Vulnerabilidad en las calles

La muerte de once personas en Barranquilla por el consumo de licor adulterado pone de nuevo el tema en la agenda de la vulnerabilidad social, un tema que crece en ciudades capitales e intermedias, sobre lo cual las autoridades hacen poco o nada.

La mayoría de las personas que fallecieron fueron reconocidas como habitantes de calle del centro de Barranquilla, quienes consumen este tipo de producto de bajo costo y con alto riesgo de afectación a la salud -muchos pierden la visión- y muerte. La población habitante de calle -un eufemismo para nombrar a quienes no tienen un lugar donde vivir- ha venido creciendo en Colombia sin una respuesta estatal adecuada.

¿Qué tipo de problema es la presencia de habitantes de calle en las ciudades? ¿Es un problema de seguridad? ¿Es un problema de afectación del espacio público? ¿Es un problema de convivencia? ¿Es un problema de vulnerabilidad de estas personas? La respuesta definirá el tipo de acciones que deben adoptarse.

En Colombia, el artículo 13 de la Constitución establece que el Estado “adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta”. La Corte Constitucional ha definido que los habitantes de calle entran en esta categoría como sujetos de protección constitucional. Existe una ley, la 1641 de 2013 que establece los lineamientos de política pública para habitantes de calle, y el Ministerio de salud aprobó un documento de política pública con una vigencia temporal hasta 2032. Muchas ciudades como Bogotá, Medellín, Santa Marta, Pereira tienen una política para enfrentar el fenómeno. Es decir, hay marco normativo, hay documentos de política, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrollando criterios para mejorar la formulación de las políticas, pero el fenómeno sigue creciendo sin que las autoridades sepan muy bien cómo enfrentar esta situación.

Según datos del Ministerio de Salud -que no coinciden en todos los casos con los censos por ciudad que ha realizado el Dane-, en Colombia habría cerca de 35.000 personas en situación de calle, la mayoría concentrados en Bogotá (9538, sin embargo, el último censo de 2024 esa cifra llega a 10.478, lo que significa un aumento de 10,7 % en siete años); Cali (4749); Medellín (3214); Barranquilla (1795); Bucaramanga (1448) y Cúcuta (1211). Llama la atención que ciudades pequeñas como Armenia tiene una tasa de concentración de 28.03 por 10 mil habitantes.

Es un error decir que el aumento de habitantes de calle es un fracaso de la política pública, porque no es objetivo de dicha política prevenir la habitabilidad de calle. El objetivo es el de reducir las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes de calle, por lo tanto, los instrumentos de política, tales como albergues, hogares de paso, acceso a servicios sociales, programas de rehabilitación por consumo de sustancias sicoactivas, alcohol o pegante, oportunidades de trabajo, deben estar orientados a reducir dicha vulnerabilidad, lo cual puede ser la puerta de salida de la calle, aunque como bien lo señala la ley y lo ha definido la Corte, el Estado no puede obligar a las personas a abandonar la calle o a impedir que estén en ella, salvo que cometan conductas que alteren la convivencia y la seguridad, y en tal caso deben responder ante la ley como cualquier ciudadano.

La mayoría de habitantes de calle (84 %) son hombres entre los 15 y los 45 años con más de cinco años en situación de calle. El consumo de sustancias sicoactivas y los conflictos familiares son las principales razones para iniciar la vida en calle y también para continuarla, lo que implica que una política para esta población debe tener un componente importante frente al consumo problemático. Por supuesto que el habitante de calle carga con todo el estigma de discriminación que puede tener una persona en el espacio público, y eso hace difícil que este tipo de políticas esté en el primer lugar de la agenda.

La problemática social que está detrás del fenómeno de habitabilidad de calle -desplazamiento, migración irregular, redes urbanas de microtráfico que usan al habitante para sus propósitos, entre otras causas- va más allá de la respuesta tradicional de acceso a servicios sociales. Las administraciones locales hacen lo que pueden con lo que tienen, no siempre con el mejor enfoque (en Bogotá decidieron darles una bolsa para que no ensucien la calle), pero necesitan línea estratégica, recursos y asistencia técnica del gobierno nacional y de organizaciones sociales conocedoras del tema.

¿Será que el tema de la vulnerabilidad social estará en la agenda de la próxima campaña?

@cuervoji