Los viajes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, en ejercicio de permisos remunerados es sólo un hecho más de una serie de actuaciones indecorosas e inmorales que vienen protagonizando desde hace un tiempo varios integrantes de la cúpula del poder judicial.
En una democracia como la colombiana, tan desequilibrada en términos institucionales, el poder judicial ha jugado un rol de equilibrio cuando no de contrapeso a los posibles abusos de autoritarismo de los gobiernos y a la crisis de representatividad del Congreso para tramitar las demandas sociales. El diseño posterior al Frente Nacional hizo del poder judicial el verdadero árbitro de la democracia, y en general los jueces han jugado ese papel con verdadera integridad.
Fue la Corte Suprema de Justicia anterior la que dio libre a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, un acto de audacia jurídica que permitió desbloquear al sistema político. Ha sido la Corte Constitucional con su jurisprudencia la promotora de un Estado garantista de los derechos de las minorías y de los más vulnerables. Ha sido el Consejo de Estado el pionero en diseñar sistemas de responsabilidad estatal anteriores a la justicia transicional. No hace mucho, esta misma Corte Suprema con otra composición, enfrentó el tema de la parapolítica, la mayor infiltración del Estado por parte de organizaciones criminales. No han sido pocos los jueces, magistrados y fiscales que han ofrendado su vida por enfrentar el crimen organizado, muchas veces en medio de la indolencia de los gobiernos y la indiferencia ciudadana.
Por eso duele tanto ver la conducta indigna de personajes como la señora Díaz, o la de los magistrados Ricaurte y Munar pasando de una Corte a otra sin ningún recato, haciendo uso de esa especie de carrusel de favores que se incrustó en las Altas Cortes; o la del magistrado Alberto Rojas quien asume su magistratura en medio de una serie de dudas no despejadas acerca de su integridad, o la del magistrado Leonidas Bustos, quien a punta de permisos remunerados ya ha descansado en este semestre lo que le correspondería a un trabajador promedio por trabajar más de dos años.
Estos permisos deben ser justificados no con el simple argumento de adelantar diligencias personales, como es el caso de la presidenta de la Corte para disfrutar de un crucero por el Caribe con compañeros de viaje que son promovidos por ella misma para ingresar al alto tribunal, como es el caso del magistrado Jaime Araque.
Frente a estos casos de deterioro ético de la función pública, el procurador Ordoñez, tan estricto para interpretar la ley en contra de las minorías y de las mujeres en los casos de aborto terapéutico, ha manifestado su respaldo a estos permisos y al carrusel de pensiones, lo que demuestra que su cruzada ética es bastante selectiva y de espalda a la defensa del interés público.
Nada más grave en una democracia que un poder público sin control ciudadano, y lamentablemente un sector importante de la actual cúpula de la rama judicial ha entendido la independencia y la autonomía como una excusa para abusar de la función pública y defender sus intereses personales y gremiales.
@cuervoji
