En un país con graves problemas de acceso a la educación superior, y más aún al nivel de maestría y doctorado, llamó la atención el debate acerca de los supuestos títulos de doctorado de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, pero también el debate en el Congreso entre el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry y el profesor de la UIS, Oscar Vanegas, donde predominó la descalificación y el desconocimiento hacia el pensamiento y la opinión académicas.
Sobre los títulos de Peñalosa y Petro, ya está establecido que ninguno de los dos tiene doctorado, el primero hizo estudios en Francia que el editor de un libro asimiló a un doctorado, información que el alcalde no corrigió ni precisó en los últimos 15 años, y dejó que la invención creciera y se benefició de ella en su perfil como experto en temas urbanos, como pudo verse en una entrevista para un medio brasilero, en un video promocional de la campaña -que ya fue borrado- y hasta en el discurso de posesión, pero en honor a la verdad, dicho título no fue reportado oficialmente en la hoja de vida que todo funcionario debe tramitar al momento de su posesión. Digamos que se benefició de una mentira, para su imagen de consultor, expositor y candidato, pero finalmente no mintió ante el Estado.
Por su parte, Petro aclaró que hizo estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, sin que haya obtenido los títulos, pero también en varias oportunidades señaló que los tenía y se benefició en su imagen de ello. El debate se centró en si ambos habían mentido y beneficiado de esa mentira, y no en sí un doctorado necesariamente califica a un gobernante para hacerlo mejor. Así sea una obviedad, un graciasfaryd, un doctorado generalmente se predica de personas que dedican su vida a hacer una carrera académica, y la idea es la de ser un experto en un tema de investigación, de suerte que la experticia sirve más para presidir un departamento en una universidad que para gobernar una ciudad. Ahora, si un gobernante tiene un título de maestría o doctorado, mejor, pero insisto en que no es esencial, a tal punto que ninguna ley lo exige para los cargos de elección popular.
En el caso del debate entre Echeverry y Vanegas, hay que decir que el presidente de Ecopetrol entendió el desatino y se disculpó públicamente, por teléfono y por carta con el profesor Vanegas, y aclaró que él también era profesor, respetaba el aporte de la academia y propuso un debate en la UIS sobre explotación petrolífera y riesgos ambientales, como debe ser.
Pero el tema central de ese desafortunado debate, era si en el proceso de toma de decisiones los gobiernos están tomando en cuenta o no los aportes de la academia, y la actitud de Echeverry es sintomática del alejamiento y desconfianza que existe, especialmente hacia la universidad pública, y seguramente por esa razón, Peñalosa y Petro prefieren mentir sobre sus títulos, en lugar de apoyarse en las universidades para tomar mejores decisiones.
Tal y como lo mostró La Silla Vacía, los recursos de regalías que debían destinarse a proyectos de ciencia y tecnología en los departamentos, cerca de 2.2 billones, se dedicaron a otro tipo de temas, lo cual es una señal de la dificultad de alinear las demandas de políticas públicas con la oferta de investigación de las universidades.
Todo indica que recursos sí hay, pero no hay claridad de cómo deben invertirse en investigación y desarrollo., y siendo ese el problema, el debate por estos dos casos derivó en lo anecdótico y se perdió una gran oportunidad de reflexionar sobre cómo se puede mejorar el proceso de toma de decisiones gubernamentales con los aportes de la academia y cuál es el perfil adecuado para los gobernantes y otros servidores públicos.
En un país con graves problemas de acceso a la educación superior, y más aún al nivel de maestría y doctorado, llamó la atención el debate acerca de los supuestos títulos de doctorado de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, pero también el debate en el Congreso entre el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry y el profesor de la UIS, Oscar Vanegas, donde predominó la descalificación y el desconocimiento hacia el pensamiento y la opinión académicas.
Sobre los títulos de Peñalosa y Petro, ya está establecido que ninguno de los dos tiene doctorado, el primero hizo estudios en Francia que el editor de un libro asimiló a un doctorado, información que el alcalde no corrigió ni precisó en los últimos 15 años, y dejó que la invención creciera y se benefició de ella en su perfil como experto en temas urbanos, como pudo verse en una entrevista para un medio brasilero, en un video promocional de la campaña -que ya fue borrado- y hasta en el discurso de posesión, pero en honor a la verdad, dicho título no fue reportado oficialmente en la hoja de vida que todo funcionario debe tramitar al momento de su posesión. Digamos que se benefició de una mentira, para su imagen de consultor, expositor y candidato, pero finalmente no mintió ante el Estado.
Por su parte, Petro aclaró que hizo estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, sin que haya obtenido los títulos, pero también en varias oportunidades señaló que los tenía y se benefició en su imagen de ello. El debate se centró en si ambos habían mentido y beneficiado de esa mentira, y no en sí un doctorado necesariamente califica a un gobernante para hacerlo mejor. Así sea una obviedad, un graciasfaryd, un doctorado generalmente se predica de personas que dedican su vida a hacer una carrera académica, y la idea es la de ser un experto en un tema de investigación, de suerte que la experticia sirve más para presidir un departamento en una universidad que para gobernar una ciudad. Ahora, si un gobernante tiene un título de maestría o doctorado, mejor, pero insisto en que no es esencial, a tal punto que ninguna ley lo exige para los cargos de elección popular.
En el caso del debate entre Echeverry y Vanegas, hay que decir que el presidente de Ecopetrol entendió el desatino y se disculpó públicamente, por teléfono y por carta con el profesor Vanegas, y aclaró que él también era profesor, respetaba el aporte de la academia y propuso un debate en la UIS sobre explotación petrolífera y riesgos ambientales, como debe ser.
Pero el tema central de ese desafortunado debate, era si en el proceso de toma de decisiones los gobiernos están tomando en cuenta o no los aportes de la academia, y la actitud de Echeverry es sintomática del alejamiento y desconfianza que existe, especialmente hacia la universidad pública, y seguramente por esa razón, Peñalosa y Petro prefieren mentir sobre sus títulos, en lugar de apoyarse en las universidades para tomar mejores decisiones.
Tal y como lo mostró La Silla Vacía, los recursos de regalías que debían destinarse a proyectos de ciencia y tecnología en los departamentos, cerca de 2.2 billones, se dedicaron a otro tipo de temas, lo cual es una señal de la dificultad de alinear las demandas de políticas públicas con la oferta de investigación de las universidades.
Todo indica que recursos sí hay, pero no hay claridad de cómo deben invertirse en investigación y desarrollo., y siendo ese el problema, el debate por estos dos casos derivó en lo anecdótico y se perdió una gran oportunidad de reflexionar sobre cómo se puede mejorar el proceso de toma de decisiones gubernamentales con los aportes de la academia y cuál es el perfil adecuado para los gobernantes y otros servidores públicos.