El Centro Democrático ha anunciado que todo su esfuerzo para las elecciones de 2018 se concentrará en hacer trizas el acuerdo del Gobierno Santos con las Farc, como lo declaró su director, Fernando Londoño, en la convención de ese partido en días pasados. El expresidente Pastrana anunció que por delegación de algunos sectores del Partido Conservador se suma a esa cruzada, a la que llegarán otros sectores políticos como el que encabeza el exprocurador Alejandro Ordóñez y algunas iglesias cristianas y evangélicas que ven una oportunidad de revalidar su agenda en un escenario como el que se plantea.
La pregunta es ¿pueden lograrlo? Y la respuesta es sí, como lo demostraron en el plebiscito del 2 de octubre, propinándole el más duro golpe a una negociación que el Gobierno ha impulsado ante la indiferencia y/o la oposición de buena parte de la opinión pública. Lo que no ha dicho el Centro Democrático y quienes lo acompañan en esta empresa es qué van a hacer una vez logren hacer trizas el acuerdo, si para entonces las Farc ya han dejado de ser un grupo armado y estará en pleno funcionamiento la Justicia Especial para la Paz y todas las políticas del posconflicto.
Cuando promovieron el No al acuerdo nunca plantearon cuál era la alternativa ni la ruta a seguir de salir triunfadores, y ante la falta de una respuesta rápida y creíble —que empezaba por hacerse cargo de los costos políticos, económicos y morales de regresar al conflicto—, Santos logró espacio político para la refrendación del acuerdo en el Congreso. Era fácil convencer a un electorado sensible de oponerse a una negociación llevada a cabo por dos actores impopulares, pero no lo era tanto ofrecer un escenario realista y coherente con su propuesta sin que ello implicara levantarse de la mesa. No fueron capaces de asumir ese costo y le permitieron a Santos reconducir la negociación.
¿Pasará igual en la cruzada para hacer trizas el acuerdo? ¿Ofrecerán el Centro Democrático y los otros sectores políticos que se suman un escenario que recoja sus preocupaciones —algunas de ellas legítimas— sin que ello implique levantarse de la mesa o incumplir lo pactado? O, ¿su propuesta es simplemente un incumplimiento con todas las implicaciones de política interna y de política exterior que ello supone? ¿Cuál será el argumento para convencer a la comunidad internacional de no honrar los compromisos como Estado? ¿Que Santos es un dictador y que se le entregó el país a las Farc sin una sola evidencia seria de ello?
Quienes le apuestan al fracaso del acuerdo con las Farc deberían explicar qué significa hacerlo trizas, mostrar escenarios posibles con las consecuencias políticas, económicas, sociales de hacerlo, decir si están dispuestos a asumir los costos morales de un regreso al conflicto armado, y cómo hacer con lo que ya se haya avanzado para entonces: miles de guerrilleros amnistiados o indultados —similar a lo que ocurrió con el proceso de desmovilización que tuvo reparos, pero que en general el país apoyó cuando el Gobierno de Uribe decidió jugarse esa carta—; cientos de militares beneficiados por las decisiones de la JEP, seguramente algunas condenas a jefes guerrilleros, miles de víctimas buscando un horizonte de reconciliación y regiones enteras tratando de salir adelante sin un actor armado en juego.
Es deber de quienes le apuestan al fracaso de la paz decir cómo enfrentarán esa realidad. No basta simplemente con decir No. Lo responsable es decir cómo y qué costos implica para todos, especialmente para las víctimas.
El Centro Democrático ha anunciado que todo su esfuerzo para las elecciones de 2018 se concentrará en hacer trizas el acuerdo del Gobierno Santos con las Farc, como lo declaró su director, Fernando Londoño, en la convención de ese partido en días pasados. El expresidente Pastrana anunció que por delegación de algunos sectores del Partido Conservador se suma a esa cruzada, a la que llegarán otros sectores políticos como el que encabeza el exprocurador Alejandro Ordóñez y algunas iglesias cristianas y evangélicas que ven una oportunidad de revalidar su agenda en un escenario como el que se plantea.
La pregunta es ¿pueden lograrlo? Y la respuesta es sí, como lo demostraron en el plebiscito del 2 de octubre, propinándole el más duro golpe a una negociación que el Gobierno ha impulsado ante la indiferencia y/o la oposición de buena parte de la opinión pública. Lo que no ha dicho el Centro Democrático y quienes lo acompañan en esta empresa es qué van a hacer una vez logren hacer trizas el acuerdo, si para entonces las Farc ya han dejado de ser un grupo armado y estará en pleno funcionamiento la Justicia Especial para la Paz y todas las políticas del posconflicto.
Cuando promovieron el No al acuerdo nunca plantearon cuál era la alternativa ni la ruta a seguir de salir triunfadores, y ante la falta de una respuesta rápida y creíble —que empezaba por hacerse cargo de los costos políticos, económicos y morales de regresar al conflicto—, Santos logró espacio político para la refrendación del acuerdo en el Congreso. Era fácil convencer a un electorado sensible de oponerse a una negociación llevada a cabo por dos actores impopulares, pero no lo era tanto ofrecer un escenario realista y coherente con su propuesta sin que ello implicara levantarse de la mesa. No fueron capaces de asumir ese costo y le permitieron a Santos reconducir la negociación.
¿Pasará igual en la cruzada para hacer trizas el acuerdo? ¿Ofrecerán el Centro Democrático y los otros sectores políticos que se suman un escenario que recoja sus preocupaciones —algunas de ellas legítimas— sin que ello implique levantarse de la mesa o incumplir lo pactado? O, ¿su propuesta es simplemente un incumplimiento con todas las implicaciones de política interna y de política exterior que ello supone? ¿Cuál será el argumento para convencer a la comunidad internacional de no honrar los compromisos como Estado? ¿Que Santos es un dictador y que se le entregó el país a las Farc sin una sola evidencia seria de ello?
Quienes le apuestan al fracaso del acuerdo con las Farc deberían explicar qué significa hacerlo trizas, mostrar escenarios posibles con las consecuencias políticas, económicas, sociales de hacerlo, decir si están dispuestos a asumir los costos morales de un regreso al conflicto armado, y cómo hacer con lo que ya se haya avanzado para entonces: miles de guerrilleros amnistiados o indultados —similar a lo que ocurrió con el proceso de desmovilización que tuvo reparos, pero que en general el país apoyó cuando el Gobierno de Uribe decidió jugarse esa carta—; cientos de militares beneficiados por las decisiones de la JEP, seguramente algunas condenas a jefes guerrilleros, miles de víctimas buscando un horizonte de reconciliación y regiones enteras tratando de salir adelante sin un actor armado en juego.
Es deber de quienes le apuestan al fracaso de la paz decir cómo enfrentarán esa realidad. No basta simplemente con decir No. Lo responsable es decir cómo y qué costos implica para todos, especialmente para las víctimas.