Drogas, bonos y Odebrecht

El enfoque de lucha contra las drogas ilícitas impuesto por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos no ha logrado reducir ni la oferta ni la demanda, y para Colombia ha significado que el conflicto armado se haya extendido más allá de los límites políticos necesarios.  La presencia de cultivos ilícitos trascenderá al proceso con las Farc, como lo hizo con el fin de los grandes carteles y de los grupos paramilitares, actores todos que se fortalecieron militarmente a expensas de esos dineros. Mientras haya demanda y un Estado incapaz de ejercer control sobre el territorio habrá oferta, y gente dispuesta  a arriesgarse a continuar el negocio.

Ante la evidencia de una estrategia fracasada, el gobierno de Iván Duque retrocede y retomar el enfoque de concentrar los esfuerzos en perseguir el consumidor final, en lugar de aprovechar la ventana de oportunidad que se abre en el acuerdo con las Farc para una transformación productiva en el campo que rompa esa lógica de un mercado distorsionado. Así, grandes y medianos traficantes verán como el precio probablemente aumente, pues los costos de transacción de poner la droga en las calles también aumentan, mientras se estigmatiza y criminaliza por la puerta de atrás a los consumidores, el eslabón más débil de la cadena. Las decisiones basadas en evidencia no parecen ser el fuerte de este gobierno.

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Sobre los llamados” bonos Carrasquilla” no todo está dicho. Hace falta claridad en las reglas para regular el tránsito del sector público al privado y viceversa, de suerte que la información privilegiada y el estatus no sean factores que faciliten los modelos de negocios una vez se deja de pertenecer al Estado. Como bien lo demostró el senador Rodrigo Lara, los bonos de agua fueron un pésimo negocio para los municipios involucrados, hasta el punto de que la Nación, vía Findeter, tuvo que asumir el entuerto. El entonces ministro Carrasquilla promovió y contribuyó a configurar un diseño institucional que luego fue un modelo de negocios en el que él fue parte fundamental. Me pregunto, cómo conociendo él la debilidad institucional de los pequeños municipios no estructuró el negocio con requisitos más exigentes en temas de viabilidad técnica de los acueductos y unas condiciones menos onerosas en términos de intereses y pagos. Como intermediario financiero no estaba pensando con interés público.

Pero también vale preguntarse cómo fue esa gestión para meter a los municipios en el negocio ¿Quién le reunía los alcaldes en las capitales para echarles el cuento? ¿Por qué nadie ha investigado si es cierto que muchos alcaldes y concejales recibieron comisiones por autorizar la pignoración de los recursos del Sistema General de Participaciones? ¿Quién las habría pagado y contra qué recursos? ¿Qué ha pasado con los alcaldes y concejales de esos 117 municipios? ¿Se han iniciado procesos fiscales para establecer posibles detrimentos patrimoniales?

Carrasquilla no cometió ninguna ilegalidad, pero el debate es, si es ético pasar del sector público al privado a participar en un modelo de financiamiento que usted como servidor público ayudó a estructurar. No hay forma de prever la intencionalidad del hecho, pero sí quedan muchas dudas sin resolver para alguien que preside una cartera como la de Hacienda, donde el valor más preciado es la confianza.

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La Corte Suprema de Justicia debe designar un Fiscal ad –hoc que no dependa de Néstor Humberto Martínez, ahora que se conocen nuevos hechos en la investigación de la Superindustria y Comercio https://lasillavacia.com/cuatro-perlas-de-aval-en-la-investigacion-sarmiento-jr-68107. Esa es la única forma para saber toda la verdad y establecer las responsabilidades a que haya lugar en ese caso emblemático de alta corrupción.

@cuervoji