A propósito de los 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán, hay razones para decir que su asesinato, así como otros magnicidios de los 80, como el de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, José Antequera y Jaime Garzón, entre otros, fueron crímenes de Estado, en el sentido de que en la preparación, ejecución y encubrimiento de estos participaron agentes del Estado, especialmente del DAS, de la Inteligencia Militar, de la Policía y de otras agencias estatales, en connivencia con narcotraficantes, escuadrones de la muerte a su servicio y políticos que se veían beneficiados con dichos crímenes.
Ya existen algunas decisiones judiciales y disciplinarias que confirman esta idea. El caso de Maza Márquez y Santofimio en la muerte de Galán es solo uno de los más emblemáticos (caso que deberá revisarse en segunda instancia de aprobarse la ley que promueve el uribismo para favorecer al exministro Arias), pero falta mucho más por saber, porque lo cierto es que ha habido todo un entramado, resultado de negligencia e intencionalidad, para impedir que se conozca la verdad judicial en estos crímenes, como bien lo mostró Juan David Laverde el domingo pasado en este diario. El caso de la desviación de la investigación del crimen de Galán, atribuida al exdirector de la Dijin, coronel Óscar Peláez Carmona, sigue a la espera de un fallo de la justicia. Aquí hay un buen capítulo para que se ocupe la Comisión de la Verdad y nos aclare ese período siniestro de nuestra historia reciente.
No es posible saber qué hubiera sido de Colombia si Galán hubiera sido presidente. La historia no es contrafáctica y seguramente le hubiera tocado enfrentar la arremetida del narcotráfico y del narcoparamilitarismo que tuvo que enfrentar el gobierno de Barco, porque su línea de acción hubiera sido similar. Su agenda de modernización estatal y las medidas de corte social que se hubieran esperado en su gobierno, habrían eclipsado en ese contexto violento que bien sintetiza María Elvira Samper en su libro 1989.
Como reacción a la muerte de Galán, el movimiento estudiantil de la época se movilizó, el gobierno de Barco entendió el mensaje, la Corte Suprema entendió el bloqueo institucional y la precariedad de las instituciones, y de ahí salió la Constitución de 1991, y allí se recogieron muchas de las ideas de Galán, quien también dejó el legado de trazar una frontera ética sobre que, frente al crimen organizado un Estado y una sociedad no pueden ceder, y muchos jueces (Tulio Manuel Castro Gil que investigaba el crimen de Rodrigo Lara), magistrados (Carlos Valencia y Hernando Baquero Borda), periodistas (Guillermo Cano y Jorge Enrique Político), políticos, funcionarios (Carlos Mario Hoyos y Antonio Roldán Betancur) y cientos de ciudadanos ( los de las bombas de Pablo Escobar en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, los del avión de Avianca, entre otros), pagaron con su vida ese desafío que plantearon con valor civil Lara y Galán.
Pero el narcotráfico sigue presente en nuestra realidad, un gobierno liberal, el de Ernesto Samper, se hizo elegir con dineros del cartel de Cali, la parapolítica constituyó otra lianza criminal entre políticos narcos y paramilitares, y aún hoy es el combustible que alimenta el conflicto armado que sobrevive al Acuerdo de paz con las Farc, así que aún no se puede cantar victoria, y menos aun cuando hay sectores de la política y de las elites locales que coquetean con nuevas expresiones más sofisticadas del crimen organizado y se apoderan del Estado para someterlo a sus intereses. Y claro, en el contexto de la guerra contra las drogas que lidera Estados Unidos, será más difícil un triunfo definitivo.
Una clase política que ha hecho del Estado su botín y unas elites que se refugian en esto, bajo la apariencia de una democracia sólida, para defender sus privilegios, no es lo que hubiera querido Luis Carlos Galán, pero todavía hay muchos colombianos que nos resistimos a ello, ese es nuestro homenaje.
A propósito de los 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán, hay razones para decir que su asesinato, así como otros magnicidios de los 80, como el de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, José Antequera y Jaime Garzón, entre otros, fueron crímenes de Estado, en el sentido de que en la preparación, ejecución y encubrimiento de estos participaron agentes del Estado, especialmente del DAS, de la Inteligencia Militar, de la Policía y de otras agencias estatales, en connivencia con narcotraficantes, escuadrones de la muerte a su servicio y políticos que se veían beneficiados con dichos crímenes.
Ya existen algunas decisiones judiciales y disciplinarias que confirman esta idea. El caso de Maza Márquez y Santofimio en la muerte de Galán es solo uno de los más emblemáticos (caso que deberá revisarse en segunda instancia de aprobarse la ley que promueve el uribismo para favorecer al exministro Arias), pero falta mucho más por saber, porque lo cierto es que ha habido todo un entramado, resultado de negligencia e intencionalidad, para impedir que se conozca la verdad judicial en estos crímenes, como bien lo mostró Juan David Laverde el domingo pasado en este diario. El caso de la desviación de la investigación del crimen de Galán, atribuida al exdirector de la Dijin, coronel Óscar Peláez Carmona, sigue a la espera de un fallo de la justicia. Aquí hay un buen capítulo para que se ocupe la Comisión de la Verdad y nos aclare ese período siniestro de nuestra historia reciente.
No es posible saber qué hubiera sido de Colombia si Galán hubiera sido presidente. La historia no es contrafáctica y seguramente le hubiera tocado enfrentar la arremetida del narcotráfico y del narcoparamilitarismo que tuvo que enfrentar el gobierno de Barco, porque su línea de acción hubiera sido similar. Su agenda de modernización estatal y las medidas de corte social que se hubieran esperado en su gobierno, habrían eclipsado en ese contexto violento que bien sintetiza María Elvira Samper en su libro 1989.
Como reacción a la muerte de Galán, el movimiento estudiantil de la época se movilizó, el gobierno de Barco entendió el mensaje, la Corte Suprema entendió el bloqueo institucional y la precariedad de las instituciones, y de ahí salió la Constitución de 1991, y allí se recogieron muchas de las ideas de Galán, quien también dejó el legado de trazar una frontera ética sobre que, frente al crimen organizado un Estado y una sociedad no pueden ceder, y muchos jueces (Tulio Manuel Castro Gil que investigaba el crimen de Rodrigo Lara), magistrados (Carlos Valencia y Hernando Baquero Borda), periodistas (Guillermo Cano y Jorge Enrique Político), políticos, funcionarios (Carlos Mario Hoyos y Antonio Roldán Betancur) y cientos de ciudadanos ( los de las bombas de Pablo Escobar en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, los del avión de Avianca, entre otros), pagaron con su vida ese desafío que plantearon con valor civil Lara y Galán.
Pero el narcotráfico sigue presente en nuestra realidad, un gobierno liberal, el de Ernesto Samper, se hizo elegir con dineros del cartel de Cali, la parapolítica constituyó otra lianza criminal entre políticos narcos y paramilitares, y aún hoy es el combustible que alimenta el conflicto armado que sobrevive al Acuerdo de paz con las Farc, así que aún no se puede cantar victoria, y menos aun cuando hay sectores de la política y de las elites locales que coquetean con nuevas expresiones más sofisticadas del crimen organizado y se apoderan del Estado para someterlo a sus intereses. Y claro, en el contexto de la guerra contra las drogas que lidera Estados Unidos, será más difícil un triunfo definitivo.
Una clase política que ha hecho del Estado su botín y unas elites que se refugian en esto, bajo la apariencia de una democracia sólida, para defender sus privilegios, no es lo que hubiera querido Luis Carlos Galán, pero todavía hay muchos colombianos que nos resistimos a ello, ese es nuestro homenaje.