Al Estado colombiano y a buena parte del establecimiento político y económico, le tomó mucho tiempo darse cuenta que el conflicto armado con las Farc precisaba de una salida política.
Muchos muertos después, mucha pérdida de institucionalidad en el camino y de darle espacio al narcotráfico, finalmente el presidente Santos se la jugó por un proceso de paz con la guerrilla más vieja del continente, interpretando unas condiciones políticas y el cambio en la correlación de fuerzas en lo militar que se dio durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, hechos que de manera tozuda hoy se empecinan ellos en no reconocer.
Santos se jugó su capital político en una carta que no era fácil con la mitad del espectro político en contra, y ante la retórica incesante del líder de la oposición de derecha –y de paso, del procurador Ordóñez, que funge en ocasiones de tal– ya ha empezado a dar señales de no tener la suficiente fuerza para llevar el barco a buen puerto.
Finalmente, el uribismo logró su cometido de poner al Gobierno contra las cuerdas y sembrar la desconfianza en el futuro posacuerdo, vendiendo imágenes falaces que han calado en la opinión pública, tales como la entrega del país a las Farc, la llegada del castrochavismo, la impunidad total y el ejercicio de la política armada. El expresidente Pastrana apuntaló el discurso antipaz con un escenario de apocalipsis institucional bastante improbable.
Pero también es justo que decir que el Gobierno no se ha ayudado, no solamente no logró hacer de la paz un propósito nacional al tachar de enemigos a sus críticos, sino que ha permitido desaciertos en la negociación que han sido capitalizados por la oposición, en un escenario de incertidumbre económica por un cambio en el entorno internacional que hábilmente le atribuyen al Gobierno, como si la caída de los precios del petróleo, por ejemplo, fuera culpa de Santos.
El Gobierno ha girado duro contra su popularidad. El uribismo ha logrado hacer creer que la reelección de Santos es ilegítima por haber sido lograda con una mezcla de mermelada e intimidación, y por eso la conducción del proceso en la Habana es ilegítima. Temas como Reficar, Isagen, las almendras de Vicky, las cortinas, los contratos de la esposa del ministro de Minas, han pasado a ser parte de un imaginario de un Gobierno corrupto, ilegítimo e incapaz. Punto para el uribismo que logró construir un escenario de esta naturaleza, reforzado con la captura por parte de la Fiscalía de Santiago Uribe, lo que ha permitido un discurso de persecución a la oposición política, similar a lo que ocurre en Venezuela. Algo impensable hace un tiempo pero que hoy hace parte de la agenda pública.
Y claro, las Farc tampoco ayudan. El incidente de El Conejo contribuye al imaginario de que harán política con armas y que se les está entregando el país, en un contexto de tregua unilateral que ya no se valora. Y también con un acuerdo de justicia lleno de lagunas e incertidumbres se alimenta la idea de que vamos hacia la impunidad total.
El proceso de paz sufre de una crisis de representatividad que impide avanzar en el tramo final. Las Farc no representan a nadie y cada vez menos colombianos se sienten representados en el gobierno de Santos. No basta el anhelo de paz para convocar, especialmente en las ciudades donde una continuidad del conflicto no tendría mayores efectos.
Incluso una firma del acuerdo final es contraproducente en estas condiciones. ¿Una salida? Suspender las negociaciones, convocar de manera inmediata una consulta sobre si debe firmarse o no la paz, y todas las fuerzas políticas deben acatar el resultado cualquiera que este sea.
@cuervoji
