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¿EN QUÉ PAÍS DEL MUNDO EL MAyor banquero pide que se declare un estado de excepción y el Gobierno sale corriendo a decretarlo? ¿En qué país la defensa del interés privado se camufla en la defensa del interés público? Bueno, en esta Colombia del sagrado corazón de los católicos.
Lo ingenuo está en hacernos creer que a Luis Carlos Sarmiento lo inspira un sentimiento genuino porque en Colombia se aplique justicia. Llamemos las cosas por su nombre: Sarmiento Angulo pide la conmoción para defender sus negocios. Las cifras de la congestión del sistema de justicia así lo indican.
En efecto, según datos de estudios del Cijus de la Universidad de los Andes, ratificados por el Consejo Superior de la Judicatura —esa Corte que el Presidente prometió acabar y hoy es su gran aliada—, la congestión de la justicia civil ordinaria —cerca del 70%— está concentrada en los juzgados civiles municipales y del circuito por los procesos ejecutivos singulares e hipotecarios, de los cuales, al menos la mitad, son procesos que adelanta el sistema financiero, los bancos, contra la clase media. En ese sentido, el verdadero gran damnificado del paro judicial es el señor Sarmiento; de ahí su urgencia porque se encuentre una salida rápida al problema que parecería estar dándose en el momento de publicarse esta columna.
Aparte, es necesario tener en cuenta que como el acceso a la justicia en Colombia es gratuito, es decir, llevar una demanda ante un despacho judicial en principio no cuesta nada, lo que en realidad sucede es que el gasto en justicia es un gasto regresivo porque con los impuestos de todos, los bancos recuperan su cartera y ni siquiera tienen que cubrir los honorarios de sus abogados, gracias a que ese es un costo que se traslada al deudor moroso. Negocio redondo que explica las exorbitantes utilidades del sector financiero y la molestia del señor Sarmiento con los jueces, lo cual, según la declaratoria de conmoción interior, afecta la estabilidad institucional del país.
Lo triste es que los jueces tengan que hacer paro para hacer cumplir la ley, y que los corteros de caña lo tengan que hacer para que se les aplique la ley laboral. El malestar social en Colombia pasa por hacer cumplir los mínimos requerimientos del Estado de Derecho, cuya defensa, para el Gobierno constituye un acto de alteración del orden público que justifica el estado de excepción.
Si algo queda claro de la crisis financiera que vive el mundo, es la reiteración de un viejo corolario de la economía capitalista: el mercado es bueno para privatizar las ganancias, y el Estado lo es para socializar las pérdidas. De esa premisa vive nuestro sistema financiero —y el señor Sarmiento— que invita a endeudarse a la clase media consumista por encima de su poder adquisitivo, a sabiendas de que con los impuestos de todos tarde o temprano recuperará su inversión. Con cara ganan ellos y con sello perdemos nosotros, y así se hace patria y se estimula la confianza inversionista.
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Coletilla. Que quede claro que la llamada reconsagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, y encima al de la Virgen María, es un acto unilateral de la comunidad católica que en nada compromete al resto de los colombianos, y sobre el cual el Estado no puede pronunciarse, así este gobierno confesional se muera de ganas por hacerlo.
