Es la política, no el derecho

A raíz del rechazo al Acuerdo entre el gobierno y las Farc, el país y la búsqueda de la terminación del conflicto armado con esa vieja guerrilla ha quedado en una sin salida.

A pesar de los serios esfuerzos de negociación en los estrechos márgenes de la nueva realidad internacional que no permite amnistías e indultos generalizados, la mayoría dijo no, una mayoría precaria obtenida con toda suerte de engaños discursivos y maniobras que confundieron a los electores, pero que en las reglas del juego democrático debe ser respetada y acatada.

Más allá de las razones, de los problemas de estrategia del gobierno, de la manipulación al elector confesada por el gerente de campaña del Centro Democrático, de la irrupción inesperada del voto cristiano y evangélico que quiso pescar en río revuelto y logró colar la falacia de la ideología de género como tema de discusión,  la idea que triunfó es que contra lo que pensaba el gobierno, la mayoría creyó que sí era posible un Acuerdo mejor. Y en eso estamos, buscando uno nuevo, ahora entre el gobierno y los distintos voceros del No, que debe ser luego discutido con las Farc.

Fue una derrota política innecesaria que el gobierno se hubiera podido evitar. Fue de alto riesgo condicionar el éxito de la negociación a la refrendación popular, cuando debía depender de la seriedad de la misma y de la calidad de lo pactado, pero Santos entendió que su baja popularidad y el rechazo generalizado a las Farc ameritaba un ejercicio democrático para dotar de legitimidad las negociaciones, y perdió, y perdimos todo aquellos que creímos que era el momento de terminar con las Farc como grupo armado.

Ya empiezan a barajarse toda suerte de maromas jurídicas para hacer frente a esta especie de Brexit colombiano. Que el Presidente puede tomar lo esencial del Acuerdo e implementarlo con facultades extraordinarias; que luego de agotada la etapa de discusión con los voceros del NO, el gobierno puede llegar a otro Acuerdo distinto del rechazado e implementarlo vía Congreso –no habría tiempo. Y ahí es donde nos confundimos, una derrota política no se revierte con medidas jurídicas por más sofisticadas que sean. El orden jurídico y el orden político son órdenes normativos diferentes, con ejes de legitimidad distintos, y cuando se confunden, las sociedades se ven en problemas.

Los voceros del NO, y especialmente el Centro Democrático consideran que el rechazo al Acuerdo implica desconocer este y empezar de cero, y han traído a la mesa propuestas que parecen difíciles de ser aceptadas, tanto por el gobierno como por las Farc, como bien lo mostró el portal la Silla Vacía http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/las-propuestas-del-no-comparadas-y-desmenuzadas-58381. El triunfo del 2 de Octubre les dio una oportunidad inmejorable de regresar al poder en 2018, y ese es su juego, no un nuevo Acuerdo que bajo la idea del sometimiento a las Farc es imposible y contrario al  enfoque de reconocimiento recíproco que caracterizaron las negociaciones en la Habana, y que llevó a la aplicación de la justicia transicional. No solo se trata de retoques, es un cambio de enfoque improcedente el que exige el uribismo.

El gobierno debe agotar las negociaciones con los voceros del NO y retornar a la Habana en condición de contraparte de las Farc y vocero también de quienes lo derrotaron, en busca de un nuevo Acuerdo que, de lograrse, debe ser sometido otra vez a refrendación popular. Santos abrió la puerta de la democracia plebiscitaria y él debe cerrarla.

Si el Acuerdo es aceptado, el presidente debe quedar con plenas facultades para implementarlo vía Congreso, de lo contrario debe terminar el proceso con las Farc y tenderemos que aceptar que en democracia la continuidad de un conflicto armado también es una opción.

@cuervoji