El activismo institucional

Cuando un servidor público se aparta de sus funciones y usa el cargo para promoción de su vanidad o de sus convicciones morales, políticas o ideológicas, nos encontramos ante un fenómeno que llamaré activismo institucional.

Tal es el caso del procurador Alejandro Ordoñez y del fiscal Eduardo Montealegre.

Desde orillas ideológicas distintas han usado su cargo para causas que no corresponde con el cargo que ostentan. Como se sabe, Ordoñez ha emprendido una cruzada antigay que lo ha llevado al extremo de pedir listas en juzgados y notarías de personas del mismo sexo que hayan solemnizado el vínculo, no se sabe con qué torvo propósito, amén de los obstáculos que ha puesto para que se cumplan las sentencias de interrupción del embarazo y eutanasia, como se pudo ver en una abusiva intervención de la Procuraduría en el caso de la muerte del padre del caricaturista Matador. Todo, menos su función esencial que es la de proteger los derechos.

Pero Montealegre no se queda atrás, de manera indebida y haciendo una interpretación excesiva de las funciones de la Fiscalía en materia de política criminal, se ha dedicado a un activismo por la paz que no le corresponde, y a torpedear la reforma a la justicia contenida en la reforma al Equilibrio de Poderes, que ya la demandó ante la Corte Constitucional –un gesto inaceptable para un funcionario de ese rango–. Todavía se recuerda su desafortunada frase de que esa reforma era una segunda toma al Palacio de Justicia. Todo, menos su función de investigar los crímenes y acusar ante los jueces. A ello se suma que la feria de contratos sin utilidad aparente y a dedo, horada la legitimidad de la Fiscalía en la causa de la transparencia.

Lo cierto es que estas dos entidades están desdibujadas y desacreditadas por cuenta del activismo de sus cabezas actuales. He defendido la importancia de la Procuraduría para la protección de la ética en el servicio público, pero con una agenda como la de Ordoñez y la falta de controles a sus abusos, es mejor no tenerla y trasladar esas funciones disciplinarias a las propias entidades.

También he defendido el híbrido institucional que significa que la Fiscalía esté en la rama judicial y no en el Ejecutivo, por los riesgos de cooptación que existe por parte del poder presidencial. Pero lo de Montealegre da para que volvamos a pensar el tema, porque un Fiscal como una rueda suelta, sin ningún control, no es una buena noticia en un Estado de Derecho, con el agravante de que un gobierno no tiene por qué asumir los costos políticos de la ineficacia y desgreño de una entidad que no controla.

Alberto Lleras representaba como servidor púbico la austeridad, la mesura, la ponderación, la decencia, atributos que deberían seguir siendo esenciales al frente de entidades tan poderosas donde cualquier exceso puede constituirse en un abuso. Afortunadamente ambos se van dentro de poco, pero es necesario anhelar que sus sucesores tengan una visión mucho más institucionalista y menos personalista e ideológica de la función pública.

Coletilla. El acuerdo sobre la justicia logrado en La Habana entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc es la antesala para la firma del acuerdo definitivo. De lo conocido puede decirse que los reclamos de justicia han sido escuchados en la mesa de negociaciones. Si bien considero que hemos llegado a un punto de no retorno, debemos insistir en que, como lo dice el comunicado, se satisfaga los derechos de las víctimas como base de una paz estable y duradera.

@cuervoji