley 2068 de 2020, un plan sectorial de turismo que se aprueba cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo y documentos de política pública disponibles en la página web del Viceministerio de Turismo —la mayoría sin vigencia, actualización, plan de acción, recursos ni evaluación—, lo cierto es que no tenemos una política estatal que permita articular las competencias de los distintos sectores (turismo, infraestructura, seguridad y ambiente), las de la nación con las de los entes territoriales y los escenarios de planeación participativa con los operadores turísticos, las comunidades receptoras e incluso los turistas, de manera tal que pueda hablarse de una industria consolidada en permanente desarrollo y evolución que deberá aportar al PIB nacional los recursos que se pierdan en la transición energética, como lo ha anunciado el Gobierno de Gustavo Petro.
Aunque la mencionada ley prevé que su objetivo es “fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos”, los instrumentos de política pública existentes —tales como incentivos tributarios, normas técnicas, institucionalidad regional, entre otros— son insuficientes para promover el turismo de manera organizada. Se debe apostar no solo a la cantidad de destinos y productos turísticos —el indicador más fácil de lograr—, sino también a la calidad de los mismos, preservando los derechos de las comunidades receptoras y garantizando los derechos de los turistas; por ejemplo, en la aplicación del enfoque diferencial que supone la adaptación de los productos turísticos (hoteles, restaurantes, transporte, sitios de atracción) a las necesidades de personas con discapacidad, personas mayores y otras condiciones especiales que requieren medidas afirmativas para evitar la discriminación. Todo ello, en el contexto de la preservación ambiental de los destinos y la formalización para evitar la precariedad laboral en una industria de ciclos económicos que exige un régimen flexible de vinculación.
Pero esto no pasa, cada destino crece por su cuenta al margen de la normatividad turística que no logra articularse con la normatividad de ordenamiento y de planeación departamental y municipal. Los lugares son devorados por el turismo generando caos; desorden urbanístico; burbujas inflacionarias; informalidad en la prestación de los distintos servicios asociados, tales como hoteles y hostales sin registro turístico; falta de regulación de los sitios Airbnb que afectan la oferta hotelera; problemas de seguridad en transportes fluviales, lacustres y marítimos; precios exorbitantes de los servicios, especialmente para turistas extranjeros, como sucede en algunas ciudades de la costa Caribe; apropiación y uso indebido de las playas por parte de hoteles; explotación sexual asociada al turismo, con la complicidad de operadores e inacción de las autoridades de policía, entre otros problemas que se viven constantemente sin que nadie haga algo para impedirlo.
Destinos turísticos como Cartagena y El Rodadero en la costa Caribe, Salento y Filandia en Quindío, San Gil y Barichara en Santander, Santa Fe de Antioquia y Guatapé en Antioquia, auténticas joyas de la corona, son solo algunos ejemplos de la mala planeación turística que puede conducir al deterioro irreversible del destino, ante la impotencia de autoridades y desespero del turista.
En un gobierno del cambio, esto tiene que cambiar. Ministro Umaña: reconfigure el Viceministerio —¿por qué no volverlo ministerio?—, elabore un plan sectorial sólido y consistente a cuatro años, reformule y actualice las políticas existentes, asígneles recursos y fije un plan de acción verificable en diálogo permanente con autoridades departamentales y municipales.
El turismo no pude seguir creciendo de manera silvestre y sin ninguna planificación.
