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EN MOMENTOS CUANDO EL DEBATE sobre el papel de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica subía de tono entre el Gobierno, la propia Corte y diversos sectores de opinión, viene la bomba de Ituango que cobra la vida de siete personas, y deja heridas a otras 50, muchas de ellas de gravedad, incluyendo menores de edad, un auténtico crimen de guerra que repudiamos con toda vehemencia.
Quienes hemos sostenido que la justicia debe cumplir su rol histórico de definir cuál es la línea entre hacer política y aliarse con criminales, y hemos hecho un llamado a rodear a la Corte, pidiendo una conducta mucho más institucional por parte del Gobierno y reclamando rigor y consistencia en las decisiones de ese alto tribunal, no podemos abstraernos del doloroso hecho de Ituango.
No podemos ignorar que buena parte de la popularidad del presidente Uribe se deriva precisamente de un repudio generalizado a este tipo de atentados terroristas cometidos contra población civil inerme por parte de las Farc. Una conducta prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, y que constituye un delito de competencia de la Corte Penal Internacional, cuya reserva para conocer de este tipo de crímenes culmina este mes de noviembre.
La sistemática y agresiva campaña de desprestigio del Gobierno y de algunos columnistas de opinión contra la Corte Suprema y el magistrado Iván Velásquez está empezando a dar resultado, que no es otro que el de deslegitimar toda la investigación de la parapolítica, y hacer creer que se trata de un proceso político e ideológico con el innoble propósito de tumbar al Gobierno. Las decisiones de la Fiscalía en el caso de Mario Uribe —en la cual se desvirtúa el testimonio del testigo estrella del proceso— y de Gómez Gallo, y la de un juez penal absolviendo a William Montes —en la cual se sienta la doctrina de que firmar el pacto de Ralito, en sí mismo, no constituye ningún delito— refuerzan la idea del Gobierno de que la Corte está haciendo persecución política.
En un Estado de derecho se deben dar todas las garantías a quienes sean llevados a responder ante la justicia, sin importar su ideología o estatus. Y en esa medida, es necesario señalar que la Corte ha sido ligera en la apreciación de algunos casos e inconsistente en otros, y en ocasiones ha optado por la justicia espectáculo, como cuando ordena capturar para indagatoria.
El pulso entre el Gobierno y la Corte lo va ganando el primero, y a ello contribuyen valoraciones probatorias que luego no pueden sostenerse en otros escenarios judiciales. Si los fallos de esta semana son una tendencia, al paso que vamos, terminaremos debiéndoles a los políticos investigados. La Corte tendrá que hacerse responsable entonces de no haber podido traducir la responsabilidad política en responsabilidad penal.
En medio del espinoso debate no debemos olvidar que las Farc siguen en su actividad terrorista, y que el gobierno de Uribe ha encontrado la forma de enfrentarlas; de ahí el apoyo popular que lo inmuniza ante cualquier reclamo de actuar como símbolo de la unidad nacional, como corresponde a un jefe de Estado. El presidente Uribe, gracias a las Farc, tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera.
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Coletilla: Ahora sí, Vólmar Pérez es el auténtico e indiscutible defensor del puesto.
