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Los planes de desarrollo dejaron de ser esa herramienta de planificación y de estrategia de mediano plazo para orientar el desarrollo de un país.
Colombia es de los pocos países que todavía cuenta con ellos, incluso elevados a rango constitucional.
Los planes de desarrollo surgen en la década de los 50 del siglo XX de la mano del discurso desarrollista que se promueve en el mundo en el contexto de los programas de recuperación de las economías, luego de la segunda guerra mundial, y se aplican con mayor intensidad en Colombia en la década de los 60 de la mano del economista canadiense Lauchlin Currie, quien asesoró a varios gobiernos en la elaboración de algunos, como fue el caso de las Cuatro Estrategias en el gobierno de Misael Pastrana.
Los planes de desarrollo en el fondo son una apuesta por la doctrina keynesiana que potencia el rol del Estado en la economía y que, como su nombre lo sugiere, supone una capacidad estatal para producir desarrollo. Pero el desarrollo, hoy se sabe, es un producto más complejo que simplemente hacer crecer los indicadores económicos básicos como el PIB o el ingreso (lo cual se puede lograr con subsidios estatales directos), para lo cual se necesita un Estado con buenas finanzas y reglas de juego claras, y una institucionalidad nacional y local capaz de incidir sobre las variables económicas, así como capacidad de inserción en las dinámicas globales.
En un escenario donde los mercados inciden de manera determinante sobre las pautas de desarrollo de los países, hablar de planes de desarrollo estatales no deja de ser una ingenuidad, y en Colombia eso se potencia en la medida en que no sólo la Nación sino los departamentos y todos los municipios deben hacer lo propio. De 1102 municipios, 989 son de sexta categoría (datos de 2013), los cuales dependen de las transferencias nacionales y donde no existe ninguna posibilidad de desarrollo pues en realidad son prestadores de servicios básicos en condiciones de precariedad de los recursos transferidos con destinación específica.
En ese sentido, el plan de desarrollo se convierte en una matriz de gasto institucional y de distribución de beneficios políticos en las regiones.
Una forma de empezar a revertir esta lógica política –presupuestal, es incorporando el enfoque de derechos en la elaboración de los planes de desarrollo. En la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014 -2034 de la Vicepresidencia de la República se incorpora el Enfoque Basado en Derechos (EBDH) como el eje estructurante sobre el cual deben formularse los planes de desarrollo y las políticas púbicas en Colombia, y de esa manera poder hacer realidad la función del Estado de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución.
La adopción del EBDH en Colombia y su aplicación práctica a políticas públicas se hizo con el indicador del Goce Efectivo de Derechos (GED) que ordenó la Corte Constitucional en las tutelas sobre desplazamiento y que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) viene implementando en otras políticas. Ese debería ser uno de los criterios con el cual se construya el nuevo Plan de Desarrollo y los próximos que deban aprobarse en el primer semestre de 2016 en gobernaciones y alcaldías.
¿Será que el DNP se le mide y el Ministerio de Hacienda lo permite?
@cuervoji
