Un gobierno elegido democráticamente tiene derecho a escoger las políticas con las que va a gobernar. Es un simple principio de toda democracia, el cual en el caso colombiano se refuerza con el voto programático, al menos para gobernadores y alcaldes.
Esto indica que un gobierno no tiene que estar concertando qué políticas va a desarrollar – pero sí como- , porque se supone que éstas fueron elegidas en el momento de la elección del candidato, y como si esto no fuera suficiente, en Colombia se refrendan en la discusión en los consejos nacional y territoriales de planeación, y en la aprobación de los planes de desarrollo.
Sin embargo, en Colombia este marco de referencia no funciona, tanto por razones de diseño institucional como por problemas de acción colectiva. El Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales no son representativos de la sociedad civil y en la práctica son instancias inoperantes y simbólicas de participación sin ninguna incidencia en la forma cómo se estructuran los planes de desarrollo.
Por su parte, los planes de desarrollo son matrices de gasto y no verdaderos instrumentos de orientación estratégica. Los PD son una herramienta en desuso en la gestión pública contemporánea dada su vocación de corto plazo, su implementación vertical y su restringida visión de desarrollo, atada más al logro de indicadores de estabilidad macroeconómica que a logros de bienestar social.
De otro lado, es necesario precisar que en Colombia no existe institucionalidad para canalizar la protesta social y enriquecer la agenda pública, de manera que puedan ingresar otros problemas, y en consecuencia otras políticas, luego de aprobado los planes de desarrollo. Los gobiernos viven apagando incendios y entregando subsidios que alientan más protestas.
Este es el trasfondo institucional de la crisis en el Catatumbo, sumado a una débil institucionalidad local cooptada por intereses de toda índole que compiten con el Estado en la provisión de bienes públicos básicos. La superación de la crisis del Catatumbo y de otras regiones de Colombia pasa por la reconstrucción de lo público, que implica la reinvención de la institucionalidad local y la incorporación en la acción gubernamental de la acción social, principios básicos del llamado modelo del buen gobierno, y de lo cual es un buen ejemplo los programas de Paz y Desarrollo en el Magdalena Medio.
Esto supone una revisión a fondo del modelo de descentralización porque hay evidencia suficiente sobre que el municipio, en especial el pequeño municipio, no tiene la capacidad para ser la entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado y cargar sobre sus hombros el peso del desarrollo y tramitar las demandas sociales de manera oportuna.
No es estigmatizando la protesta social con la cartilla que dan desde el Ministerio de Defensa ni señalando injustamente a líderes de la oposición como el senador Robledo de ser responsables del descontento social como se supera la crisis de gobernabilidad, es tomando en serio los principios del buen gobierno de los cuales el presidente Santos parece haberse alejado en busca de una gobernabilidad política sin contenido.
@cuervoji
