De cara a un escenario de posacuerdo con las Farc, la consolidación de la paz dependerá de varias tareas urgentes, algunas de las cuales se originan en el diseño de la Constitución de 1991, y otras de las malas prácticas de la clase política, del gobierno de la rama judicial y del desentendimiento de la ciudadanía para defender los valores esenciales del texto constitucional, eligiendo a quienes han sido sus principales enemigos.
Por supuesto que un escenario de paz deberá incluir a otros grupos armados como el ELN o los ahora llamados Grupos Armados Organizados, porque el primer desafío que debe enfrentar el Estado colombiano es el de recuperar el monopolio de la fuerza y proveer seguridad pública en todo el territorio.
La primera tarea es la reconstrucción del Estado en las regiones, que ha permitido que en muchos casos los actores ilegales lo sustituyan, bien para control territorial para sus negocios, o bien para instaurar verdaderos órdenes sociales y políticos. La provisión de bienes públicos en muchos municipios es sólo letra muerta en los planes de desarrollo y en los mecanismos de coordinación Nación – territorio. La mirada del gobierno nacional sigue siendo muy paternalista y asistencialista, focalizando el gasto en las poblaciones más vulnerables sin que haya mecanismos de articulación que permita hablar de políticas sociales. Programas como Familias en Acción han ayudado a mitigar la pobreza pero aún estamos lejos de una verdadera estrategia integral.
Pero para dar paso en materia de una mejor provisión de bienes públicos en el territorio, es necesario revisar de nuevo el modelo territorial y abandonar al municipio como eje de la descentralización, para pasar a un nivel mucho más agregado, o bien las regiones, o fortalecer la figura departamental como motor del desarrollo regional, un viejo anhelo no materializado en ninguna de las leyes de ordenamiento territorial existentes. La mayoría de los municipios de Colombia no son viables económicamente, tienen muy pocos recursos propios y dependen fundamentalmente de las transferencias nacionales o las regalías, razón por la cual, no pueden satisfacer las demandas ciudadanas, y entoncdes la elección popular de sus mandatarios no deja de ser un gesto democrático sin impacto en las condiciones de vida de las personas. Es urgente volver a debatir más allá de la retórica democrática el papel de los concejos municipales y las asambleas departamentales que son muy costosas para lo poco que hacen.
Como tercer punto, es necesario replantear el tema del ejercicio de la política y, especialmente, el tema de la financiación de las campañas. La política no puede pensarse como un negocio porque ahí está el origen de la corrupción y del desentendimiento de los gobernantes de las necesidades sociales. Los períodos gobiernos se van en pagar favores y en recuperar la inversión y esto hay que corregirlo cuanto antes.
En cuarto lugar, es necesario modificar las reglas del sistema político para aumentar la representatividad de minorías políticas y sociales en las corporaciones públicas. El déficit de lineamientos normativos de políticas públicas en favor de poblaciones vulnerables y minorías, rol que ha tenido que asumir la Corte Constitucional, se debe a un déficit de representatividad de estas fuerzas en el sistema político, y ese modelo no es sostenible ni técnicamente deseable.
Por último, la justicia. Las dos fallidas reformas a la justicia durante los gobiernos de Santos, y el reforzamiento del espíritu corporativo de las cabezas de la rama judicial exigen un gran acuerdo nacional para reformar la administración justicia, de manera que pueda hacerse más accesible y oportuna a los ciudadanos. Una paz sin una justicia capaz de tramitar las necesidades jurídicas que surjan del posconflicto, simplemente no es viable.
