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UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS hacen pensar que el Estado colombiano está contra los jóvenes.
Primero, los mal llamados falsos positivos, que no es sino un eufemismo para ocultar homicidios de jóvenes, en su gran mayoría marginados socialmente, algunos reclutados en complicidad con grupos ilegales, y otros como parte de un modus operandi bastante conocido por parte del Ejército de presentar como bajas a ciudadanos inermes, como consecuencia de una lógica de incentivos y un entorno institucional que hacen que el valor de la vida y el honor militar pasen a un tercer plano. Esta lógica adquirió vida legítima en una directiva firmada por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, quien debería renunciar ante la OEA, pues no tiene presentación tener allí a alguien que entiende de esa forma la protección de derechos humanos.
Estos crímenes, por su generalidad y sistematicidad son auténticos crímenes de Estado y de lesa humanidad. Esperemos que la justicia interna se ocupe de estas conductas para inhibir así la competencia de la Corte Penal. Y no se trata de una simple negligencia administrativa, como la ha querido mostrar el Gobierno, se trata de una operación criminal de gran escala tolerada bajo la doctrina del todo vale para derrotar a las Farc, y de mantener la percepción de seguridad a cualquier costo. Lo cierto es que la doctrina de las manzanas podridas ya no se sostiene, y es necesaria una revisión profunda de los principios que sustentan el accionar de la fuerza pública, y de la propia legitimidad y efectividad de la política de seguridad democrática.
A un genio fiscal de la unidad antiterrorismo se le ocurre la brillante idea de comisionar a la Dijín para que revise las bases de datos de cuatro universidades y el Sena, con el fin de establecer la presencia de colaboradores de la guerrilla. En un auténtico ejercicio de chambonería investigativa se envía un mensaje de estigmatización a la comunidad universitaria de ser cómplice del terrorismo. Muy bien que el Procurador y el rector de la Nacional se opongan a una medida que viola la intimidad de los estudiantes y el principio de autonomía universitaria. Si la fiscalía considera que en las universidades hay delincuentes, hay formas de buscar esa información sin sembrar un manto de duda generalizado.
Por último, tuve la oportunidad de asistir a Rock al Parque, y quedé asombrado del nivel de agresividad de la Policía con los jóvenes que se hacen presentes con todo su ritual de vestimenta y conducta. A la entrada eran tratados como auténticos delincuentes, no como el resultado de la conducta desviada de dos o tres policías resentidos, sino como consecuencia de una directriz institucional. Qué tristeza que un evento de inclusión y convivencia sea percibido por la Policía como una reunión de vándalos y marihuaneros, como me dijo un policía ante mi pregunta de por qué trataban así a los jóvenes.
Los jóvenes tienen un futuro difícil en esta Colombia desigual. La mayoría tiene pocas oportunidades de estudios superiores y de trabajo decente. Muchos de ellos son reclutados por los grupos ilegales o usados por el Estado como botines de guerra, a cambio de permisos, recompensas o ascensos. Si hubiera vivido en Colombia en estos tiempos, Rubén Darío tendría que haber cambiado su cursi poema de juventud, divino tesoro.
