El posconflicto en las regiones

Se habla de posconflicto más con el deseo que con realismo. Incluso, si se llegare a pactar un acuerdo con las Farc, es prematuro hablar de posconflicto, teniendo al ELN todavía en armas y a otra serie de organizaciones ilegales, como las bacrim y paramilitarismo reciclado, que impedirían un clima de seguridad pública en todo el territorio.

 Entiendo por posconflicto las condiciones que permitirían superar las causas que dieron origen o permitieron que el conflicto armado se desarrollara y evolucionara, incluyendo, por supuesto, la variable narcotráfico. Esto nos lleva a algo obvio, la paz no es sinónimo de posconflicto.

Ahora bien, el conflicto se ha sufrido en las regiones, y es allí donde deben darse las políticas de posconflicto. Seguramente, en la mayoría de municipios será necesario reinventar – y en muchos casos inventar – el Estado, para lo cual, es prioritario empezar por un cambio del modelo de descentralización y unas nuevas relaciones entre la Nación y los territorios. El modelo actual descarga en el municipio las mayores responsabilidades en materia de políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables, como los son las víctimas y lo serán los desmovilizados. Dicho modelo no es sostenible fiscalmente ni es capaz de absorber la pesada carga de servicios sociales que supone un escenario de posconflicto.

Un reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación en el que se propone una nueva categorización departamental y municipal, deja ver la precariedad de una buena parte de los municipios de Colombia para hacerse cargo de las responsabilidades del posconflicto.

Con base en las categorías creadas por la ley 617 de 2000, que toma en cuenta capacidad de gestión administrativa y fiscal con base en número de población e ingresos corrientes anuales, existen 978 municipios de sexta categoría, 33 de quinta y 27 de cuarta, y con base en la propuesta metodológica del estudio señalado - que busca incorporar otras variables como el componente urbano regional, condiciones de vida, dinámica económica, lo ambiental, lo institucional y seguridad- 1011 municipios de 1101 serían considerados municipios básicos, y dentro de estos, 320 (el 29%) caerían en la categoría de municipios de desarrollo incipiente, donde las posibilidades de desarrollo territorial, o de entorno del desarrollo, como lo llama el documento aludido, son bastante precarias.

Un modelo de transferencias condicionadas y responsabilidades sin recursos propios, como el actual, no cambiará esta situación. Instrumentos como los contrato- plan o las instancias de asociatividad no son suficientes, se precisa de un cambio de modelo donde el nivel intermedio, el departamento o las tan renombradas regiones, jueguen un papel de articulación entre el nivel nacional y los territorios, y repotenciar instancias de la sociedad civil, como los consejos departamentales y municipales de planeación, para lo cual se precisa de una modificación de la ley 152 de 1994 y, ahora sí, una verdadera ley orgánica de ordenamiento territorial.
El Plan de Desarrollo 2014 -2018 apunta a reproducir y fortalecer el modelo de asistencialismo dirigido que ha logrado fragmentar la política social y crear una red clientelar funcional al sistema político que impedirá el desarrollo y llegar a una situación de posconflicto, así se firme la paz. ¿Cuándo empezamos el debate?

@cuervoji