¿El fin del Estado?

El crimen de los 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero en México es el fin del Estado tal y como lo conocemos.

En efecto, el hecho de que un alcalde con su esposa, quien también es concejal del municipio de Iguala, se hubiera puesto de acuerdo con la policía local para impedir que los jóvenes protestaran en un discurso de rendición de cuentas de ella, y luego ser entregados a la organización criminal de narcotráfico, Guerreros Unidos, y ser ejecutados e incinerados – como lo señaló la Procuraduría General de México (nuestra Fiscalía)- , indica que el Estado allí dejó de cumplir la función para la cual fue ideado: proteger y garantizar la vida de los ciudadanos.

El Estado surge como una organización política institucionalizada para concentrar el ejercicio de la violencia a finales de la edad media y principios de la modernidad. La concepción original de Thomas Hobbes es la esencial para entenderlo. El atributo democrático, apego a la ley y garantía de derechos vino después.
En el Estado de Guerrero hay una larga tradición de luchas sociales por parte de movimientos políticos de izquierda que sirve de contexto a la masacre de Ayotzinapa. Dos figuras emblemáticas de la lucha social y armada, como lo fueron Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, dan cuenta de esto. Con la presencia del narcotráfico (el narco, como le dicen en México) y el hecho de que la policía en ese país sea regional, se ha hecho más fácil la captura del Estado por el crimen organizado y la violencia generalizada.

Este fenómeno no es ajeno en Colombia. Aquí también tuvimos el colapso del Estado y masacres con el mismo número de muertes: 43 en Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990, y 43 en Segovia, el 11 de noviembre de 1988. Ambas cometidas por paramilitares, con la complicidad pasiva del Ejército en la primera, y la segunda con la autoría intelectual del político liberal Cesar Pérez García, quien fue condenado a 30 años por estos hechos.

Pero del otro lado del espectro político también se ha usado el poder del Estado para asesinar ciudadanos. El 23 de enero de 1994 en el municipio de Apartadó, milicianos de las Farc asesinaron a 35 personas en el barrio La Chinita, asentamiento de reinsertados del EPL, con el apoyo de los alcaldes de la Unión Patriótica de ese municipio y de Chigorodó, como lo pudo establecer en su momento la Procuraduría General de la Nación.

La violencia como fenómeno humano nunca se detiene. La política (el Estado), pero también la cultura, las religiones, las instituciones sociales la reprimen y la contienen a límites tolerables. El Estado es más o menos eficaz, pero cuando este se erige en actor de violencia, el ciudadano queda desprotegido y sin posibilidad de defensa, por eso la experiencia del totalitarismo nazi o del fascismo italiano, o en nuestro continente de las dictaduras militares, son la negación misma del Estado.

Lo Iguala es muy sintomático, un país como México que de alguna manera llegó al primer mundo tiene una tradición de violencia que resolver, y unas instituciones que parecen incapaces de hacerlo.

En Colombia no será posible consolidar la paz si no se logra un Estado que haga presencia eficaz en todo el territorio y logre el imperio de la ley. Y digo que toca con el Estado, porque no nos hemos inventado nada distinto para lograr cierto orden social.

@cuervoji