El gobierno de Iván Duque será el primer gobierno después del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las Farc, un acuerdo que logró desmovilizar a la guerrilla más duradera y numerosa del continente, transformarla en partido político y establecer un sistema de justicia transicional donde los miembros de esa guerrilla deberán contar la verdad y reparar a las víctimas, a cambio de recibir penas restrictivas de la libertad diferentes a la cárcel efectiva, concesiones que en su momento fueron rechazadas en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y que el nuevo gobierno ha anunciado que desmontaría sin que ello implique hacer trizas los acuerdos.
Un sector de quienes ganaron el plebiscito considera que el acuerdo es ilegítimo y que el triunfo de Duque, montado en esa ola, puede hacer los cambios que considere necesarios, como bien lo señaló la senadora Paloma Valencia en tono desafiante, proponiendo modificaciones sustanciales a la JEP, como la de hacer voluntaria la comparecencia de particulares o una sala especial para miembros de la Fuerza Pública.
Pero el asunto no es tan fácil, tanto por razones jurídicas como políticas. Jurídicas, porque muchos de los temas del acuerdo fueron transformados en norma constitucional con el visto bueno de la Corte Constitucional, y revertirlo no es tarea fácil. Si el gobierno de Duque se propone reversar muchos de los temas del acuerdo no tendrá ni capital político ni tiempo para desarrollar su agenda legislativa, que ha anunciado ambiciosa y estructural. Se le iría el período deshaciendo los pasos de Santos para darle gusto a Uribe.
Duque tendrá que decidir si sigue anclado al pasado, rehén del sector más radical de su electorado, el uribismo más extremo, o da la vuelta a la página, consolida la paz, concreta al Eln en un acuerdo similar y enfrenta con eficacia y contundencia a todas las disidencias, bandas criminales y demás grupos ilegales remanentes que surgen en todo posconflicto, una situación que en el caso colombiano se hace más compleja por la presencia de narcotráfico, rentas ilegales y falta de presencia estatal. Está en él si prefiere ser un gobierno modernizante o uno que nos regrese al pasado.
Si se confirma la renuncia al Congreso de la República por parte del senador Uribe, paradójicamente ello puede ayudar a Duque a promover su agenda legislativa sin tener que contar con el beneplácito del “presidente eterno”, y a tener una actitud más pragmática en su gobierno, más orientada a las políticas que a la política.
Salvo el caso de la designación de los ministros de Defensa e Interior, dos concesiones innecesarias, una al establecimiento económico y otra a la clase política tradicional, todo parece indicar que Duque le apuesta a un gobierno tecnocrático al margen de la confrontación ideológica y polarización política que caracterizó el período Santos-Uribe.
Pero también la comunidad internacional jugará un papel fundamental para exigir de parte del Estado colombiano el cumplimiento de sus compromisos. Duque tendrá que entender que, en su condición de jefe de Estado, tiene responsabilidades que van más allá de su representatividad política, y en los escenarios internacionales se lo recordarán constantemente. Seguramente esto le traerá problemas con su propia bancada, y por ello deberá tender puentes con otros sectores políticos que le apoyarán su agenda legislativa a cambio de preservar puntos clave del acuerdo. No de otra forma actuarían el Partido Liberal y el Partido de la U.
En un escenario de heterogeneidad ideológica y política en el Congreso, Duque no puede anclarse al extremismo radical de su partido. Si lo entiende rápido, podrá hacer un gobierno que consolide la paz y desarrolle su programa modernizante; si no lo hace, se le irán cuatro años en confrontaciones innecesarias y dejando el campo expedito a las alternativas políticas que lo enfrentaron en segunda vuelta.
El gobierno de Iván Duque será el primer gobierno después del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las Farc, un acuerdo que logró desmovilizar a la guerrilla más duradera y numerosa del continente, transformarla en partido político y establecer un sistema de justicia transicional donde los miembros de esa guerrilla deberán contar la verdad y reparar a las víctimas, a cambio de recibir penas restrictivas de la libertad diferentes a la cárcel efectiva, concesiones que en su momento fueron rechazadas en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y que el nuevo gobierno ha anunciado que desmontaría sin que ello implique hacer trizas los acuerdos.
Un sector de quienes ganaron el plebiscito considera que el acuerdo es ilegítimo y que el triunfo de Duque, montado en esa ola, puede hacer los cambios que considere necesarios, como bien lo señaló la senadora Paloma Valencia en tono desafiante, proponiendo modificaciones sustanciales a la JEP, como la de hacer voluntaria la comparecencia de particulares o una sala especial para miembros de la Fuerza Pública.
Pero el asunto no es tan fácil, tanto por razones jurídicas como políticas. Jurídicas, porque muchos de los temas del acuerdo fueron transformados en norma constitucional con el visto bueno de la Corte Constitucional, y revertirlo no es tarea fácil. Si el gobierno de Duque se propone reversar muchos de los temas del acuerdo no tendrá ni capital político ni tiempo para desarrollar su agenda legislativa, que ha anunciado ambiciosa y estructural. Se le iría el período deshaciendo los pasos de Santos para darle gusto a Uribe.
Duque tendrá que decidir si sigue anclado al pasado, rehén del sector más radical de su electorado, el uribismo más extremo, o da la vuelta a la página, consolida la paz, concreta al Eln en un acuerdo similar y enfrenta con eficacia y contundencia a todas las disidencias, bandas criminales y demás grupos ilegales remanentes que surgen en todo posconflicto, una situación que en el caso colombiano se hace más compleja por la presencia de narcotráfico, rentas ilegales y falta de presencia estatal. Está en él si prefiere ser un gobierno modernizante o uno que nos regrese al pasado.
Si se confirma la renuncia al Congreso de la República por parte del senador Uribe, paradójicamente ello puede ayudar a Duque a promover su agenda legislativa sin tener que contar con el beneplácito del “presidente eterno”, y a tener una actitud más pragmática en su gobierno, más orientada a las políticas que a la política.
Salvo el caso de la designación de los ministros de Defensa e Interior, dos concesiones innecesarias, una al establecimiento económico y otra a la clase política tradicional, todo parece indicar que Duque le apuesta a un gobierno tecnocrático al margen de la confrontación ideológica y polarización política que caracterizó el período Santos-Uribe.
Pero también la comunidad internacional jugará un papel fundamental para exigir de parte del Estado colombiano el cumplimiento de sus compromisos. Duque tendrá que entender que, en su condición de jefe de Estado, tiene responsabilidades que van más allá de su representatividad política, y en los escenarios internacionales se lo recordarán constantemente. Seguramente esto le traerá problemas con su propia bancada, y por ello deberá tender puentes con otros sectores políticos que le apoyarán su agenda legislativa a cambio de preservar puntos clave del acuerdo. No de otra forma actuarían el Partido Liberal y el Partido de la U.
En un escenario de heterogeneidad ideológica y política en el Congreso, Duque no puede anclarse al extremismo radical de su partido. Si lo entiende rápido, podrá hacer un gobierno que consolide la paz y desarrolle su programa modernizante; si no lo hace, se le irán cuatro años en confrontaciones innecesarias y dejando el campo expedito a las alternativas políticas que lo enfrentaron en segunda vuelta.