CON LA EXTRADICIÓN A LOS ESTADOS Unidos de los catorce jefes
paramilitares, se puede dar por terminado, en la práctica, el tortuoso
proceso de justicia transicional que se venía dando con el
paramilitarismo en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Lo que mal empieza, mal acaba. Los paramilitares no llegaron a la mesa de negociaciones por haber sido derrotados política o militarmente, sino porque consideraron que este gobierno les ofrecía garantías para una desmovilización. Lo que fue presentado como un proceso de paz, no fue más que un proceso de sometimiento que dependía de lo que hiciera la justicia.
La fortaleza con la que llegaron a la mesa les permitió poner condiciones que fueron recogidas en la Ley de Justicia y Paz, tal y como fue aprobada en el Congreso. Allí tenían 40% de votos puestos por ellos, seguros para su causa. El Gobierno fue complaciente desde un principio, tanto en los términos de la negociación como en las condiciones de permanencia de los paramilitares en Ralito, donde ya se conocían desmanes de jolgorios y pruebas de que hombres bajo su mando, en viejas y nuevas estructuras, seguían delinquiendo.
La sentencia de la Corte Constitucional cambia radicalmente los términos de la negociación, y esa fue la primera señal de crisis del proceso, pues no entendían que lo que ellos habían pactado con el Gobierno no fuera respetado por la justicia. Posteriormente, la Corte Suprema, al no aceptar la calidad de delito político del concierto para delinquir, hizo aún más complicado que pudieran cumplirse los compromisos. El Gobierno se fue quedando sin margen de maniobra.
El aporte a la verdad de estos extraditados, en la aplicación de la citada ley, fue una afrenta para las víctimas. En las audiencias decían lo que querían, a cuentagotas, sin capacidad de réplica por parte de los fiscales, y en cuanto a su compromiso de reparar con sus bienes, se estaba llegando a límites intolerables como entrega de televisores dañados, parqueaderos y bienes que en realidad eran de la nación. En el momento en que empezaron a entregar pruebas de su relación con políticos y con militares, se convirtieron en un peligro. El hecho que precipitó las cosas fue la decisión de la Corte de impedir la extradición de alias Macaco, hasta tanto no se asegurara la reparación de las víctimas.
Aquí salen perdiendo sobre todo las víctimas, porque si fue difícil su comparecencia en Colombia, mucho más lo será en Estados Unidos; pierden los jefes paramilitares, pues tal vez el único inamovible era no ser extraditados; pierde la Fiscalía, porque el proceso le quedó grande; pierde aún más credibilidad el sistema penitenciario; pierde la Corte Suprema, porque en su afán de querer ganar todas las batallas jurídicas, logró el alejamiento de los testigos importantes de la parapolítica. Si bien hay otros testimonios y otras pruebas, ese proceso queda herido de muerte.
El único ganador es el presidente Uribe. Envía el mensaje de que tiene el control de la situación a pesar de la crisis, que si se trata de luchar contra el narcotráfico es implacable, que no tiene compromisos bajo la mesa con los paramilitares, y de paso hace más difíciles las investigaciones de la parapolítica, y hasta de paso le aprueban el TLC. El rey estaba en jaque, se enrocó y ahora se apresta a ganar la segunda partida.
jorgeivancuervo@etb.net.co
