La reelección de Alejandro Ordoñez al cargo de Procurador General de la Nación estuvo viciada en su origen, pues magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron en favor de su postulación fueron beneficiados con cargos en la Procuraduría en contra de los establecido en el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe que los servidores públicos nombren a personas que tengan vínculo de consanguinidad o afinidad con otros servidores públicos que hayan intervenido en su designación,
como bien lo mostró la Silla Vacía en su momento, y que sirvió de base para una demanda realizada por Dejusticia y otras organizaciones ante el Consejo de Estado.
Este caso debió haberse resuelto de manera muy rápida, porque estaba en juego la legitimidad de uno de los cargos más importantes del diseño del Estado colombiano, nada menos de quien se encarga de vigilar el cumplimiento de la legalidad, proteger los derechos y defender los intereses de la sociedad. Por razones de dinámica interna del Consejo de Estado y de prácticas dilatorias del Procurador - que puso a su segunda a bordo, la Viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, hoy Procuradora (e), a realizar todo tipo de actuaciones dilatorias con recursos públicos – el proceso tomó más de tres años en ser resuelto, generando una enorme incertidumbre institucional y política que se resuelve, hay que decirlo, en un momento poco afortunado dada la coyuntura actual.
Que Ordoñez hubiera podido seguir en el cargo a pesar de esta tacha de legitimidad de origen envió un mensaje que él interpretó como ninguno: hay funcionarios que pueden estar por encima de la ley, una regla mínima del Estado de Derecho que acá quedó en entredicho.
Esto indica que sí hay relación entre la decisión del Consejo de Estado y la satisfacción que implica que haya salido del cargo alguien que interpretó su mandato más allá de sus funciones y con una lectura restrictiva y selectiva de la protección de los derechos. No podemos olvidar su campaña contra los derechos de la comunidad lgtbi, contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o su discrecionalidad disciplinaria selectiva, duro contra sus contradictores políticos (Petro), y suave con sus afines y amigos., como lo fue en el caso del magistrado Pretelt, poniendo al servicio de su causa todos los recursos institucionales de la entidad que presidía.
También es cierto que la Procuraduría de Ordoñez jugó un papel importante en la lucha contra la corrupción en algunas regiones sancionando a muchos servidores públicos por actos de corrupción, labor que fue eclipsada por el perfil de Procuraduría de opinión que le dio a su mandato, llevando al lenguaje institucional sus convicciones políticas y religiosas.
Justo en el momento en que Ordoñez arreció sus críticas a la forma como el gobierno conduce el proceso del plebiscito por la paz y el presidente Santos pidió celeridad en la decisión al Consejo de Estado – una declaración desafortunada que puede interpretarse como una presión mediática a la justicia- se conoce la decisión, y permite generar una narrativa de persecución política y de cumplir el deseo del gobierno de sacar del juego político a un poderoso actor institucional, lo cual paradójicamente lo convertirá en víctima y en un poderoso vocero del No que seguramente conmocionará el escenario de candidaturas presidenciales en el 2018.
Las borrosas fronteras entre el derecho y la política, de las que el mismo Ordoñez no pudo escapar durante su mandato.
