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EL AÑO TERMINA CON EL INAGOTAble debate sobre la posible segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.
Cualquier balance que quiera hacerse de la cosa política, propio de esta época, está atado necesariamente al tema de la reelección presidencial.
Por un lado, tenemos que algo más de cinco millones de colombianos expresaron su deseo porque el presidente Uribe pudiera ser candidato para una eventual reelección inmediata. Los promotores se enredaron con la puesta en escena de esta petición, la falta de claridad en las cuentas y otros detalles de presentación, parecían dar al traste con esta iniciativa. El gobierno, a última hora, entre gallos y media noche decide salir del clóset, pone a funcionar la aplanadora en el Congreso, minimiza los errores de procedimiento, —lo que fue negado en Comisión no puede revivirse en plenaria— e interpreta el reglamento del Congreso y el Estado de Derecho en general de manera bastante ligera, por decir lo menos, muy en su estilo, y le da un segundo aire al referendo reeleccionista, con la seguridad de que la Corte le dará la razón.
En otro escenario, el ex senador Rodrigo Rivera se planta en la escena política señalando que no es bueno para el país que un presidente mano blandita permita un respiro a las Farc en la búsqueda de un acuerdo político con esa organización subversiva, una postura muy de la entraña de la doctrina uribista, que refleja una decisión de despolitizar el conflicto colombiano, y asumirlo exclusivamente como un problema de fuerza militar del Estado.
Las cifras de la guerra son otro ingrediente para la discusión. Según la Corporación Arco Iris, el declive de las Farc ha culminado, y ahora en unidades más pequeñas y bajo otra estrategia, se programan para una recuperación de lo perdido durante el gobierno de Uribe. El rearme paramilitar bajo la chapa de bandas emergentes, es imparable. Sin embargo, la Fundación Seguridad y Democracia sostiene que no hay tal, que el declive de las Farc es irreversible, y que el rearme paramilitar no es cierto. Estaríamos cerca de la consolidación de la victoria militar del Estado sobre la subversión, mandato para el cual fue elegido Uribe Vélez, y que justificaría, en esa lógica, una segunda reelección.
La clave está en saber si la política de Seguridad Democrática es o no una política de Estado. Una política de Estado precisa de reformas institucionales duraderas —la de seguridad democrática ni siquiera es una ley de seguridad nacional—, de consensos políticos estables —ni siquiera existen dentro de la coalición—, y apoyos sociales de largo aliento —existe amplio apoyo sobre el fin, pero muchas dudas sobre los medios. Lo de los falsos positivos rompió el consenso sobre que todo está permitido para derrotar a las Farc.
Si hay que reelegir al formulador de la política, estamos ante una política de gobierno y no ante una política de Estado. Mientras esta sociedad no logre unos consensos básicos, unos mínimos normativos, el debate se centrará en la continuidad del gobernante y no en la consolidación de las políticas.
La política de seguridad queda sujeta a la continuidad y al inevitable desgaste de la figura personal del Presidente, en un escenario de deterioro institucional, polarización política y fractura social, y sin que la oposición tenga algo mejor que proponer. Sin duda, el peor de los mundos.
¡Feliz año para todos!
