El ataque de las Farc contra el municipio de Inza exige que los diálogos en la Habana continúen bajo condición humanitaria, esto es, si bien se ha pactado que no hay cese al fuego como supuesto para el diálogo, por lo menos estos deben hacerse con pleno respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Esta condición que el Estado debe imponer en la mesa, y en la cual debe acompañarlo la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, debe ser el mínimo para que en desarrollo de las conversaciones no se presenten más actos de terrorismo por parte de las Farc contra población civil, ni se presenten abusos por parte del Ejército y Policía como los que se dieron en Buriticá, Antioquia, donde murieron varios civiles y otros se reportan como desaparecidos. Este acuerdo de normalización humanitaria debe ser verificado por un tercero imparcial, como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene la credibilidad y la logística para hacerlo.
Si bien la paz es un anhelo de la mayoría de los colombianos, el gobierno no puede aceptar que las Farc sigan realizando actos de terrorismo contra la población civil, prohibidos por el artículo 4 del Protocolo II de Ginebra, aplicable al conflicto colombiano. Desde la Habana se dijo que era un acto de guerra por el hecho de haber muerto soldados y policías. Pero no es cierto, el ataque se hizo en casco urbano y si bien al parecer iba dirigido contra la estación de Policía, también es cierto que en ese perímetro había civiles, dos de los cuales murieron. Que la estación esté en el caso urbano no convierte en objetivo militar las edificaciones contiguas o cercanas. Esa es una mala interpretación del DIH que siempre ha hecho las Farc para justificar sus ataques a bienes civiles con armas no convencionales de daño indiscriminado como las bombas y pipetas.
Con el anuncio de una tregua unilateral las Farc quieren dar vuelta a la página a este acto que las envilece ante el propio pueblo que dicen defender, y el gobierno no pasa de la indignación retórica. Pero se precisa más, se necesita de un punto de quiebre en la negociación y sujetarla a una serie de compromisos de carácter humanitario, tales como no sembrar minas, no secuestrar – compromiso que ha sido declarado pero al parecer no cumplido- y, por sobre todo, no realizar actos de terrorismo contra la población civil.
Hay que enriquecer éticamente la negociación, sobre todo si como todo indica, durará más de lo previsto. No puede ser que el gobierno pase de agache ante algo tan grave como lo de Inza bajo el argumento de que así es la guerra y hace parte de las condiciones de negociación. Así no es la guerra, en la guerra no todo está permitido y para eso es el Derecho Internacional Humanitario.
La guerra es entre combatientes y no de cualquier manera, y si el gobierno no exige que se dialogue sin que se ataque a la población civil, está faltando a su deber de proteger la vida de los colombianos y permitiendo que la confianza sobre el resultado de las negociaciones se deteriore, con lo cual se afecta el entorno de legitimidad que este tipo de hechos políticos exige.
@cuervoji
El ataque de las Farc contra el municipio de Inza exige que los diálogos en la Habana continúen bajo condición humanitaria, esto es, si bien se ha pactado que no hay cese al fuego como supuesto para el diálogo, por lo menos estos deben hacerse con pleno respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Esta condición que el Estado debe imponer en la mesa, y en la cual debe acompañarlo la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, debe ser el mínimo para que en desarrollo de las conversaciones no se presenten más actos de terrorismo por parte de las Farc contra población civil, ni se presenten abusos por parte del Ejército y Policía como los que se dieron en Buriticá, Antioquia, donde murieron varios civiles y otros se reportan como desaparecidos. Este acuerdo de normalización humanitaria debe ser verificado por un tercero imparcial, como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene la credibilidad y la logística para hacerlo.
Si bien la paz es un anhelo de la mayoría de los colombianos, el gobierno no puede aceptar que las Farc sigan realizando actos de terrorismo contra la población civil, prohibidos por el artículo 4 del Protocolo II de Ginebra, aplicable al conflicto colombiano. Desde la Habana se dijo que era un acto de guerra por el hecho de haber muerto soldados y policías. Pero no es cierto, el ataque se hizo en casco urbano y si bien al parecer iba dirigido contra la estación de Policía, también es cierto que en ese perímetro había civiles, dos de los cuales murieron. Que la estación esté en el caso urbano no convierte en objetivo militar las edificaciones contiguas o cercanas. Esa es una mala interpretación del DIH que siempre ha hecho las Farc para justificar sus ataques a bienes civiles con armas no convencionales de daño indiscriminado como las bombas y pipetas.
Con el anuncio de una tregua unilateral las Farc quieren dar vuelta a la página a este acto que las envilece ante el propio pueblo que dicen defender, y el gobierno no pasa de la indignación retórica. Pero se precisa más, se necesita de un punto de quiebre en la negociación y sujetarla a una serie de compromisos de carácter humanitario, tales como no sembrar minas, no secuestrar – compromiso que ha sido declarado pero al parecer no cumplido- y, por sobre todo, no realizar actos de terrorismo contra la población civil.
Hay que enriquecer éticamente la negociación, sobre todo si como todo indica, durará más de lo previsto. No puede ser que el gobierno pase de agache ante algo tan grave como lo de Inza bajo el argumento de que así es la guerra y hace parte de las condiciones de negociación. Así no es la guerra, en la guerra no todo está permitido y para eso es el Derecho Internacional Humanitario.
La guerra es entre combatientes y no de cualquier manera, y si el gobierno no exige que se dialogue sin que se ataque a la población civil, está faltando a su deber de proteger la vida de los colombianos y permitiendo que la confianza sobre el resultado de las negociaciones se deteriore, con lo cual se afecta el entorno de legitimidad que este tipo de hechos políticos exige.
@cuervoji